La Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un demoledor escrito de acusación contra una red de espionaje que operó durante casi una década, filtrando datos reservados de archivos policiales para nutrir de contenido principalmente al desaparecido Sálvame (Telecinco), en lo que denominó la Operación Luna, pero se conoce popularmente como ‘caso Sálvame’.. El escrito, al que ha tenido acceso este medio, detalla una continuada colaboración entre funcionarios de la Policía Nacional, que accedían de forma ilícita a bases de datos restringidas, y el Paparazzi y colaborador televisivo Gustavo González, para facilitar a este último información íntima de hasta 142 famosos a cambio de supuestos beneficios mediáticos o de otra índole.. La acusación se dirige principalmente contra tres individuos, señalados como los pilares de esta trama de descubrimiento y revelación de secretos. Por un lado, Ángel J. Fernández, agente de la Policía Nacional que, según la Fiscalía, «prevaliéndose de su cargo» y sin justificación laboral, accedió y se apoderó de atestados y datos reservados de los famosos entre 2009 y 2018.. Por otro, el citado Gustavo González, conocido paparazzi y colaborador de televisión, acusado de actuar de común acuerdo con el agente para obtener esa información ilícita con la «intención de obtener ganancias», pues después las revelaba o hacía llegar a Sálvame como exclusivas, por lo que era remunerado.. Por último se acusa a Iván Caveda, también agente de la Policía Nacional, acusado de colaborar en puntos específicos de la trama consultando antecedentes policiales a petición de los otros implicados.. Aunque el escrito menciona a diversas personalidades que interactuaron con la información obtenida, la Fiscalía se abstiene de acusar a otras personas del equipo del programa y la productora, La Fábrica de la tele, aunque sí la considera responsable subsidiaria.. Entre las personas para las que el Ministerio Fiscal no solicita penas de prisión, pese a aparecer en el relato de hechos como receptores de datos, se encuentran Diego Arrabal (colaborador), David Valldeperas (director de Sálvame) y la fallecida Mila Ximénez, además de otros trabajadores de la productora La Fábrica de la Tele.. La investigación ha identificado, como decimos, a 142 víctimas cuyos datos privados fueron consultados ilegalmente y el escrito detalla qué días y a qué horas se accedió a la base de datos de la Policía para buscar información de cada famoso (matrículas, antecedentes, altercados, atestados, direcciones…), algo que ocurrió durante mucho tiempo.. Entre esas víctimas están José Fernando Ortega Mohedano (hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado), Isabel Pantoja, Isa Pantoja, Kiko Rivera, Omar Montes, Arantxa Sánchez Vicario, Belén Esteban, Rosa Benito, Ivonne Reyes, Álvaro Muñoz Escassi, Diego Matamoros, Kiko Matamoros, Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, Aída Nízar, Alex Casademunt, Aramis Fuster, Carlos Navarro «El Yoyas», Fayna Bethencourt o Alfredo Di Stéfano.. La suma de los años de cárcel solicitados por la Fiscalía es astronómica debido a la acumulación de delitos individuales por cada víctima afectada, aunque en la práctica se aplicaría el límite del art. 76 del Código Penal, que establece un máximo de tres veces de la pena más grave de un delito continuado.. Así, a Gustavo González se le imputan 127 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro que suman 447 años de prisión, aunque, de ser condenado, la pena máxima sería de 15 años.. A Ángel J. Fernández se le acusa de un total de 142 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con prevalimiento de su cargo y se le piden 555 años de prisión, que se quedarían en 12 años.. A Iván Caveda se le acusa de 4 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con prevalimiento de su cargo, con 16 años de petición de pena y 12 años de condena efectiva, probablemente mucho menos dado que el número de delitos es mucho menor.. La Fiscalía exige además una compensación económica por el daño moral causado a las víctimas. Bajo la fórmula de 3.000 euros por cada víctima afectada en el escrito de conclusiones recoge a los 142 perjudicados que figuran en la lista total de delitos, por lo que la suma global de indemnizaciones que los acusados deberán afrontar (en diversos grados de responsabilidad conjunta, solidaria o subsidiaria junto a La Fábrica de la Tele SL y la revista Rumore) asciende a 426.000 euros.. El escrito resalta el daño causado a los afectados: «Además de los perjuicios generados por la difusión de la información ilícitamente obtenida, ha supuesto padecimientos a los perjudicados titulares de los datos de un fuerte impacto emocional y temor a que los mismos sean o vuelvan a ser difundidos y divulgados, generando inquietud, miedo a la revelación y a sus consecuencias, miedo a que se repitan los hechos, zozobra y ansiedad en aquellos».. Así, el caso sigue su curso con la petición del fiscal, que podría modificarse en el juicio oral y en cualquier caso ha de celebrarse el juicio, probarse los delitos y esperar a la decisión final del juez.
La Fiscalía ha establecido no obstante el límite legal de tres veces la pena más alta por un delito continuado, por lo que podría ser condenado a 15 años.
20MINUTOS.ES – Televisión
La Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un demoledor escrito de acusación contra una red de espionaje que operó durante casi una década, filtrando datos reservados de archivos policiales para nutrir de contenido principalmente al desaparecido Sálvame (Telecinco), en lo que denominó la Operación Luna, pero se conoce popularmente como ‘caso Sálvame’.. El escrito, al que ha tenido acceso este medio, detalla una continuada colaboración entre funcionarios de la Policía Nacional, que accedían de forma ilícita a bases de datos restringidas, y el Paparazzi y colaborador televisivo Gustavo González, para facilitar a este último información íntima de hasta 142 famosos a cambio de supuestos beneficios mediáticos o de otra índole.. La acusación se dirige principalmente contra tres individuos, señalados como los pilares de esta trama de descubrimiento y revelación de secretos. Por un lado, Ángel J. Fernández, agente de la Policía Nacional que, según la Fiscalía, «prevaliéndose de su cargo» y sin justificación laboral, accedió y se apoderó de atestados y datos reservados de los famosos entre 2009 y 2018.. Por otro, el citado Gustavo González, conocido paparazzi y colaborador de televisión, acusado de actuar de común acuerdo con el agente para obtener esa información ilícita con la «intención de obtener ganancias», pues después las revelaba o hacía llegar a Sálvame como exclusivas, por lo que era remunerado.. Por último se acusa a Iván Caveda, también agente de la Policía Nacional, acusado de colaborar en puntos específicos de la trama consultando antecedentes policiales a petición de los otros implicados.. Aunque el escrito menciona a diversas personalidades que interactuaron con la información obtenida, la Fiscalía se abstiene de acusar a otras personas del equipo del programa y la productora, La Fábrica de la tele, aunque sí la considera responsable subsidiaria.. Entre las personas para las que el Ministerio Fiscal no solicita penas de prisión, pese a aparecer en el relato de hechos como receptores de datos, se encuentran Diego Arrabal (colaborador), David Valldeperas (director de Sálvame) y la fallecida Mila Ximénez, además de otros trabajadores de la productora La Fábrica de la Tele.. La investigación ha identificado, como decimos, a 142 víctimas cuyos datos privados fueron consultados ilegalmente y el escrito detalla qué días y a qué horas se accedió a la base de datos de la Policía para buscar información de cada famoso (matrículas, antecedentes, altercados, atestados, direcciones…), algo que ocurrió durante mucho tiempo.. Entre esas víctimas están José Fernando Ortega Mohedano (hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado), Isabel Pantoja, Isa Pantoja, Kiko Rivera, Omar Montes, Arantxa Sánchez Vicario, Belén Esteban, Rosa Benito, Ivonne Reyes, Álvaro Muñoz Escassi, Diego Matamoros, Kiko Matamoros, Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, Aída Nízar, Alex Casademunt, Aramis Fuster, Carlos Navarro «El Yoyas», Fayna Bethencourt o Alfredo Di Stéfano.. La suma de los años de cárcel solicitados por la Fiscalía es astronómica debido a la acumulación de delitos individuales por cada víctima afectada, aunque en la práctica se aplicaría el límite del art. 76 del Código Penal, que establece un máximo de tres veces de la pena más grave de un delito continuado.. Así, a Gustavo González se le imputan 127 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro que suman 447 años de prisión, aunque, de ser condenado, la pena máxima sería de 15 años.. A Ángel J. Fernández se le acusa de un total de 142 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con prevalimiento de su cargo y se le piden 555 años de prisión, que se quedarían en 12 años.. A Iván Caveda se le acusa de 4 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con prevalimiento de su cargo, con 16 años de petición de pena y 12 años de condena efectiva, probablemente mucho menos dado que el número de delitos es mucho menor.. La Fiscalía exige además una compensación económica por el daño moral causado a las víctimas. Bajo la fórmula de 3.000 euros por cada víctima afectada en el escrito de conclusiones recoge a los 142 perjudicados que figuran en la lista total de delitos, por lo que la suma global de indemnizaciones que los acusados deberán afrontar (en diversos grados de responsabilidad conjunta, solidaria o subsidiaria junto a La Fábrica de la Tele SL y la revista Rumore) asciende a 426.000 euros.. El escrito resalta el daño causado a los afectados: «Además de los perjuicios generados por la difusión de la información ilícitamente obtenida, ha supuesto padecimientos a los perjudicados titulares de los datos de un fuerte impacto emocional y temor a que los mismos sean o vuelvan a ser difundidos y divulgados, generando inquietud, miedo a la revelación y a sus consecuencias, miedo a que se repitan los hechos, zozobra y ansiedad en aquellos».. Así, el caso sigue su curso con la petición del fiscal, que podría modificarse en el juicio oral y en cualquier caso ha de celebrarse el juicio, probarse los delitos y esperar a la decisión final del juez.
