La demanda residencial en Almería se ha consolidado como el principal campo de batalla político en la capital almeriense, con un choque de modelos entre equipo de gobierno y oposición, tras la presentación de tres mociones en el último pleno municipal relacionadas con esta problemática. Así, mientras la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, alude al éxito de la empresa municipal «Almería XXI», con más de 1.100 viviendas promovidas, la oposición denuncia que los precios que se ofrecen «excluyen a la mayoría de los almerienses». Según los datos aportados por Cabrera, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo contempla actualmente la construcción de «más de 600 nuevas viviendas en distintas fases de ejecución», destacando que «el Ayuntamiento no solo se enfoca en la venta, sino que mantiene una apuesta por el alquiler protegido con mensualidades que oscilan entre los 250 y 400 euros y programas destinados específicamente a jóvenes y colectivos con dificultades». En este sentido, aseguró que «frente a planteamientos ideológicos que ignoran la realidad, Almería ofrece soluciones viables», insistiendo en que esta situación «no se resuelve con eslóganes, sino con gestión» y cargando duramente contra el Ejecutivo central por sus «cifras infladas y promesas incumplidas» que, a su juicio, han agravado la crisis habitacional en el país.. De hecho, para los populares, «el modelo de Almería es un referente nacional que se sustenta en tres pilares: seguridad jurídica, incremento de la oferta y colaboración público-privada», poniendo también en valor el modelo impulsado por la Junta de Andalucía, basado en «la agilización de procesos urbanísticos y la facilitación de suelo», una alternativa «eficaz al modelo estatal» para Cabrera. «El Ayuntamiento seguirá priorizando medidas reales frente a titulares vacíos», concluyó ante las dudas de la oposición, asegurando que «el objetivo final es garantizar el acceso a una vivienda digna combinando el alquiler asequible con la posibilidad de acceso a la propiedad».. Sin embargo, la visión del Partido Socialista es radicalmente distinta. Este grupo municipal encabezado por su portavoz, Fátima Herrera, lamentó que «la empresa municipal está construyendo para una minoría», subrayando que «el coste de algunas promociones supera los 200.000 euros, una cifra inalcanzable para la renta media de los jóvenes almerienses». «Si se hace vivienda protegida a precios que se parecen al mercado libre, estamos fallando a quienes más lo necesitan», sentenció Herrera, alertando del alto índice de renuncias entre los adjudicatarios de los sorteos, quienes, «tras la ilusión inicial, se ven obligados a desistir al no obtener financiación bancaria o no poder asumir las cuotas».. Aunque rechazada por la mayoría del plenario, la moción presentada por el PSOE reclama una «reorientación inmediata de Almería XXI» para que priorice tipologías de vivienda pensadas para hogares monoparentales, jóvenes que buscan su primera oportunidad y familias trabajadoras con ingresos bajos.. Otro de los puntos de fricción durante el debate fue el grado de cumplimiento del referido Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ya que «tras más de un año desde su aprobación, no se han ejecutado las medidas clave contempladas en el documento», afirmó Herrera, exigiendo la puesta en marcha «de una vez por todas» de un observatorio del fenómeno. Para la portavoz del PSOE, este órgano es «vital para disponer de información fiable, detectar qué barrios sufren mayor tensión de precios y evaluar qué políticas públicas son realmente eficaces», porque «sin datos, vamos a ciegas».. Asimismo, desde Podemos-IU-Verdes apostaron por un «giro radical» hacia el modelo europeo. La coalición de izquierdas, representada por el concejal Alejandro Lorenzo, presentando dos mociones adicionales que buscaban «la realización de un censo real de viviendas deshabitadas, especialmente aquellas en manos de bancos y fondos buitre, para forzar su salida al mercado mediante el régimen de alquiler social», así como «establecer mecanismos de control para evitar que las viviendas de Almería XXI sigan la estela del mercado libre», solicitando que se ajusten «estrictamente a la capacidad económica de las familias vulnerables».. Por otro lado, Lorenzo apostó por la creación de una «oficina municipal de mediación entre inquilinos, propietarios y entidades bancarias para ofrecer alternativas habitacionales reales y evitar ejecuciones hipotecarias» y «limitación de pisos turísticos», siguiendo la estela de otras ciudades. Pero todas estas propuestas fueron también descartadas por la corporación.. De esta forma, el Pleno deja claro que, mientras las grúas siguen trabajando en zonas como Nueva Andalucía o la Vega de Acá, el debate ciudadano se centra ahora en si esos nuevos edificios de promoción pública servirán para aliviar la presión del mercado o si, por el contrario, seguirán el ritmo de unos precios que el sueldo medio almeriense no logra alcanzar.
El Gobierno municipal presume de gestión mientras la oposición denuncia que el alto coste «excluye a la mayoría»
La demanda residencial en Almería se ha consolidado como el principal campo de batalla político en la capital almeriense, con un choque de modelos entre equipo de gobierno y oposición, tras la presentación de tres mociones en el último pleno municipal relacionadas con esta problemática. Así, mientras la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, alude al éxito de la empresa municipal «Almería XXI», con más de 1.100 viviendas promovidas, la oposición denuncia que los precios que se ofrecen «excluyen a la mayoría de los almerienses». Según los datos aportados por Cabrera, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo contempla actualmente la construcción de «más de 600 nuevas viviendas en distintas fases de ejecución», destacando que «el Ayuntamiento no solo se enfoca en la venta, sino que mantiene una apuesta por el alquiler protegido con mensualidades que oscilan entre los 250 y 400 euros y programas destinados específicamente a jóvenes y colectivos con dificultades». En este sentido, aseguró que «frente a planteamientos ideológicos que ignoran la realidad, Almería ofrece soluciones viables», insistiendo en que esta situación «no se resuelve con eslóganes, sino con gestión» y cargando duramente contra el Ejecutivo central por sus «cifras infladas y promesas incumplidas» que, a su juicio, han agravado la crisis habitacional en el país.. De hecho, para los populares, «el modelo de Almería es un referente nacional que se sustenta en tres pilares: seguridad jurídica, incremento de la oferta y colaboración público-privada», poniendo también en valor el modelo impulsado por la Junta de Andalucía, basado en «la agilización de procesos urbanísticos y la facilitación de suelo», una alternativa «eficaz al modelo estatal» para Cabrera. «El Ayuntamiento seguirá priorizando medidas reales frente a titulares vacíos», concluyó ante las dudas de la oposición, asegurando que «el objetivo final es garantizar el acceso a una vivienda digna combinando el alquiler asequible con la posibilidad de acceso a la propiedad».. Sin embargo, la visión del Partido Socialista es radicalmente distinta. Este grupo municipal encabezado por su portavoz, Fátima Herrera, lamentó que «la empresa municipal está construyendo para una minoría», subrayando que «el coste de algunas promociones supera los 200.000 euros, una cifra inalcanzable para la renta media de los jóvenes almerienses». «Si se hace vivienda protegida a precios que se parecen al mercado libre, estamos fallando a quienes más lo necesitan», sentenció Herrera, alertando del alto índice de renuncias entre los adjudicatarios de los sorteos, quienes, «tras la ilusión inicial, se ven obligados a desistir al no obtener financiación bancaria o no poder asumir las cuotas».. Aunque rechazada por la mayoría del plenario, la moción presentada por el PSOE reclama una «reorientación inmediata de Almería XXI» para que priorice tipologías de vivienda pensadas para hogares monoparentales, jóvenes que buscan su primera oportunidad y familias trabajadoras con ingresos bajos.. Otro de los puntos de fricción durante el debate fue el grado de cumplimiento del referido Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ya que «tras más de un año desde su aprobación, no se han ejecutado las medidas clave contempladas en el documento», afirmó Herrera, exigiendo la puesta en marcha «de una vez por todas» de un observatorio del fenómeno. Para la portavoz del PSOE, este órgano es «vital para disponer de información fiable, detectar qué barrios sufren mayor tensión de precios y evaluar qué políticas públicas son realmente eficaces», porque «sin datos, vamos a ciegas».. Asimismo, desde Podemos-IU-Verdes apostaron por un «giro radical» hacia el modelo europeo. La coalición de izquierdas, representada por el concejal Alejandro Lorenzo, presentando dos mociones adicionales que buscaban «la realización de un censo real de viviendas deshabitadas, especialmente aquellas en manos de bancos y fondos buitre, para forzar su salida al mercado mediante el régimen de alquiler social», así como «establecer mecanismos de control para evitar que las viviendas de Almería XXI sigan la estela del mercado libre», solicitando que se ajusten «estrictamente a la capacidad económica de las familias vulnerables».. Por otro lado, Lorenzo apostó por la creación de una «oficina municipal de mediación entre inquilinos, propietarios y entidades bancarias para ofrecer alternativas habitacionales reales y evitar ejecuciones hipotecarias» y «limitación de pisos turísticos», siguiendo la estela de otras ciudades. Pero todas estas propuestas fueron también descartadas por la corporación.. De esta forma, el Pleno deja claro que, mientras las grúas siguen trabajando en zonas como Nueva Andalucía o la Vega de Acá, el debate ciudadano se centra ahora en si esos nuevos edificios de promoción pública servirán para aliviar la presión del mercado o si, por el contrario, seguirán el ritmo de unos precios que el sueldo medio almeriense no logra alcanzar.
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