La Generalitat impulsará un plan piloto para reducir la conflictividad y mejorar la convivencia en los institutos de secundaria en Cataluña. La iniciativa, lanzada junto al Departamento de Educación, se iniciará este mes de forma experimental en 13 centros educativos y consiste en la incorporación de un agente de los Mossos d’Esquadra —como paisano— por cada colegio seleccionado. Según ha avanzado este jueves ‘El País’, los oficiales no irán armados, comparecerán de forma «estable y constante» en las aulas y realizarán tareas de prevención, acompañamiento e intervención, si fuera necesario.. La conselleria de Esther Niubó asegura sobre el proyecto que «nace del incremento de la complejidad», la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa» y que se trata de una demanda «fuertemente reclamada desde el mundo docente». Sin embargo, el sindicato mayoritario entre los profesores catalanes, USTEC·STEs, argumenta lo contrario. Entiende que la convivencia en las aulas es una cuestión «grave y real», pero que los institutos no necesitan «una presencia policial normalizada, sino una respuesta educativa, preventiva y comunitaria».. La organización expone que esta medida «no aborda las causas de fondo de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan». Por ejemplo, menciona la necesidad de reducir las ratios, dotar de más recursos a los profesores y al personal de atención educativa (PAE) o conseguir más servicios educativos para conseguir «centros libres de violencia». «La convivencia no se construye con policías, sino con vínculos, equipos y tiempo», rematan.. Agresiones. Precisamente, una encuesta lanzada en 2024 por USTEC y a la que respondieron más de 10.400 maestros señaló que seis de cada diez profesores habían sufrido alguna agresión verbal o física por parte de los alumnos y el 30% de familiares. La conselleria de Educación subraya que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios.. También, que hasta nueve comunidades autónomas —entre ellas Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o Islas Baleares— ya tienen integrados proyectos similares. Ahora, la Generalitat plantea trasladar esa misma incidencia a los institutos de Cataluña, a través del denominado provisionalmente ‘Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG)’.. «Garantizar el respeto». «Lo más importante para nosotros es que el Departamento y los equipos directivos de los centros den la cara por el profesorado y se personen como acusaciones en casos penales», ha manifestado Aspepc·Sps, el sindicato que representa a los profesores de secundaria, sobre una medida que «en ningún caso hemos pedido ni los la pedía el profesorado». La organización defiende que la solución pasa por «garantizar el respeto y la autoridad» del colectivo y su «protección jurídica» por parte de las instituciones gubernamentales.. «Si el Govern despliega policía en las aulas, es que reconoce que estamos tocando fondo», han añadido. En paralelo, la entidad sindical CGT también ha mostrado su rechazo a la propuesta, alegando que los centros «no deben convertirse en un espacio de control» y criminaliza al alumnado más vulnerable.
Nueve comunidades autónomas ya tienen integrados proyectos similares
La Generalitat impulsará un plan piloto para reducir la conflictividad y mejorar la convivencia en los institutos de secundaria en Cataluña. La iniciativa, lanzada junto al Departamento de Educación, se iniciará este mes de forma experimental en 13 centros educativos y consiste en la incorporación de un agente de los Mossos d’Esquadra —como paisano— por cada colegio seleccionado. Según ha avanzado este jueves ‘El País’, los oficiales no irán armados, comparecerán de forma «estable y constante» en las aulas y realizarán tareas de prevención, acompañamiento e intervención, si fuera necesario.. La conselleria de Esther Niubó asegura sobre el proyecto que «nace del incremento de la complejidad», la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa» y que se trata de una demanda «fuertemente reclamada desde el mundo docente». Sin embargo, el sindicato mayoritario entre los profesores catalanes, USTEC·STEs, argumenta lo contrario. Entiende que la convivencia en las aulas es una cuestión «grave y real», pero que los institutos no necesitan «una presencia policial normalizada, sino una respuesta educativa, preventiva y comunitaria».. La organización expone que esta medida «no aborda las causas de fondo de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan». Por ejemplo, menciona la necesidad de reducir las ratios, dotar de más recursos a los profesores y al personal de atención educativa (PAE) o conseguir más servicios educativos para conseguir «centros libres de violencia». «La convivencia no se construye con policías, sino con vínculos, equipos y tiempo», rematan.. Agresiones. Precisamente, una encuesta lanzada en 2024 por USTEC y a la que respondieron más de 10.400 maestros señaló que seis de cada diez profesores habían sufrido alguna agresión verbal o física por parte de los alumnos y el 30% de familiares. La conselleria de Educación subraya que, según la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y agentes de la autoridad con fines preventivos y comunitarios.. También, que hasta nueve comunidades autónomas —entre ellas Galicia, Navarra, Andalucía, Madrid o Islas Baleares— ya tienen integrados proyectos similares. Ahora, la Generalitat plantea trasladar esa misma incidencia a los institutos de Cataluña, a través del denominado provisionalmente ‘Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG)’.. «Garantizar el respeto». «Lo más importante para nosotros es que el Departamento y los equipos directivos de los centros den la cara por el profesorado y se personen como acusaciones en casos penales», ha manifestado Aspepc·Sps, el sindicato que representa a los profesores de secundaria, sobre una medida que «en ningún caso hemos pedido ni los la pedía el profesorado». La organización defiende que la solución pasa por «garantizar el respeto y la autoridad» del colectivo y su «protección jurídica» por parte de las instituciones gubernamentales.. «Si el Govern despliega policía en las aulas, es que reconoce que estamos tocando fondo», han añadido. En paralelo, la entidad sindical CGT también ha mostrado su rechazo a la propuesta, alegando que los centros «no deben convertirse en un espacio de control» y criminaliza al alumnado más vulnerable.
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