Una llamada de José Ramírez la semana pasada a las oficinas centrales de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) lo cambió todo. Al otro lado del teléfono, no salían de su asombro. Ramírez, delegado de Ava-Asaja en Sot de Chera, acababa de asistir a la reunión del Parque Natural Chera-Sot de Chera, donde acuden habitualmente agricultores y ganaderos y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).. Tras haberles solicitado por escrito su presencia para saber en qué estado iban a quedar los campos anegados por la dana, acabó acudiendo Cristina Sola, comisaria de Aguas de la CHJ. «Dudaba qué contestar y me di cuenta de que estaban jugando sucio», afirma a LA RAZÓN Jiménez.. Allí, el Ayuntamiento y los agricultores preguntaron a Sola sobre el estado de los campos que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a través de la CHJ quiere hacer pasar a Dominio Público Hidrográfico.. Los agricultores valencianos llevan año y medio pidiendo al Miteco que pague por aquellos terrenos agrícolas que formarán parte del nuevo cauce, bien sea del Turia o de barrancos como el Poyo o el Magro, donde no puedan volver a cultivar, pero por el momento, lo único que han recibido son negativas.. Jiménez insistió en qué iba a pasar con esos campos, y Sola aseguró que el Gobierno está tramitando ya la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) para el cauce del río Turia, que afecta a Sot de Chera. No solo eso, sino que le anunció que la consulta pública para presentar obligaciones finaliza este mismo 26 de abril, pues se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de enero. Pasado ese tiempo, la delimitación presentada será efectiva, y así el «robo» de sus tierras, como claman.. «Nadie se ha enterado, se publicó en el BOE sin avisar en un párrafo escondido», denuncia Jiménez. «Hay gato encerrado, nos han utilizado para ver si evitan pagar expropiaciones y si no cuánto reclamamos», afirma.. El agricultor de Sot de Chera afirma que han comenzado por ellos porque este año toca actualizar los mapas de riesgo en áreas de inundaciones en el cauce del Turia, un proceso que ocurre cada seis años y por el que pasan a Dominio Público Hidrográfico «el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias», como refleja en su documento la CHJ. Una «máxima crecida ordinaria» que usa «la media de los máximos caudales instantáneos anuales en su régimen natural, seleccionando un período superior a diez años consecutivos».. Las asociaciones agrarias llevan reclamando meses que la dana no fue una crecida «ordinaria» y, por lo tanto, no puede entrar en esa revisión. «Dicen que corresponde a la máxima crecida ordinaria en base a las riadas de los últimos diez años, pero han puesto el máximo de la dana y más, nos han quitado bancales que no estaban afectados», asegura Jiménez.. «Lo han hecho para ver cómo salen de perjudicados en este tema y sentar jurisprudencia. Esto ha sido la cabecera de turno donde menos daño hacen a los agricultores para luego pasar al cauce del barranco del Poyo y al río Magro», alega el agricultor.. Enfado y estupefacción. Desde Ava-Asaja están sorprendidos. No se esperaban que actuaran de «tapadillo» y no les avisaran. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, estalló ayer: «La manera de actuar del Gobierno, y en concreto del Miteco, es torticera y miserable. Llevamos muchos meses dialogando e intentando consensuar una solución justa y, nos enteramos por casualidad de que han escondido bajo la capa de una consulta pública, a punto de acabar, esta usurpación de terrenos particulares al más puro estilo comunista», denunció ayer en un comunicado. «No parece la política que cabría esperar de un Estado de Derecho. Nos sentimos traicionados, la confianza que habíamos puesto en las conversaciones se ha visto rota. Creemos que el procedimiento puesto en marcha carece de la transparencia, la información previa y la sensibilidad que los propietarios afectados se merecen», finalizó.
Ava-Asaja denuncia que el Gobierno quiere evitar el pago de los terrenos que pasarán a formar parte del cauce del Turia, «han actuado de tapadillo»
Una llamada de José Ramírez la semana pasada a las oficinas centrales de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) lo cambió todo. Al otro lado del teléfono, no salían de su asombro. Ramírez, delegado de Ava-Asaja en Sot de Chera, acababa de asistir a la reunión del Parque Natural Chera-Sot de Chera, donde acuden habitualmente agricultores y ganaderos y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).. Tras haberles solicitado por escrito su presencia para saber en qué estado iban a quedar los campos anegados por la dana, acabó acudiendo Cristina Sola, comisaria de Aguas de la CHJ. «Dudaba qué contestar y me di cuenta de que estaban jugando sucio», afirma a LA RAZÓN Jiménez.. Allí, el Ayuntamiento y los agricultores preguntaron a Sola sobre el estado de los campos que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a través de la CHJ quiere hacer pasar a Dominio Público Hidrográfico.. Los agricultores valencianos llevan año y medio pidiendo al Miteco que pague por aquellos terrenos agrícolas que formarán parte del nuevo cauce, bien sea del Turia o de barrancos como el Poyo o el Magro, donde no puedan volver a cultivar, pero por el momento, lo único que han recibido son negativas.. Jiménez insistió en qué iba a pasar con esos campos, y Sola aseguró que el Gobierno está tramitando ya la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) para el cauce del río Turia, que afecta a Sot de Chera. No solo eso, sino que le anunció que la consulta pública para presentar obligaciones finaliza este mismo 26 de abril, pues se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de enero. Pasado ese tiempo, la delimitación presentada será efectiva, y así el «robo» de sus tierras, como claman.. «Nadie se ha enterado, se publicó en el BOE sin avisar en un párrafo escondido», denuncia Jiménez. «Hay gato encerrado, nos han utilizado para ver si evitan pagar expropiaciones y si no cuánto reclamamos», afirma.. El agricultor de Sot de Chera afirma que han comenzado por ellos porque este año toca actualizar los mapas de riesgo en áreas de inundaciones en el cauce del Turia, un proceso que ocurre cada seis años y por el que pasan a Dominio Público Hidrográfico «el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias», como refleja en su documento la CHJ. Una «máxima crecida ordinaria» que usa «la media de los máximos caudales instantáneos anuales en su régimen natural, seleccionando un período superior a diez años consecutivos».. Las asociaciones agrarias llevan reclamando meses que la dana no fue una crecida «ordinaria» y, por lo tanto, no puede entrar en esa revisión. «Dicen que corresponde a la máxima crecida ordinaria en base a las riadas de los últimos diez años, pero han puesto el máximo de la dana y más, nos han quitado bancales que no estaban afectados», asegura Jiménez.. «Lo han hecho para ver cómo salen de perjudicados en este tema y sentar jurisprudencia. Esto ha sido la cabecera de turno donde menos daño hacen a los agricultores para luego pasar al cauce del barranco del Poyo y al río Magro», alega el agricultor.. Enfado y estupefacción. Desde Ava-Asaja están sorprendidos. No se esperaban que actuaran de «tapadillo» y no les avisaran. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, estalló ayer: «La manera de actuar del Gobierno, y en concreto del Miteco, es torticera y miserable. Llevamos muchos meses dialogando e intentando consensuar una solución justa y, nos enteramos por casualidad de que han escondido bajo la capa de una consulta pública, a punto de acabar, esta usurpación de terrenos particulares al más puro estilo comunista», denunció ayer en un comunicado. «No parece la política que cabría esperar de un Estado de Derecho. Nos sentimos traicionados, la confianza que habíamos puesto en las conversaciones se ha visto rota. Creemos que el procedimiento puesto en marcha carece de la transparencia, la información previa y la sensibilidad que los propietarios afectados se merecen», finalizó.
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