El mantra no por repetido más cierto de que Vox dice en toda España lo mismo, parece que llevó ayer al síndico de la formación de Abascal en Les Corts Valencianes, José María Llanos a asimilar el concepto de «prioridad nacional» que Vox y PP han pactado en Extremadura como premisa para el reparto de ayudas sociales.. El síndico Llanos dijo ayer que «desde luego que está en el pacto» de investidura de Juanfran Pérez Llorca por el que los de Vox dieron su apoyo al presidente del PP que sustituyó al dimisionario, Carlos Mazón, en noviembre del año pasado.. Sin embargo, el presidente Llorca, en lo que el mismo bautizó como el «Pacte de Les Corts» no incluyó en absoluto este concepto en ningún momento, y si bien sí que asumieron algunas exigencias de Vox, como el refuerzo de la seguridad en los centros de menores migrantes o la agilización de las deportaciones, en ningún momento se mencionó que los españoles vulnerables fueran a tener prioridad en la recepción de ayudas sociales.. Las enmiendas a la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión que rápidamente facilitó el gabinete de prensa de Vox a los medios poco o nada ayudaron a aclarar la confusión, ya que en las mismas, dos de ellas firmadas conjuntamente con el PP, tampoco aparece en absoluto la «prioridad nacional», un concepto que «no existía» cuando Pérez Llorca y los de Abascal negociaron la investidura, como aseguran «sottovoce» fuentes del PP.. Desde la retaguardia de Vox también admiten que «seguramente esas palabras no las diría».. El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, tuvo que hacer ayer juegos malabares dialécticos para no soliviantar a sus socios de Vox. Pero a pesar de su medida ambigüedad quedó claro que el Pacte -oral- de Les Corts se firmó «con luz y taquígrafos», una muletilla que usa mucho el popular, para añadir después que esa claridad llegó «a través de la palabra durante la sesión de investidura». Vamos, que si no lo dijo, no estaba. Y remachó que en los seis meses que lleva activo no ha habido «nada raro ni nada censurable en materia de inmigración».. Pero nuevamente abrazó la ambigüedad para decir que «más importante que las palabras son los hechos», y por si no quedaba claro que aplicar prioridad nacional podría rozar el racismo, añadió clarificador que «quien aplica políticas racistas es el Gobierno de Pedro Sánchez», al que acusó de mercadear con el reparto de los menores migrantes «por un puñado de votos».. Mientras, a los síndicos del PSPV y de Compromís les venía mejor secundar el mensaje de Vox de que la «prioridad nacional» está incluida, para poder azotar al Consell. El síndic del PSPV, José Muñoz, acusó al PP de estar ejerciendo «racismo institucional» por «asumir los postulados de Vox» en materia de inmigración y por estar «boicoteando el proceso de regularización» puesto en marcha por el Gobierno central.. A su juicio, la prioridad nacional o la teoría del reemplazo son «la antesala española de las leyes Núremberg de la Alemania nazi. Quieren esclavos», advirtió Muñoz, para quien al PP no le importa que los inmigrantes vivan en España, sino «que tengan derechos», y exigió valentía a Pérez Llorca para romper con Vox.. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, calificó de «escandaloso» el pacto firmado en Extremadura y consideró una «vergüenza que el PP se haya dejado arrastrar a ese fango», mientras que su portavoz adjunta Isaura Navarro, en una intervención coral, aseguró que ese pacto es «inconstitucional».. Tanto el PSPV como Compromís han acusado al Ayuntamiento de Valencia de estar boicoteando el proceso de regularización de inmigrantes mientras desde PP y Vox se acusaba al Gobierno central de no ofrecer garantías a los inmigrantes con este proceso.
Llanos dice que está en el acuerdo de investidura pero Llorca no lo mencionó en el Pacte de Les Corts, que no está escrito
El mantra no por repetido más cierto de que Vox dice en toda España lo mismo, parece que llevó ayer al síndico de la formación de Abascal en Les Corts Valencianes, José María Llanos a asimilar el concepto de «prioridad nacional» que Vox y PP han pactado en Extremadura como premisa para el reparto de ayudas sociales.. El síndico Llanos dijo ayer que «desde luego que está en el pacto» de investidura de Juanfran Pérez Llorca por el que los de Vox dieron su apoyo al presidente del PP que sustituyó al dimisionario, Carlos Mazón, en noviembre del año pasado.. Sin embargo, el presidente Llorca, en lo que el mismo bautizó como el «Pacte de Les Corts» no incluyó en absoluto este concepto en ningún momento, y si bien sí que asumieron algunas exigencias de Vox, como el refuerzo de la seguridad en los centros de menores migrantes o la agilización de las deportaciones, en ningún momento se mencionó que los españoles vulnerables fueran a tener prioridad en la recepción de ayudas sociales.. Las enmiendas a la modificación de la Renta Valenciana de Inclusión que rápidamente facilitó el gabinete de prensa de Vox a los medios poco o nada ayudaron a aclarar la confusión, ya que en las mismas, dos de ellas firmadas conjuntamente con el PP, tampoco aparece en absoluto la «prioridad nacional», un concepto que «no existía» cuando Pérez Llorca y los de Abascal negociaron la investidura, como aseguran «sottovoce» fuentes del PP.. Desde la retaguardia de Vox también admiten que «seguramente esas palabras no las diría».. El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, tuvo que hacer ayer juegos malabares dialécticos para no soliviantar a sus socios de Vox. Pero a pesar de su medida ambigüedad quedó claro que el Pacte -oral- de Les Corts se firmó «con luz y taquígrafos», una muletilla que usa mucho el popular, para añadir después que esa claridad llegó «a través de la palabra durante la sesión de investidura». Vamos, que si no lo dijo, no estaba. Y remachó que en los seis meses que lleva activo no ha habido «nada raro ni nada censurable en materia de inmigración».. Pero nuevamente abrazó la ambigüedad para decir que «más importante que las palabras son los hechos», y por si no quedaba claro que aplicar prioridad nacional podría rozar el racismo, añadió clarificador que «quien aplica políticas racistas es el Gobierno de Pedro Sánchez», al que acusó de mercadear con el reparto de los menores migrantes «por un puñado de votos».. Mientras, a los síndicos del PSPV y de Compromís les venía mejor secundar el mensaje de Vox de que la «prioridad nacional» está incluida, para poder azotar al Consell. El síndic del PSPV, José Muñoz, acusó al PP de estar ejerciendo «racismo institucional» por «asumir los postulados de Vox» en materia de inmigración y por estar «boicoteando el proceso de regularización» puesto en marcha por el Gobierno central.. A su juicio, la prioridad nacional o la teoría del reemplazo son «la antesala española de las leyes Núremberg de la Alemania nazi. Quieren esclavos», advirtió Muñoz, para quien al PP no le importa que los inmigrantes vivan en España, sino «que tengan derechos», y exigió valentía a Pérez Llorca para romper con Vox.. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, calificó de «escandaloso» el pacto firmado en Extremadura y consideró una «vergüenza que el PP se haya dejado arrastrar a ese fango», mientras que su portavoz adjunta Isaura Navarro, en una intervención coral, aseguró que ese pacto es «inconstitucional».. Tanto el PSPV como Compromís han acusado al Ayuntamiento de Valencia de estar boicoteando el proceso de regularización de inmigrantes mientras desde PP y Vox se acusaba al Gobierno central de no ofrecer garantías a los inmigrantes con este proceso.
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