La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC), Cani Fernández, ha reiterado en el Congreso de los Diputados este martes que el día del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 existían mecanismos regulatorios “suficientes” para controlar la tensión del sistema y en ningún momento se produjo un “vacío normativo”. Así lo ha señalado este martes durante la comparecencia en la Comisión de Economía de la Cámara Baja para dar cuenta de las actuaciones de la CNMC en el último año y de su propio mandato, que termina en junio, y donde ha detallado algunas de las actuaciones que el organismo ha llevado a cabo en torno al cero eléctrico.. Seguir leyendo
La presidenta del regulador hace balance en el Congreso de las actuaciones del organismo en el último ejercicio y desvela que la posible sanción a REE compete a Transición Ecológica
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC), Cani Fernández, ha reiterado en el Congreso de los Diputados este martes que el día del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 existían mecanismos regulatorios “suficientes” para controlar la tensión del sistema y en ningún momento se produjo un “vacío normativo”. Así lo ha señalado este martes durante la comparecencia en la Comisión de Economía de la Cámara Baja para dar cuenta de las actuaciones de la CNMC en el último año y de su propio mandato, que termina en junio, y donde ha detallado algunas de las actuaciones que el organismo ha llevado a cabo en torno al cero eléctrico.. Uno de los asuntos a los que se ha referido es al Procedimiento de Operación (OP) 7.4, que en España regula el servicio de control de tensión en la red de transporte de energía eléctrica y que no se actualizó hasta un mes después de haber ocurrido el apagón. Según Fernández, el sistema no estuvo “en ningún momento” en un vacío normativo, y ha asegurado que el día del incidente había un procedimiento de operación vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento, y que era conocido por los agentes y por el operador del sistema.. La presidenta del organismo supervisor sectorial y autoridad de la Competencia ha señalado que ha estado trabajando sobre este procedimiento de operación desde antes de recibir la propuesta de Red Eléctrica hasta su publicación, y que la modificación se inició con un primer contacto de la CNMC con el operador del sistema en 2020. Fernández ha apuntado que el mercado eléctrico “no se parece en nada” al que había hace cinco años, ni si quiera al que había hace dos o al que habrá dentro de un año: “Está en constante evolución, y nuestra función consiste en adaptar la regulación a esa realidad evolutiva del mercado, mejorando los mecanismos regulatorios”.. Cani Fernández ha vuelto a decir que el origen del apagón fue multifactorial y que, pese a la apertura de 20 expedientes sancionadores el pasado viernes a REE y las tres grandes eléctricas, además de Repsol y Bahía de Bizcaia Electricidad, el incidente se produjo por la combinación de varios factores y debido a una serie temporal de sucesos “que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”. Como ya explicó el viernes la CNMC, esta ha detectado diversos indicios de incumplimiento, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Según Cani Fernández, en el caso del expediente a Red Eléctrica, por una supuesta infracción “muy grave” contra la Ley del Sector Eléctrico, si este termina en sanción, esta debe ejecutarla el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque la instrucción sea de la CNMC: “No nos compete a nosotros por diseño legislativo”, ha subrayado.. La CNMC ha hecho hincapié en que el proceso ha requerido examinar más de 13 GB de información y miles de folios de documentación, precisamente por la “complejidad técnica” del incidente y por el volumen de información. Fernández ha indicado que ha elaborado este trabajo a partir de sus propios expedientes informativos, de los informes ya emitidos y la participación en los trabajos del panel de expertos europeos de Entso-e, asociación que agrupa a 40 operadores de sistemas eléctricos, incluida REE. “A partir de este momento, se abre una fase administrativa de instrucción, en la que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estimen oportunas”, ha señalado, si bien, por confidencialidad no podía dar más detalles.. En materia de carburantes, la presidenta de la CNMC ha dicho que los técnicos del organismo no han observado por el momento “comportamientos anormales ni manipuladores” en el precio de los carburantes en las gasolineras, en el contexto del conflicto actual en Oriente Próximo. Pero en caso de que no se produjese “una actuación normal de mercado”, la Comisión abrirá “los expedientes que correspondan”.. Por otra parte, la presidenta de la CNMC ha trasladado al Congreso la necesidad de que este organismo sea habilitado legalmente como supervisor en España de la aplicación del Reglamento europeo de servicios digitales. Fernández ha hecho esta petición después de que el Pleno de la Cámara Baja rechazara una proposición de ley del PSOE con esta medida con los votos en contra del PP, Vox, Junts y ERC.. En este sentido, insistió en la importancia de que la CNMC pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), que le otorga esta nueva competencia pero sigue sin adaptarse a la normativa española, de forma que “nuestros ciudadanos gocen de forma efectiva de los mismos derechos y protección en el entorno digital del que ya disfrutan los demás ciudadanos europeos”.. En su opinión, “la CNMC ha hecho todo lo que podía hacer para impulsar esta habilitación y en sus manos está“, ha instado Fernández a los diputados. A este respecto, ha explicado: “En tanto recibimos la necesaria habilitación para poder hacer efectiva la aplicación de la DSA en España, seguimos en contacto permanente tanto a nivel europeo como nacional con todos aquellos con los que estamos llamados a cooperar”.. El Gobierno designó a la CNMC como coordinador supervisor de la DSA en enero de 2024, pero, por falta de apoyo parlamentario para su reconocimiento legal, ésta no ha podido ejercer las competencias de investigación y sanción que le atribuye el Reglamento.
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