La atmósfera en Bruselas estos días está, inevitablemente, plagada de optimismo. Tras 16 años de hegemonía del húngaro Viktor Orban, la victoria por ‘supermayoría’ del conservador Peter Magyar y su partido Tisza ha sido recibida con alivio en el corazón de la Unión Europea. No solo se celebra un cambio de Gobierno, sino la caída del principal caballo de Troya de los veintisiete.. En las instituciones comunitarias ya hay una prisa evidente por avanzar, desbloquear los fondos congelados y normalizar la situación de un país que el Parlamento Europeo calificó en su día como un «régimen híbrido de autocracia electoral». «Es necesario actuar con rapidez (…) Restablecer el Estado de derecho. Reorientarnos hacia nuestros valores europeos compartidos», urgió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de su primera conversación con Magyar tras las elecciones. Sin embargo, bajo este entusiasmo aparece una advertencia en la sombra: la experiencia reciente de Polonia sirve como recordatorio de que, a veces, cambiar el sistema es mucho más lento que triunfar en las urnas.. Una recontrucción institucional incompleta. El regreso de Donald Tusk al poder en Varsovia se produjo bajo una promesa similar de restauración democrática, pero tres años después, la reconstrucción institucional sigue incompleta. Tusk ha tenido que gobernar con una mayoría débil y fragmentada, chocando constantemente con un Tribunal Constitucional heredado del anterior ciclo político y una arquitectura legal ideada específicamente para dificultar reformas. La lección de Varsovia es incómoda pero innegable: ganar las elecciones no permite automáticamente recuperar el Estado de derecho. Desmontar un entramado iliberal requiere de tiempo y de un apoyo estable.. El caso húngaro se presenta en Bruselas como una oportunidad distinta, aunque no necesariamente más sencilla. A diferencia de Tusk, la victoria de Magyar con una mayoría de dos tercios le otorga, en teoría, una capacidad de reforma mucho mayor. Tiene el poder formal para modificar leyes cardinales e incluso una arquitectura constitucional para no depender de socios externos. Pero esta ventaja convive con una herencia mucho más profunda que la polaca: durante más de una década, el sistema de Orbán afianzó una red de control absoluta sobre la justicia, los medios de comunicación -donde un tercio de los periodistas admitía evitar ciertos temas o suavizar el tono por miedo a represalias- y unas élites económicas fuertemente ligadas al poder político. Hungría tendrá más fuerza para cambiar las leyes, pero también se enfrenta a un sistema mucho más blindado en su estructura social y económica.. La recuperación de fondos es prioridad. Para el nuevo Ejecutivo de Magyar, antiguo diplomático en Bruselas durante la era de Orban, la recuperación de los fondos europeos se ha convertido en la prioridad más inmediata y en su primera gran prueba de fuego. Actualmente, unos 17.000 millones de euros permanecen bloqueados debido a las preocupaciones sobre el Estado de derecho -que incluyen desde la corrupción y la independencia judicial hasta los derechos LGTBI-, de hecho, de esa cantidad, unos 2.000 millones ya se dan por perdidos.. En este escenario, la Comisión Europea intenta equilibrar las altas expectativas. Hay un interés mutuo evidente: Budapest necesita el salvavidas financiero antes de agosto para evitar una pérdida económica irreversible, y Bruselas busca zanjar su frente más problemático. Sin embargo, el calendario es ajustado: ambas partes deben acordar el uso de 10.000 millones de euros en subvenciones y préstamos antes de finales de agosto.. Más allá del entusiasmo por este cambio histórico, Bruselas no quiere repetir los errores que cometió con el anterior Gobierno. La Comisión busca ahora evitar la pasividad del pasado, combinando presión con incentivos progresivos. Saben que pisar el acelerador para desmantelar la estructura previa es peligroso: podría causar inseguridad jurídica y quitar credibilidad a las nuevas reformas que Magyar intentará implementar.. En todo caso, comparar Varsovia con Budapest ayuda a entender qué le espera a Hungría. En Polonia, el Gobierno nació débil y con las instituciones en contra, lo que ha provocado un proceso lento y lleno de bloqueos políticos. Hungría, en cambio, muestra otra versión: Magyar tiene el mando total y apoyo para cambiar las leyes. Sin embargo, el sistema de Orban está tan arraigado en el país que el peligro es otro.. El nuevo Ejecutivo se enfrenta a una burocracia donde los cargos intermedios y los directores de agencias clave fueron nombrados a dedo por su predecesor. Quizás no haya tantos frenos políticos, pero será un reto levantar una democracia sana que no dependa solo de la voluntad de su nuevo líder. Si Polonia es el ejemplo de lo lento y difícil que es volver atrás, el caso de Magyar demostrará si modificar las leyes es suficiente o si cambiar un país requiere un trabajo mucho más profundo.
La atmósfera en Bruselas estos días está, inevitablemente, plagada de optimismo. Tras 16 años de hegemonía del húngaro Viktor Orban, la victoria por ‘supermayoría’ del conservador Peter Magyar y su partido Tisza ha sido recibida con alivio en el corazón de la Unión Europea. No solo se celebra un cambio de Gobierno, sino la caída del principal caballo de Troya de los veintisiete.. En las instituciones comunitarias ya hay una prisa evidente por avanzar, desbloquear los fondos congelados y normalizar la situación de un país que el Parlamento Europeo calificó en su día como un «régimen híbrido de autocracia electoral». «Es necesario actuar con rapidez (…) Restablecer el Estado de derecho. Reorientarnos hacia nuestros valores europeos compartidos», urgió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de su primera conversación con Magyar tras las elecciones. Sin embargo, bajo este entusiasmo aparece una advertencia en la sombra: la experiencia reciente de Polonia sirve como recordatorio de que, a veces, cambiar el sistema es mucho más lento que triunfar en las urnas.. Una recontrucción institucional incompleta. El regreso de Donald Tusk al poder en Varsovia se produjo bajo una promesa similar de restauración democrática, pero tres años después, la reconstrucción institucional sigue incompleta. Tusk ha tenido que gobernar con una mayoría débil y fragmentada, chocando constantemente con un Tribunal Constitucional heredado del anterior ciclo político y una arquitectura legal ideada específicamente para dificultar reformas. La lección de Varsovia es incómoda pero innegable: ganar las elecciones no permite automáticamente recuperar el Estado de derecho. Desmontar un entramado iliberal requiere de tiempo y de un apoyo estable.. El caso húngaro se presenta en Bruselas como una oportunidad distinta, aunque no necesariamente más sencilla. A diferencia de Tusk, la victoria de Magyar con una mayoría de dos tercios le otorga, en teoría, una capacidad de reforma mucho mayor. Tiene el poder formal para modificar leyes cardinales e incluso una arquitectura constitucional para no depender de socios externos. Pero esta ventaja convive con una herencia mucho más profunda que la polaca: durante más de una década, el sistema de Orbán afianzó una red de control absoluta sobre la justicia, los medios de comunicación -donde un tercio de los periodistas admitía evitar ciertos temas o suavizar el tono por miedo a represalias- y unas élites económicas fuertemente ligadas al poder político. Hungría tendrá más fuerza para cambiar las leyes, pero también se enfrenta a un sistema mucho más blindado en su estructura social y económica.. La recuperación de fondos es prioridad. Para el nuevo Ejecutivo de Magyar, antiguo diplomático en Bruselas durante la era de Orban, la recuperación de los fondos europeos se ha convertido en la prioridad más inmediata y en su primera gran prueba de fuego. Actualmente, unos 17.000 millones de euros permanecen bloqueados debido a las preocupaciones sobre el Estado de derecho -que incluyen desde la corrupción y la independencia judicial hasta los derechos LGTBI-, de hecho, de esa cantidad, unos 2.000 millones ya se dan por perdidos.. En este escenario, la Comisión Europea intenta equilibrar las altas expectativas. Hay un interés mutuo evidente: Budapest necesita el salvavidas financiero antes de agosto para evitar una pérdida económica irreversible, y Bruselas busca zanjar su frente más problemático. Sin embargo, el calendario es ajustado: ambas partes deben acordar el uso de 10.000 millones de euros en subvenciones y préstamos antes de finales de agosto.. Más allá del entusiasmo por este cambio histórico, Bruselas no quiere repetir los errores que cometió con el anterior Gobierno. La Comisión busca ahora evitar la pasividad del pasado, combinando presión con incentivos progresivos. Saben que pisar el acelerador para desmantelar la estructura previa es peligroso: podría causar inseguridad jurídica y quitar credibilidad a las nuevas reformas que Magyar intentará implementar.. En todo caso, comparar Varsovia con Budapest ayuda a entender qué le espera a Hungría. En Polonia, el Gobierno nació débil y con las instituciones en contra, lo que ha provocado un proceso lento y lleno de bloqueos políticos. Hungría, en cambio, muestra otra versión: Magyar tiene el mando total y apoyo para cambiar las leyes. Sin embargo, el sistema de Orban está tan arraigado en el país que el peligro es otro.. El nuevo Ejecutivo se enfrenta a una burocracia donde los cargos intermedios y los directores de agencias clave fueron nombrados a dedo por su predecesor. Quizás no haya tantos frenos políticos, pero será un reto levantar una democracia sana que no dependa solo de la voluntad de su nuevo líder. Si Polonia es el ejemplo de lo lento y difícil que es volver atrás, el caso de Magyar demostrará si modificar las leyes es suficiente o si cambiar un país requiere un trabajo mucho más profundo.
Peter Magyar tendrá más fuerza que Donald Tusk para cambiar las leyes heredadas, pero también se enfrenta a un sistema mucho más blindado en su estructura social y económica
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