La Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos de los dos investigados en el fraude de la subvenciones en el que está imputado el hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su socio Adell Bover. Francis Puig se sentará en el banquillo de los acusados. Ambos pidieron que se revocara el auto y el archivo de la causa porque se les imputa un delito de estafa que no había aparecido durante la instrucción, lo que consideran un cambio inesperado y un motivo de indefensión. Además, sus defensan sostiene que el el auto no explica bien los hechos ni diferencia qué hizo cada investigado. Por tanto, consideran que carece de la motivación suficiente. “En modo alguno cabe hablar de indefensión siempre que se respeten los hechos que fueron objeto de imputación», afirma.. La Fiscalía pide 4 años y 10 meses de prisión para Francisco Javier Puig, por un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones en un entramado que comenzó a desarrollarse en 2015, año en que la coalición de izquierdas liderada por los socialistas valencianos accedió al poder gracias a un Gobierno de coalición que compartieron con Compromís.. El tribunal argumenta que no se ha producido una indefensión real porque la calificación jurídica en esta fase no es definitiva, pues lo importante son los hechos que considera probados. Insiste además en que el juez de instrucción debe determinar si el caso debe seguir adelante, pero que debe decidir su delito final. Es decir, que el hecho de que se cambie la calificación inicial de fraude a estafa no implica cambios sustanciales porque los hechos siguen siendo los mismo y hay indicios suficientes para continuar la causa.. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia envió en octubre del pasado año al banquillo al empresario Francis Puig, por un presunto delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil cometido en la justificación para el cobro de las subvenciones que desde el Gobierno autonómico valenciano y la Generalitat de Cataluña se otorgaban para el fomento del valenciano en medios de comunicación.. Junto a su socio Adell Bover serán juzgados por la Audiencia Provincial de Valencia por haber obtenido «indebidamente subvenciones de la Generalitat Valenciana» a través de las empresas Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports, ambas administradas por el hermano de Puig, y Canal Maestrat, dirigida por Adell Bover. El juez, en el auto de procesamiento, consideró acreditado que ambas empresas hicieron uso de «facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo».. En el caso del hermano de Ximo Puig, se le atribuye haber defraudado, como administrador de Masmut Producciones SL, la cantidad de 58.866,69 euros a la Generalitat valenciana y otros 51.825,88 euros a la catalana. El total del montante supera los 110.000 euros. El magistrado Jorge Martínez Ribera le solicita ya a Puig una fianza de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros para Juan Enrique Adell.. El juez descarta acusarles de un tercer delito de fraude de subvenciones, en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos -antes de la reforma realizada- como norma más beneficiosa para los reos, que establecía que para este ilícito la defraudación debía ser superior a los 120.000 euros.
La Audiencia rechaza los recursos de los dos empresarios imputados y valida la investigación judicial
La Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos de los dos investigados en el fraude de la subvenciones en el que está imputado el hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su socio Adell Bover.Francis Puig se sentará en el banquillo de los acusados. Ambos pidieron que se revocara el auto y el archivo de la causa porque se les imputa un delito de estafaque no había aparecido durante la instrucción, lo que consideran un cambio inesperado y un motivo de indefensión. Además, sus defensan sostiene que el el auto no explica bien los hechos ni diferencia qué hizo cada investigado. Por tanto, consideran que carece de la motivación suficiente. “En modo alguno cabe hablar de indefensión siempre que se respeten los hechos que fueron objeto de imputación», afirma.. La Fiscalía pide 4 años y 10 meses de prisión para Francisco Javier Puig, por un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones en un entramado que comenzó a desarrollarse en 2015, año en que la coalición de izquierdas liderada por los socialistas valencianos accedió al poder gracias a un Gobierno de coalición que compartieron con Compromís.. El tribunal argumenta que no se ha producido una indefensión real porque la calificación jurídica en esta fase no es definitiva, pues lo importante son los hechos que considera probados. Insiste además en que el juez de instrucción debe determinar si el caso debe seguir adelante, pero que debe decidir su delito final. Es decir, que el hecho de que se cambie la calificación inicial de fraude a estafa no implica cambios sustanciales porque los hechos siguen siendo los mismo y hay indicios suficientes para continuar la causa.. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia envió en octubre del pasado año al banquillo al empresario Francis Puig, por un presunto delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil cometido en la justificación para el cobro de las subvenciones que desde el Gobierno autonómico valenciano y la Generalitat de Cataluña se otorgaban para el fomento del valenciano en medios de comunicación.. Junto a su socio Adell Bover serán juzgados por la Audiencia Provincial de Valencia por haber obtenido «indebidamente subvenciones de la Generalitat Valenciana» a través de las empresas Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports, ambas administradas por el hermano de Puig, y Canal Maestrat, dirigida por Adell Bover. El juez, en el auto de procesamiento, consideró acreditado que ambas empresas hicieron uso de «facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo».. En el caso del hermano de Ximo Puig, se le atribuye haber defraudado, como administrador de Masmut Producciones SL, la cantidad de 58.866,69 euros a la Generalitat valenciana y otros 51.825,88 euros a la catalana. El total del montante supera los 110.000 euros. El magistrado Jorge Martínez Ribera le solicita ya a Puig una fianza de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros para Juan Enrique Adell.. El juez descarta acusarles de un tercer delito de fraude de subvenciones, en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos -antes de la reforma realizada- como norma más beneficiosa para los reos, que establecía que para este ilícito la defraudación debía ser superior a los 120.000 euros.
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