La inmigración irrumpe con fuerza en la precampaña andaluza a un mes de las elecciones del 17 de mayo. No tanto por su peso real en la preocupación cotidiana de los ciudadanos como por su capacidad para ordenar el discurso político y activar uno de los ejes más reconocibles del ciclo electoral actual: el choque entre la necesidad económica de mano de obra y la batalla simbólica sobre el acceso a las ayudas. El detonante ha sido la regularización extraordinaria del Gobierno, una medida que ha reactivado posiciones enfrentadas en el tablero político andaluz justo cuando las encuestas sitúan la inmigración muy lejos de las prioridades personales de los ciudadanos y de la tríada que conforman sanidad, vivienda y paro.. Según el último barómetro del Centra, solo el 1,1% de los andaluces considera la inmigración su principal problema personal, frente al 6,5% que la menciona como problema general. La distancia entre ambas cifras revela el carácter más político que social del debate.. La brecha entre percepción general y experiencia personal es significativa. Mientras la sanidad (18,7%), la vivienda (14,2%) y el paro (12,8%) dominan las preocupaciones directas, la inmigración permanece en una posición marginal en la escala de prioridades reales de los ciudadanos. El dato no impide que la cuestión migratoria se sitúe en el centro del discurso electoral.. El motivo es doble. Por un lado, la regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo central introduce un elemento de tensión política inmediata. Por otro, la inmigración constituye uno de los pocos terrenos donde la oposición puede disputar la iniciativa discursiva en una campaña marcada por la ventaja estructural del presidente andaluz, Juanma Moreno.. El Ejecutivo autonómico ha optado por una posición de contención política. La consejera de Inclusión Social, Loles López, insistió en que la Junta defiende una inmigración «ordenada y regulada» y evitó entrar en la confrontación directa con el Gobierno central para no «polarizar ni dividir». El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, sí elevó el tono al señalar que la regularización responde a un «objetivo más electoral que humanitario». El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la regularización como una medida «muy positiva» para el sector primario, recordando que la falta de mano de obra es una de las principales preocupaciones recurrentes de cooperativas y explotaciones agrarias. La inmigración aparece así como un factor económico estructural antes que como un fenómeno coyuntural.. Frente a ese enfoque económico, Vox ha optado por intensificar su discurso más identitario. El candidato por Sevilla, Javier Cortés, sintetizó esa estrategia con una frase destinada a marcar la campaña: el objetivo es «lograr que desaparezcan los Mohamed de las ayudas sociales para que vuelvan a aparecer los Martínez, los Fernández y los García». El partido vincula la inmigración irregular con el encarecimiento de la vivienda, la saturación de los servicios públicos y la competencia laboral en los sectores más precarizados, ampliando un marco discursivo que ya había mostrado eficacia electoral en provincias como Almería. Allí, el crecimiento de Vox se ha apoyado en el malestar del Poniente agrícola y en el impacto del fenómeno migratorio en municipios como El Ejido, Vícar o Roquetas, donde el partido ha consolidado un discurso que combina competencia laboral, presión en los servicios públicos e identidad territorial.
La regularización extraordinaria activa la precampaña pese a que solo el 1,1% percibe la inmigración como problema personal
La inmigración irrumpe con fuerza en la precampaña andaluza a un mes de las elecciones del 17 de mayo. No tanto por su peso real en la preocupación cotidiana de los ciudadanos como por su capacidad para ordenar el discurso político y activar uno de los ejes más reconocibles del ciclo electoral actual: el choque entre la necesidad económica de mano de obra y la batalla simbólica sobre el acceso a las ayudas. El detonante ha sido la regularización extraordinaria del Gobierno, una medida que ha reactivado posiciones enfrentadas en el tablero político andaluz justo cuando las encuestas sitúan la inmigración muy lejos de las prioridades personales de los ciudadanos y de la tríada que conforman sanidad, vivienda y paro.. Según el último barómetro del Centra, solo el 1,1% de los andaluces considera la inmigración su principal problema personal, frente al 6,5% que la menciona como problema general. La distancia entre ambas cifras revela el carácter más político que social del debate.. La brecha entre percepción general y experiencia personal es significativa. Mientras la sanidad (18,7%), la vivienda (14,2%) y el paro (12,8%) dominan las preocupaciones directas, la inmigración permanece en una posición marginal en la escala de prioridades reales de los ciudadanos. El dato no impide que la cuestión migratoria se sitúe en el centro del discurso electoral.. El motivo es doble. Por un lado, la regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo central introduce un elemento de tensión política inmediata. Por otro, la inmigración constituye uno de los pocos terrenos donde la oposición puede disputar la iniciativa discursiva en una campaña marcada por la ventaja estructural del presidente andaluz, Juanma Moreno.. El Ejecutivo autonómico ha optado por una posición de contención política. La consejera de Inclusión Social, Loles López, insistió en que la Junta defiende una inmigración «ordenada y regulada» y evitó entrar en la confrontación directa con el Gobierno central para no «polarizar ni dividir». El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, sí elevó el tono al señalar que la regularización responde a un «objetivo más electoral que humanitario». El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la regularización como una medida «muy positiva» para el sector primario, recordando que la falta de mano de obra es una de las principales preocupaciones recurrentes de cooperativas y explotaciones agrarias. La inmigración aparece así como un factor económico estructural antes que como un fenómeno coyuntural.. Frente a ese enfoque económico, Vox ha optado por intensificar su discurso más identitario. El candidato por Sevilla, Javier Cortés, sintetizó esa estrategia con una frase destinada a marcar la campaña: el objetivo es «lograr que desaparezcan los Mohamed de las ayudas sociales para que vuelvan a aparecer los Martínez, los Fernández y los García». El partido vincula la inmigración irregular con el encarecimiento de la vivienda, la saturación de los servicios públicos y la competencia laboral en los sectores más precarizados, ampliando un marco discursivo que ya había mostrado eficacia electoral en provincias como Almería. Allí, el crecimiento de Vox se ha apoyado en el malestar del Poniente agrícola y en el impacto del fenómeno migratorio en municipios como El Ejido, Vícar o Roquetas, donde el partido ha consolidado un discurso que combina competencia laboral, presión en los servicios públicos e identidad territorial.
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