La Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal que presuntamente defraudó 32,8 millones de euros en el comercio de bebidas alcohólicas. En el marco de esta actuación, han sido detenidos 18 miembros de la organización, entre ellos los cinco cabecillas, y se han llevado a cabo registros en 12 ubicaciones de Barcelona, Tarragona y Valencia, interviniendo tanto empresas como domicilios de los investigados y depósitos fiscales, además de actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica. En la operación también se han bloqueado numerosas cuentas pertenecientes a personas y sociedades, y se han incautado vehículos, 40 inmuebles vinculados a la red criminal y más de 430.000 euros en efectivo. Asimismo, se han intervenido múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, así como abundante documentación de interés para la investigación.. La investigación se inició cuando los investigadores tuvieron constancia de la existencia de un entramado criminal que operaba mediante empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España. Las pesquisas permitieron descubrir cómo utilizaban facturación falsa para evadir impuestos derivados de la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español.. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que el sistema fraudulento se centraba en dos depósitos fiscales en España, es decir, en instalaciones donde determinados productos pueden almacenarse sin abonar impuestos de forma inmediata. El IVA solo se generaba cuando la mercancía abandonaba estos depósitos para su distribución o consumo por lo que fue entonces cuando se detectó la participación de intermediarios fraudulentos, conocidos como “empresas fantasma”, que adquirían las bebidas alcohólicas y asumían la obligación tributaria, para desaparecer después sin pagar el impuesto.. La mercancía era posteriormente revendida a través de una cadena de empresas ficticias que utilizaban facturas falsas para ocultar el circuito fraudulento, hasta su distribución final en España. Estas operaciones generaban un IVA que nunca llegaba a ingresarse, lo que permitía a la red obtener importantes beneficios ilícitos.. Según los cálculos de los investigadores, la actividad delictiva habría generado aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025, causando un perjuicio equivalente a las arcas del Estado español y al presupuesto de la Unión Europea. La investigación también apunta a que los beneficios podrían haber sido blanqueados, y que al menos una de las empresas implicadas mantenía conexiones con las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar.. Investigación abierta en un operativo internacional contra el fraude. La operación, coordinada por la Fiscalía Europea, ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Agencia Tributaria y con la colaboración de las autoridades de Portugal y Bélgica. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco del operativo.
Hay 18 detenidos
La Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal que presuntamente defraudó 32,8 millones de euros en el comercio de bebidas alcohólicas. En el marco de esta actuación, han sido detenidos 18 miembros de la organización, entre ellos los cinco cabecillas, y se han llevado a cabo registros en 12 ubicaciones de Barcelona, Tarragona y Valencia, interviniendo tanto empresas como domicilios de los investigados y depósitos fiscales, además de actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica. En la operación también se han bloqueado numerosas cuentas pertenecientes a personas y sociedades, y se han incautado vehículos, 40 inmuebles vinculados a la red criminal y más de 430.000 euros en efectivo. Asimismo, se han intervenido múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, así como abundante documentación de interés para la investigación.. La investigación se inició cuando los investigadores tuvieron constancia de la existencia de un entramado criminal que operaba mediante empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España. Las pesquisas permitieron descubrir cómo utilizaban facturación falsa para evadir impuestos derivados de la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español.. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que el sistema fraudulento se centraba en dos depósitos fiscales en España, es decir, en instalaciones donde determinados productos pueden almacenarse sin abonar impuestos de forma inmediata. El IVA solo se generaba cuando la mercancía abandonaba estos depósitos para su distribución o consumo por lo que fue entonces cuando se detectó la participación de intermediarios fraudulentos, conocidos como “empresas fantasma”, que adquirían las bebidas alcohólicas y asumían la obligación tributaria, para desaparecer después sin pagar el impuesto.. La mercancía era posteriormente revendida a través de una cadena de empresas ficticias que utilizaban facturas falsas para ocultar el circuito fraudulento, hasta su distribución final en España. Estas operaciones generaban un IVA que nunca llegaba a ingresarse, lo que permitía a la red obtener importantes beneficios ilícitos.. Según los cálculos de los investigadores, la actividad delictiva habría generado aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025, causando un perjuicio equivalente a las arcas del Estado español y al presupuesto de la Unión Europea. La investigación también apunta a que los beneficios podrían haber sido blanqueados, y que al menos una de las empresas implicadas mantenía conexiones con las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar.. Investigación abierta en un operativo internacional contra el fraude. La operación, coordinada por la Fiscalía Europea, ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Agencia Tributaria y con la colaboración de las autoridades de Portugal y Bélgica. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco del operativo.
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