El Gobierno negocia con los sindicatos de la función pública un cambio en la ley que permita volver a la situación anterior a la última reforma de pensiones, para que las administraciones públicas puedan contratar de forma temporal como relevistas en los procesos de jubilaciones parciales a trabajadores temporales, en vez de los indefinidos que exige ahora la normativa vigente. Con este cambio pretenden desbloquear miles de retiros parciales del personal laboral indefinido de ayuntamientos y comunidades autónomas que, desde que cambió la ley en abril de 2025, se encontraban paralizadas por falta de empleados relevistas.. Seguir leyendo
La medida es, además, una de las exigencias sindicales para avanzar en la reforma de las bajas laborales
El Gobierno negocia con los sindicatos de la función pública un cambio en la ley que permita volver a la situación anterior a la última reforma de pensiones, para que las administraciones públicas puedan contratar de forma temporal como relevistas en los procesos de jubilaciones parciales a trabajadores temporales, en vez de los indefinidos que exige ahora la normativa vigente. Con este cambio pretenden desbloquear miles de retiros parciales del personal laboral indefinido de ayuntamientos y comunidades autónomas que, desde que cambió la ley en abril de 2025, se encontraban paralizadas por falta de empleados relevistas.. Así lo ha adelantado este miércoles el diario El Economista y han confirmado este diario fuentes sindicales, que ultiman con Seguridad Social y Función Pública esta medida. Se abordará en una reunión la próxima semana con la intención de aprobarla “cuanto antes”, incluso en este mismo mes, apuntan estas fuentes. La negociación afecta, de momento, exclusivamente a las condiciones de jubilación anticipada del personal laboral de las administraciones públicas, que es el único que tiene aprobado y regulado este tipo de retiro en el que se puede adelantar la edad de jubilación entre dos y tres años a cambio de reducir la jornada y el sueldo proporcionalmente y que el resto de jornada la haga un trabajador con contrato de relevo suscrito a tal fin.. El problema llegó cuando, en cumplimiento de la reforma legal para mejorar la compatibilidad del salario y la pensión, la jubilación parcial estrenó nuevos requisitos. Entre ellos, que el trabajador relevista debía tener obligatoriamente un contrato indefinido a tiempo completo y como mínimo con una duración de dos años posteriores al retiro definitivo del jubilado parcial. Estos requisitos, exigibles desde el 1 de abril pasado, paralizaron automáticamente en la práctica las jubilaciones parciales en las administraciones públicas, ya que para hacer una contratación relevista de carácter fijo hace falta pasar por el largo y farragoso proceso de acceso a un empleo público ligado siempre a los tiempos de las ofertas de empleo público, que se alargan durante meses y años. El resultado fue que miles de trabajadores públicos llevan un año a la espera de acceder a una modalidad que con anterioridad a esta reforma era muy habitual.. Al producirse esta situación, transcurridos varios meses desde la entrada en vigor de los nuevos requisitos, la Secretaría de Estado de Función Pública aprobó y puso en marcha una tasa de reposición específica como mecanismo urgente y transitorio y al margen de la oferta de empleo público ordinaria, para contratar trabajadores relevistas para la administración estatal. Pero esto, además de no ser tampoco una solución inmediata, dejó fuera a los miles de empleados autonómicos y locales.. Por ello, ahora, la idea del Gobierno es volver, eventualmente y solo en el ámbito de las administraciones, a la regulación previa a abril de 2024 y que un real decreto ley establezca la posibilidad de llevar a cabo de manera inmediata contrataciones temporales de relevistas. Si bien, dichas plazas irán previsiblemente con cargo a futuras ofertas de empleo. Esto es, se convocarán luego en la siguiente oferta para que su cobertura se realice entonces de manera definitiva, explican estas fuentes sindicales. En el caso de que el contrato con el relevista se extinguiera antes de los dos años tras el retiro del relevado, la Administración está obligada a contratar a otro relevista, tal y como ya indicó en un criterio de actuación la propia Seguridad Social.. La urgencia de este desbloqueo de miles de jubilaciones parciales del personal laboral de las administraciones viene, además, marcada por ser una de las exigencias puestas por los sindicatos en la mesa del diálogo social que estudia cambios en la gestión de las bajas laborales por incapacidad temporal. Las centrales pausaron recientemente la negociación en dicha mesa hasta que el Ejecutivo no solucionara esta problemática con los retiros parciales en el sector público.. Desde el área pública de CC OO y UGT Servicios Públicos se han felicitado porque, según fuentes de ambas centrales, es prácticamente seguro que vaya a salir adelante esta solución exclusiva para el personal laboral que, por otra parte, estos sindicatos llevaban meses reclamando. Pero, al tiempo, han recordado que aún falta por resolver definitivamente que vuelva a permitirse la jubilación parcial anticipada del personal funcionario y la del personal estatutario (sanitarios que fueron transferidos a las comunidades fundamentalmente). Así, los funcionarios y el personal estatutario no pueden acogerse actualmente a esta modalidad de retiro —que les fue prohíbida en 2012 por los recortes adoptados entonces por el Gobierno del PP— a pesar de que el actual ministro de Función Pública, Óscar López, pactó con CC OO y UGT a finales de 2024 recuperar este tipo de jubilación.. Una ley estancada en el Congreso. Precisamente, el sindicato de funcionarios CSIF ha criticado también que el personal funcionario y estatutario tengan bloqueado este derecho a la jubilación parcial desde el año 2012 y a pesar de haberse pactado su recuperación desde hace casi tres años, esta aún no se haya producido. De hecho, en esta central recuerdan que la restitución de la jubilación parcial para los funcionarios de carrera está “estancada en forma de una enmienda del partido socialista, propuesta por CSIF” en el proyecto de Ley de Función Pública, cuya tramitación se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace meses.. También dentro de las reivindicaciones de los empleados públicos relacionadas con su jubilación está pendiente, otra enmienda en dicha ley de Función Pública, que está siendo defendida especialmente por los altos cargos de la Administración, agrupados en Fedeca, para permitir, como norma general, a todos los empleados públicos trabajar hasta los 72 años.
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