El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, con lo que busca reforzar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) eliminando barreras administrativas, según informa Ep.. La norma, propuesta por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende solventar las situaciones de aplicación desigual y burocracia del Real Decreto-ley 7/2018, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de recuperar el acceso universal que limitó el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado por el Ejecutivo del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy.. El nuevo real decreto simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable. Con este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia.. Desde que presenten esta solicitud, se les entregará un documento provisional con el que tendrán acceso a la asistencia sanitaria pública de forma inmediata en todas las comunidades autónomas.. Además de la declaración responsable, el solicitante debe acreditar su residencia en España. Para ello, el empadronamiento es el documento preferente, pero el proceso se flexibiliza aceptando otros medios de prueba como certificados de escolarización o matriculación en centros públicos; informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas; facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a nombre del solicitante; y cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular.. La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución y, si no dan respuesta en ese periodo, la solicitud se entederá estimada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, el documento de asistencia sanitaria no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otra vía.. Además, se establece que las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el primer momento. También se garantizan medidas de apoyo y formatos de lectura fácil para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar la declaración responsable en igualdad de condiciones.. El real decreto garantiza el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública para colectivos que requieren una especial protección, con independencia de su situación administrativa.. Los grupos beneficiados son los menores de edad; las mujeres embarazadas, que tendrán derecho a atención durante el embarazo, parto y posparto, así como acceso a interrupción voluntaria del embarazo; y víctimas de violencia de género, violencias sexuales y de trata de seres humanos.. El derecho a la sanidad pública se extiende a solicitantes de protección internacional o temporal. Para las personas en situación de estancia temporal que necesiten asistencia, la norma regula el informe de acreditación de especial vulnerabilidad, que será emitido por los servicios sociales de las comunidades autónomas. Además, se establecen medidas para que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y el apoyo necesario para realizar sus trámites en igualdad de condiciones.. El real decreto amplía también el derecho a asistencia sanitaria pública a las personas españolas de origen que viven en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España.. Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores y, con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares, incluidos cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo, siempre que no tengan la cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social.
Amplía también el derecho a asistencia sanitaria pública a los españoles de origen que viven en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha condenado públicamente esta mañana las declaraciones que ayer hacía la ministra de Sanidad, Mónica García, al señalar a los sindicatos médicos como responsables de querer mantener el conflicto actual por el borrador del Estatuto Marco y pedirles que no se utilice a los pacientes “como rehenes de estas discrepancias”.. «Como convocante de la huelga nacional que tendrá su segunda semana este año los próximos días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo, CESM quiere desmentir que, como apunta García, la única vía a la que se recurre sea el conflicto, puesto que en ningún momento ha dejado de tender la mano al diálogo y fue el propio Ministerio de Sanidad -a través del secretario de Estado- quién rompió unilateralmente cualquier negociación el pasado mes de diciembre, negociación que no se ha retomado con el comité de huelga desde entonces pese a los múltiples requerimientos hechos», ha señalado la Confederación en un comunicado.. Por este motivo, CESM considera que las palabras de la ministra «suponen un trato indigno para los médicos que trabajan en el sistema sanitario», puesto que utilizar el término «rehén» implica a su vez. señalar que alguien está haciendo un uso interesado de quien requiere una asistencia sanitaria, «lo cual es absolutamente falso».. «Conviene aclarar que los médicos y facultativos que deciden secundar la huelga están ejerciendo su derecho constitucional a hacerlo, y que en este caso lo hacen, precisamente, en defensa de una calidad asistencial y de un Sistema Nacional de Salud que actualmente se están viendo amenazados por las condiciones en las que ejercen los profesionales y por una modificación de una norma que está ignorando las principales reivindicaciones del colectivo para precisamente mejorar sus condiciones laborales y prestar la asistencia sanitaria que la población reclama».. Por último, CESM ha puntualizado que «para que haya un rehén, debe haber un secuestrador», papel que en absoluto están jugando los médicos en la defensa tanto de sus derechos laborales como, sobre todo, de la seguridad de los pacientes». Por ello, ha pedido a la ministra que, «por su condición de médica», rectifique y no utilice expresiones que busquen estigmatizar a los profesionales frente a la opinión pública, «unos profesionales que únicamente están saliendo a defender que se les permita ejercer en condiciones laborales dignas para ellos y para los pacientes precisamente porque el ministerio se niega a atender las reivindicaciones clave del colectivo».. Cabe recordar otros bulos difundicos por García sobre los médicos y la huelga sobre los que aún no se ha disculpado, con motivo de la primera semana de huelga de 2026, la que tuvo lugar en febrero, la ministra asintió y consintió que, en un programa de televisión en el que intervenía, se dijera que la huelga médica iba a poner en riesgo la atención a pacintes oncológicos y en y tratamiento de diálisis. En ese momento, la profesión médica al unísono, y no solo el comité de huelga, tuvieron que salir a desmentirlo y a asegurar a la población que la atención a pacientes vulnerables y a aquellos cuya continuidad terapéutica resulta crítica había estado garantizada en todo momento por los dispositivos asistenciales establecidos.. El segundo intento de desinformar se produjo la semana pasada, cuando Sanidad mandó un comunicado de prensa en el que aseguraba haber alcanzado «un acuerdo» con el Foro de la Profesión Médica (FPME) –un órgano sin personalidad jurídica formado por la Organización Médica Colegial (OMC), el sindicato CESM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)– para «mantener el diálogo y evitar la huelga».. El comité de huelga tuvo que salir nuevamente a desmentirlo, señalando que ninguna de las organizaciones sindicales que lo integran (la Confederación Española de Sindicatos Médicos, CESM, el Sindicato Médico Andaluz, SMA, el madrileño Amyts, el vasco SME, Médicos de Cataluña y el gallego O ‘mega– se había reunido con Sanidad ni había llegado a acuerdo alguno, «y mucho menos el de suspender los paros».. «Lo primero es que la decisión de desconvocar una huelga solo la puede tomar el comité, con el que la ministra no se ha reunido y con el que rompió de manera unilateral el diálogo en diciembre, cuando se aseguró de que tenía el apoyo de los sindicatos del Ámbito para sacar adelante su Estatuto Marco», señaló Víctor Pedrera, secretario general de CESM, a este periódico. «Lo segundo es que, si Sanidad, quiere evitar la huelga, lo que nosotros pedimos es una propuesta por escrito con medidas concretas sobre las reivindicaciones del colectivo médico», añadió.
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