El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado hoy que la compañía pedirá en un futuro autorización para ampliar la vida útil de otras centrales nucleares, además de la ya solicitada para Almaraz, pues considera que “la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60 e, incluso, los 80 años”. En la conferencia de analistas para la presentación de las cuentas de la compañía en 2025, que se han saldado con un beneficio neto de 6.232 millones, un 12% más, Galán ha asegurado que la ampliación de Almaraz “es un proceso que está en marcha” y que está analizando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), después de que las tres propietarias de la central extremeña (Iberdrola, Endesa y Naturgy) solicitaran en octubre pasado una prórroga para sus dos reactores hasta 2030.. Seguir leyendo
El presidente de Iberdrola asegura que la compañía se “adaptará” a la nueva retribución de las redes, con menos inversión en operación y mantenimiento
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado hoy que la compañía pedirá en un futuro autorización para ampliar la vida útil de otras centrales nucleares, además de la ya solicitada para Almaraz, pues considera que “la mayor parte de ellas pueden llegar hasta los 60 e, incluso, los 80 años”. En la conferencia de analistas para la presentación de las cuentas de la compañía en 2025, que se han saldado con un beneficio neto de 6.232 millones, un 12% más, Galán ha asegurado que la ampliación de Almaraz “es un proceso que está en marcha” y que está analizando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), después de que las tres propietarias de la central extremeña (Iberdrola, Endesa y Naturgy) solicitaran en octubre pasado una prórroga para sus dos reactores hasta 2030.. Según el protocolo de cierre del parque nuclear español firmado en 2019 entre las empresas del sector y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), la próxima planta de la lista de cierre, en 2030, es la de Cofrentes (Valencia), propiedad 100% de Iberdrola. Esa fecha coincidirá también con el final de los dos grupos de Almaraz, si el Gobierno acepta la prórroga solicitada hasta ese año. También en 2030 le tocaría el turno a Ascó I (Tarragona), propiedad de Endesa. En la solicitud del permiso de Almaraz, que requería la unanimidad de los socios, Naturgy se opuso a pedir más allá de tres años, pero las grandes ya tienen las manos libres.. Galán defendió un activo que, como el nuclear, es “seguro, estable y, además, favorece los precios bajos”, a pesar de la “enorme” carga impositiva que sufre en España. Según Galán, los países que combinan nuclear y renovables tienen precios más bajos y, por el contrario, “los que no tienen nucleares, como Italia y Alemania, su energía es 20 euros/MWh más cara”.. Por otra parte, el ejecutivo de Iberdrola ha declarado que su compañía se adaptará “a las señales” del regulador energético, en alusión a la nueva retribución de las redes de distribución eléctrica aprobadas en dos circulares por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo regulatorio 2026-2031. Según sus palabras, “Iberdrola se adaptará por completo al marco que se ha definido”, que se traducirá en menos inversiones en operación y mantenimiento. En cualquier caso, el presidente de la energética recordó que España representa menos del 20% del negocio del grupo, “así que tampoco es tan importante”.. En cualquier caso, adaptará su capex (inversiones en bienes de capital) y sus gastos a la nueva regulación. Esta fija una tasa de retribución financiera (TRF) para las redes del 6,58% (las distribuidoras pedían un mínimo del 7%) y se introduce el concepto de riesgo, esto es, algunas inversiones se retribuirán en función de la demanda.. Del total de inversiones realizadas el año pasado por la compañía, 14.560 millones de euros, un 62% del total, los destinó a redes. Sin embargo, según Iberdrola, el motor del crecimiento serán Estados Unidos y Reino Unido.. En la citada conferencia de analistas, Ignacio Sánchez Galán ha advertido también de las consecuencias de intervenciones regulatorias, como la de Italia, que pretende sacar el coste de los derechos de emisión de CO2 de la factura eléctrica, lo cual “no servirá para atraer las inversiones que se precisan para poder satisfacer las necesidades de Europa”. Y apostó por la reducción de la fiscalidad a la electricidad como la mejor vía para aumentar la competitividad de la UE. “Si comparamos los impuestos de Europa con los chinos o los norteamericanos, en algunos casos, son cinco veces mayores”. Tras lo que añadió que “no se trata de más reformas, sino de ver dónde está el problema”, que, en su opinión, se encuentra en que las políticas energéticas de algunos países, que “no han seguido el camino necesario o correcto”.
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