Las últimas semanas de lluvias en cantidades prácticamente inéditas han dejado al descubierto un problema muy extendido en la comunidad andaluza: la existencia masiva de edificaciones construidas ilegalmente en terrenos rústicos que, por su localización en zonas inundables y rurales, son especialmente sensibles a los desastres naturales. Esto es algo que ha quedado de manifiesto con el paso de las borrascas, que han provocado el desalojo de gran cantidad de viviendas edificadas sin autorización, muchas de ellas cercanas a la ribera de los ríos que han acabado por desbordarse. Ante este panorama, la Junta se ha decidido a actuar con la ley en la mano. La inspección urbanística y de ordenación del territorio para hacer frente a la construcción de edificaciones ilegales sobre suelo rústico se cerró en 2025 con 1.986 actuaciones, destacando, un año más, los precintos, que sumaron 1.590 desde la entrada en vigor en 2021 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista).. Esta práctica, inexistente antes de 2019, ha experimentado un profundo crecimiento desde los cambios normativos introducidos por la Lista, que otorga competencia directa a la Junta para actuar frente a infracciones con incidencia territorial. Con los precintos, la Junta de Andalucía mantiene la estrategia de los últimos años de priorizar las actuaciones en edificaciones ilegales sobre suelo rústico en fase temprana. En 2025, se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, una cifra algo inferior a la de 2024, pero similar a la de los ejercicios anteriores (2022 y 2023). No obstante, la labor inspectora no se limitó el año pasado al precinto inicial, sino que se añadieron más actuaciones de verificación de que las parcelas ya intervenidas no se reiniciaban. Sobre este punto, la inspección urbanística ha efectuado más de 400 reprecintos, elevando las actuaciones del año pasado a más de 700 edificaciones o parcelas ilegales. En este balance también se informa del levantamiento de 612 actas de inspección y del inicio de expedientes de protección de la legalidad en relación con 484 edificaciones, 12 veces más que en 2018. Además, se viene desarrollando una constante colaboración con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal; la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes.. A modo de ejemplo, durante 2025 se emitieron 160 informes periciales relacionados con delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a instancias del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, una cifra récord. Por otra parte, se han abierto 155 procedimientos sancionadores e iniciado 178 multas coercitivas por importe superior a los cuatro millones de euros (4.245.636 euros). Estas nuevas políticas en materia de ordenación del territorio, basadas en multas coercitivas progresivas, han supuesto un cambio de mentalidad del infractor, que trata de reincidir menos y busca restablecer el daño ocasionado.. Por ejemplo, se han producido ya 54 autodemoliciones en 2025, que van desde la eliminación de vallados y otros elementos comunes en parcelaciones ilegales sobre suelo rústico hasta la demolición y retirada de edificaciones, piscinas, casetas prefabricadas y otras construcciones ilegales. La Consejería de Fomento remarca así su apuesta por «la inspección autonómica para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas que el urbanismo ilegal produce en el territorio», muchas de las cuales se han plasmado de forma evidente con el paso de las borrascas Leonardo y Marta, que han destapado las carencias habitacionales de este tipo de viviendas.
La Junta precinta 1.590 edificaciones en suelo rústico de las cuales muchas se derribarán tras el paso de las borrascas
Las últimas semanas de lluvias en cantidades prácticamente inéditas han dejado al descubierto un problema muy extendido en la comunidad andaluza: la existencia masiva de edificaciones construidas ilegalmente en terrenos rústicos que, por su localización en zonas inundables y rurales, son especialmente sensibles a los desastres naturales. Esto es algo que ha quedado de manifiesto con el paso de las borrascas, que han provocado el desalojo de gran cantidad de viviendas edificadas sin autorización, muchas de ellas cercanas a la ribera de los ríos que han acabado por desbordarse. Ante este panorama, la Junta se ha decidido a actuar con la ley en la mano. La inspección urbanística y de ordenación del territorio para hacer frente a la construcción de edificaciones ilegales sobre suelo rústico se cerró en 2025 con 1.986 actuaciones, destacando, un año más, los precintos, que sumaron 1.590 desde la entrada en vigor en 2021 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista).. Esta práctica, inexistente antes de 2019, ha experimentado un profundo crecimiento desde los cambios normativos introducidos por la Lista, que otorga competencia directa a la Junta para actuar frente a infracciones con incidencia territorial. Con los precintos, la Junta de Andalucía mantiene la estrategia de los últimos años de priorizar las actuaciones en edificaciones ilegales sobre suelo rústico en fase temprana. En 2025, se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, una cifra algo inferior a la de 2024, pero similar a la de los ejercicios anteriores (2022 y 2023). No obstante, la labor inspectora no se limitó el año pasado al precinto inicial, sino que se añadieron más actuaciones de verificación de que las parcelas ya intervenidas no se reiniciaban. Sobre este punto, la inspección urbanística ha efectuado más de 400 reprecintos, elevando las actuaciones del año pasado a más de 700 edificaciones o parcelas ilegales. En este balance también se informa del levantamiento de 612 actas de inspección y del inicio de expedientes de protección de la legalidad en relación con 484 edificaciones, 12 veces más que en 2018. Además, se viene desarrollando una constante colaboración con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal; la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes.. A modo de ejemplo, durante 2025 se emitieron 160 informes periciales relacionados con delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a instancias del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, una cifra récord. Por otra parte, se han abierto 155 procedimientos sancionadores e iniciado 178 multas coercitivas por importe superior a los cuatro millones de euros (4.245.636 euros). Estas nuevas políticas en materia de ordenación del territorio, basadas en multas coercitivas progresivas, han supuesto un cambio de mentalidad del infractor, que trata de reincidir menos y busca restablecer el daño ocasionado.. Por ejemplo, se han producido ya 54 autodemoliciones en 2025, que van desde la eliminación de vallados y otros elementos comunes en parcelaciones ilegales sobre suelo rústico hasta la demolición y retirada de edificaciones, piscinas, casetas prefabricadas y otras construcciones ilegales. La Consejería de Fomento remarca así su apuesta por «la inspección autonómica para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas que el urbanismo ilegal produce en el territorio», muchas de las cuales se han plasmado de forma evidente con el paso de las borrascas Leonardo y Marta, que han destapado las carencias habitacionales de este tipo de viviendas.
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