La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia, ha acordado este miércoles citar a declarar a 39 nuevos testigos, entre agentes medioambientales y bomberos forestales.. Los nuevos testigos, cuyas comparecencias aún no tienen fecha, son 10 agentes medioambientales o guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), 8 bomberos forestales y 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.. Estas citaciones se han acordado después de que la magistrada solicitara a la CHJ que identificara a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana hicieron labores de vigilancia en la demarcación; al Centro de Emergencias de la Generalitat que especificara qué bomberos forestales vigilaron el río Magro y el barranco del Poyo; y a la Conselleria de Medio Ambiente qué agentes medioambientales hicieron sus funciones en la provincia de Valencia.. Con la información aportada por cada departamento, la jueza ha acordado que testifiquen 10 agentes o guardas de la CHJ; los 8 bomberos forestales que vigilaron el río Magro en el área del puente de Carlet (los de la unidad de Alzira) y en el barranco del Poyo el área de Torrent-Picanya-Paiporta (la unidad de bomberos forestales de Buñol).. En cuanto a la CHJ, las citaciones se producen tras haber solicitado al organismo de cuenca que identificara a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana realizaron labores de control y vigilancia en la demarcación hidrográfica de dicho organismo e informara de las zonas, sectores y municipios donde desempeñaron su cometido.. Asimismo, tendrán que testificar 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente que vigilaron cauces de las demarcaciones forestales de Chelva, Requena, Llíria y Polinyà de Xúquer/Azira, en municipios como Sot de Chera, Alborache, Siete Aguas, L’Eliana, Quart de Poblet, Chiva, Requena y Turís o en L’Albufera de Valéncia.. Desde diciembre de 2024, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha tomado declaración a más de 400 testigos en esta causa que investiga «la conexión entre la pasividad, el retraso manifiesto y de forma errónea en el aviso a la población, y la pérdida de las 230 vidas».. Por otra parte, en otro auto la magistrada ha denegado la inclusión como víctima mortal de la dana de un hombre fallecido el 2 de diciembre de 2024 y que estaba en Paiporta el día de la dana, al considerar que no existe una relación de causalidad entre su muerte y los hechos que se investigan en el procedimiento.. La instructora ha adoptado esta decisión, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, tras recibir un informe forense que concluye que la causa inicial o fundamental del fallecimiento de esa persona fue una sepsis urinaria en el contexto de diversas patologías crónicas.. El hombre fue atendido el 30 de noviembre en el Hospital de la Ribera por cuadro clínico de dos días de evolución de deterioro de su estado general y signos clínicos que mostraba cuadro de infección de tracto urinario, acordándose alta y tratamiento ambulatorio al encontrarse hemodinámicamente estable, y falleció el 2 de diciembre en la residencia de Carlet.
Estas citaciones se han acordado después de que la magistrada solicitara a la CHJ que identificara a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana hicieron labores de vigilancia en la demarcación
La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia, ha acordado este miércoles citar a declarar a 39 nuevos testigos, entre agentes medioambientales y bomberos forestales.. Los nuevos testigos, cuyas comparecencias aún no tienen fecha, son 10 agentes medioambientales o guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), 8 bomberos forestales y 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.. Estas citaciones se han acordado después de que la magistrada solicitara a la CHJ que identificara a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana hicieron labores de vigilancia en la demarcación; al Centro de Emergencias de la Generalitat que especificara qué bomberos forestales vigilaron el río Magro y el barranco del Poyo; y a la Conselleria de Medio Ambiente qué agentes medioambientales hicieron sus funciones en la provincia de Valencia.. Con la información aportada por cada departamento, la jueza ha acordado que testifiquen 10 agentes o guardas de la CHJ; los 8 bomberos forestales que vigilaron el río Magro en el área del puente de Carlet (los de la unidad de Alzira) y en el barranco del Poyo el área de Torrent-Picanya-Paiporta (la unidad de bomberos forestales de Buñol).. En cuanto a la CHJ, las citaciones se producen tras haber solicitado al organismo de cuenca que identificara a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana realizaron labores de control y vigilancia en la demarcación hidrográfica de dicho organismo e informara de las zonas, sectores y municipios donde desempeñaron su cometido.. Asimismo, tendrán que testificar 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente que vigilaron cauces de las demarcaciones forestales de Chelva, Requena, Llíria y Polinyà de Xúquer/Azira, en municipios como Sot de Chera, Alborache, Siete Aguas, L’Eliana, Quart de Poblet, Chiva, Requena y Turís o en L’Albufera de Valéncia.. Desde diciembre de 2024, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha tomado declaración a más de 400 testigos en esta causa que investiga «la conexión entre la pasividad, el retraso manifiesto y de forma errónea en el aviso a la población, y la pérdida de las 230 vidas».. Por otra parte, en otro auto la magistrada ha denegado la inclusión como víctima mortal de la dana de un hombre fallecido el 2 de diciembre de 2024 y que estaba en Paiporta el día de la dana, al considerar que no existe una relación de causalidad entre su muerte y los hechos que se investigan en el procedimiento.. La instructora ha adoptado esta decisión, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, tras recibir un informe forense que concluye que la causa inicial o fundamental del fallecimiento de esa persona fue una sepsis urinaria en el contexto de diversas patologías crónicas.. El hombre fue atendido el 30 de noviembre en el Hospital de la Ribera por cuadro clínico de dos días de evolución de deterioro de su estado general y signos clínicos que mostraba cuadro de infección de tracto urinario, acordándose alta y tratamiento ambulatorio al encontrarse hemodinámicamente estable, y falleció el 2 de diciembre en la residencia de Carlet.
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