Galicia podría salir claramente perjudicada del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno central. Así lo advirtió este martes el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que cifró en casi 1.000 millones de euros el impacto negativo para la comunidad, sumando un aumento efectivo de la deuda y una financiación por debajo de la media de las autonomías de régimen común.. En su comparecencia ante el Parlamento de Galicia, Corgos explicó que la propuesta incluye una supuesta condonación de deuda que, en realidad, “es una mutualización”: aunque la deuda autonómica de Galicia se reduciría en unos 4.000 millones, la participación de los gallegos en la deuda del Estado aumentaría en 4.600 millones. A esto se suma que la comunidad recibiría 305 millones menos que el promedio de las comunidades de régimen común en el nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA).. “Un modelo hecho a medida de una comunidad”. El conselleiro alertó de que el esquema planteado por el Ejecutivo estatal rompe con los principios tradicionales del sistema. “Se sustituye la solidaridad por la ordinalidad”, señaló, de modo que las comunidades pasarían a recibir recursos en función de lo que aportan al fondo común y no de lo que necesitan para garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones.. En la práctica, advirtió, esto situaría por primera vez a Galicia “peor financiada que nunca”, al quedar por debajo de territorios con mayor capacidad recaudatoria.. Según detalló, aunque el Gobierno anuncia un incremento global de 21.000 millones en la financiación autonómica, Galicia solo recibiría el 2,8% de ese aumento, pese a representar el 6% de la población total y el 6,5% de la población ajustada. “Es una propuesta especialmente perjudicial para nuestra comunidad”, resumió Corgos, que la calificó de diseñada “a medida para una comunidad”, en alusión a Cataluña, en detrimento del resto.. Menos recursos de los anunciados. El responsable de Facenda también cuestionó las cifras oficiales. A su juicio, el incremento real de recursos no sería de 21.000 millones, sino de unos 16.000 millones, al incluirse impuestos ya recaudados por las autonomías. En el caso gallego, esto supondría pasar de los 587 millones anunciados a menos de 400 millones efectivos, lo que llevaría a Galicia de estar ligeramente por encima de la media de financiación (103%) a caer hasta el 96%, situándose en las últimas posiciones del sistema.. Además, denunció que el modelo resta peso a factores clave para Galicia, como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, y crea dos fondos discrecionales de los que la comunidad solo percibiría algo más del 1% del total.. Llamamiento a una “posición de país”. Corgos insistió en que el rechazo de la Xunta no responde a una postura partidista y recordó que todas las comunidades autónomas han expresado su oposición al modelo por considerar que vulnera los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución. También citó el respaldo a estas críticas de organismos independientes como el Foro Económico de Galicia o Fedea.. Por todo ello, apeló a los grupos parlamentarios a exigir al Gobierno central la retirada de la propuesta y a trabajar por un sistema que premie la buena gestión y reconozca los mayores costes que afronta Galicia para prestar servicios públicos. “La responsabilidad fiscal y la gestión eficiente del gasto son pilares inseparables de un sistema justo y sostenible en el tiempo”, concluyó.. Disparidad en la oposición. Este rechazo frontal del Gobierno gallego al nuevo modelo de financiación no fue compartido por los grupos de la oposición. Desde el PSOE, la diputada Patricia Iglesias acusó a la Xunta de “renunciar a negociar una mejor financiación para Galicia” por seguir, a su juicio, “la estrategia marcada desde Génova”.. La representante socialista reprochó al Ejecutivo gallego una “irresponsabilidad fiscal de libro”, al reclamar más recursos del Estado mientras, según afirmó, reduce ingresos propios mediante rebajas selectivas de impuestos. En este sentido, acusó a la Xunta de practicar “dumping fiscal” y de dejar de ingresar alrededor de 800 millones de euros por beneficiar a las rentas y patrimonios más altos.. Por su parte, el BNG apeló a situar los intereses de Galicia por encima de las siglas. La diputada Noa Presas calificó la propuesta del Gobierno central de “insultante” y la definió como “centralista, inconsistente e injusta”, al considerar que empeora un sistema que ya era desfavorable para la comunidad. No obstante, criticó también la posición del Ejecutivo gallego por negarse a explorar una negociación bilateral con el Estado.. Presas tendió la mano del Bloque para avanzar hacia un “sistema justo para Galicia” y defendió la necesidad de que la comunidad “tenga la llave de su dinero”, reiterando la apuesta del BNG por un modelo de concierto económico propio.
El conselleiro de Facenda subraya que la propuesta sustituye la solidaridad por la ordinalidad y penaliza a la comunidad por su envejecimiento y dispersión
Galicia podría salir claramente perjudicada del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno central. Así lo advirtió este martes el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que cifró en casi 1.000 millones de euros el impacto negativo para la comunidad, sumando un aumento efectivo de la deuda y una financiación por debajo de la media de las autonomías de régimen común.. En su comparecencia ante el Parlamento de Galicia, Corgos explicó que la propuesta incluye una supuesta condonación de deuda que, en realidad, “es una mutualización”: aunque la deuda autonómica de Galicia se reduciría en unos 4.000 millones, la participación de los gallegos en la deuda del Estado aumentaría en 4.600 millones. A esto se suma que la comunidad recibiría 305 millones menos que el promedio de las comunidades de régimen común en el nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA).. “Un modelo hecho a medida de una comunidad”. El conselleiro alertó de que el esquema planteado por el Ejecutivo estatal rompe con los principios tradicionales del sistema. “Se sustituye la solidaridad por la ordinalidad”, señaló, de modo que las comunidades pasarían a recibir recursos en función de lo que aportan al fondo común y no de lo que necesitan para garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones.. En la práctica, advirtió, esto situaría por primera vez a Galicia “peor financiada que nunca”, al quedar por debajo de territorios con mayor capacidad recaudatoria.. Según detalló, aunque el Gobierno anuncia un incremento global de 21.000 millones en la financiación autonómica, Galicia solo recibiría el 2,8% de ese aumento, pese a representar el 6% de la población total y el 6,5% de la población ajustada. “Es una propuesta especialmente perjudicial para nuestra comunidad”, resumió Corgos, que la calificó de diseñada “a medida para una comunidad”, en alusión a Cataluña, en detrimento del resto.. Menos recursos de los anunciados. El responsable de Facenda también cuestionó las cifras oficiales. A su juicio, el incremento real de recursos no sería de 21.000 millones, sino de unos 16.000 millones, al incluirse impuestos ya recaudados por las autonomías. En el caso gallego, esto supondría pasar de los 587 millones anunciados a menos de 400 millones efectivos, lo que llevaría a Galicia de estar ligeramente por encima de la media de financiación (103%) a caer hasta el 96%, situándose en las últimas posiciones del sistema.. Además, denunció que el modelo resta peso a factores clave para Galicia, como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, y crea dos fondos discrecionales de los que la comunidad solo percibiría algo más del 1% del total.. Llamamiento a una “posición de país”. Corgos insistió en que el rechazo de la Xunta no responde a una postura partidista y recordó que todas las comunidades autónomas han expresado su oposición al modelo por considerar que vulnera los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución. También citó el respaldo a estas críticas de organismos independientes como el Foro Económico de Galicia o Fedea.. Por todo ello, apeló a los grupos parlamentarios a exigir al Gobierno central la retirada de la propuesta y a trabajar por un sistema que premie la buena gestión y reconozca los mayores costes que afronta Galicia para prestar servicios públicos. “La responsabilidad fiscal y la gestión eficiente del gasto son pilares inseparables de un sistema justo y sostenible en el tiempo”, concluyó.. Disparidad en la oposición. Este rechazo frontal del Gobierno gallego al nuevo modelo de financiación no fue compartido por los grupos de la oposición. Desde el PSOE, la diputada Patricia Iglesias acusó a la Xunta de “renunciar a negociar una mejor financiación para Galicia” por seguir, a su juicio, “la estrategia marcada desde Génova”.. La representante socialista reprochó al Ejecutivo gallego una “irresponsabilidad fiscal de libro”, al reclamar más recursos del Estado mientras, según afirmó, reduce ingresos propios mediante rebajas selectivas de impuestos. En este sentido, acusó a la Xunta de practicar “dumping fiscal” y de dejar de ingresar alrededor de 800 millones de euros por beneficiar a las rentas y patrimonios más altos.. Por su parte, el BNG apeló a situar los intereses de Galicia por encima de las siglas. La diputada Noa Presas calificó la propuesta del Gobierno central de “insultante” y la definió como “centralista, inconsistente e injusta”, al considerar que empeora un sistema que ya era desfavorable para la comunidad. No obstante, criticó también la posición del Ejecutivo gallego por negarse a explorar una negociación bilateral con el Estado.. Presas tendió la mano del Bloque para avanzar hacia un “sistema justo para Galicia” y defendió la necesidad de que la comunidad “tenga la llave de su dinero”, reiterando la apuesta del BNG por un modelo de concierto económico propio.
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