Huelva sigue en duelo tras la trágica y repentina pérdida de 27 personas nacidas en la provincia en el fatídico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Las familias y los seres queridos de los fallecidos afrontan ahora dos grandes retos que sumar a su irreparable pérdida; por un lado, la incapacidad del Gobierno para organizar un funeral válido para todas las partes implicadas; y por otra parte, la perspectiva de una larga, dura y compleja batalla judicial que aclare las responsabilidades penales pertinentes.. La celeridad con la que se propuso celebrar un homenaje de Estado a las víctimas, inicialmente previsto para el 31 de enero, sorprendió a propios y extraños. Otras ocasiones recientes dan muestra de la extrañeza: si pensamos en los funerales en recuerdo a los fallecidos por la covid o la más reciente celebración del homenaje a quienes murieron en la dana de Valencia, ambos eventos tuvieron lugar más de un año después de que sucedieran las respectivas tragedias. En el caso de Adamuz, finalmente Junta de Andalucía y Gobierno de España han decidido aplazar «sine die» el mencionado funeral estatal. Esto se debe a varios motivos: En primer lugar, la mencionada cercanía a los hechos, menos de un mes de distancia; después está el desacuerdo en la forma de celebrarlo, muchos piden un acto católico en lugar de una celebración laica; y por último, está el hecho de que muchas de las víctimas no desean coincidir con quienes consideran los responsables políticos de las muertes de sus seres queridos.. En otro orden de cosas está la cuestión judicial, y es que las víctimas y sus familias han decidido que la unión es un buen camino para afrontar las consecuencias de la tragedia. En este contexto, ha nacido en Huelva la «Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz», una entidad creada con la vocación de servir de apoyo humano y escudo legal para los damnificados. La iniciativa surge ante la necesidad de coordinar los esfuerzos de decenas de personas que, de la noche a la mañana, se han visto inmersas en un complejo proceso judicial y médico. La plataforma busca centralizar todas las actuaciones derivadas del siniestro para garantizar que los heridos, con secuelas tanto físicas como psicológicas, y los familiares de los fallecidos actúen bajo una sola voz, para que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales correspondientes.. Al frente de esta labor se sitúa el abogado onubense José Luis Orta Prieto, un profesional con más de 30 años de experiencia en procesos de gran calado social. Orta, conocido por su intervención en casos históricos como el de la Asociación de Bebés Robados de Huelva o el atropello múltiple de Gibraleón de octubre de 2022, buscar, en estos momentos, según explica a LA RAZÓN, priorizar el asesoramiento y la orientación sobre la mera gestión procesal.. El origen de la plataforma no ha sido un movimiento corporativo, aclara, sino una respuesta orgánica a la demanda de auxilio de los ciudadanos. Según explica, la idea se gestó tras recibir varias llamadas que buscaban ayuda sobre cómo actuar después de una tragedia de la magnitud de la que ha ocurrido: «Huelva es una ciudad pequeña y me estaban llamando algunos familiares o amigos. Cuando ya había un número de cuatro, cinco o seis familias, decidí unificar todo para darles voz», indica el letrado. «Es un tema delicado en el que lo más importante es atender a las víctimas a nivel psicológico», algo que de momento hace de forma altruista: «Me gusta mi trabajo y veo esto como una labor social». Con ello, deja claro que no está realizando una labor de captación de clientes, después de que desde el Colegio de Abogados de Huelva se haya recordado expresamente que esto «está expresamente prohibido por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional». Lo suyo, asegura, es vocación de servicio. Una vocación de servicio que se cimentó durante los doce años que dedicó a la causa de los bebés robados, un periodo en el que, según relata, la satisfacción de ayudar a familias sin recursos económicos superaba cualquier consideración financiera: «Hay parte de mi trabajo que no se cobra porque te llena de otra forma», asegura el abogado.
Familiares de los onubenses afectados por el accidente confluyen en una plataforma legal con el objetivo de aunar esfuerzos
Huelva sigue en duelo tras la trágica y repentina pérdida de 27 personas nacidas en la provincia en el fatídico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Las familias y los seres queridos de los fallecidos afrontan ahora dos grandes retos que sumar a su irreparable pérdida; por un lado, la incapacidad del Gobierno para organizar un funeral válido para todas las partes implicadas; y por otra parte, la perspectiva de una larga, dura y compleja batalla judicial que aclare las responsabilidades penales pertinentes.. La celeridad con la que se propuso celebrar un homenaje de Estado a las víctimas, inicialmente previsto para el 31 de enero, sorprendió a propios y extraños. Otras ocasiones recientes dan muestra de la extrañeza: si pensamos en los funerales en recuerdo a los fallecidos por la covid o la más reciente celebración del homenaje a quienes murieron en la dana de Valencia, ambos eventos tuvieron lugar más de un año después de que sucedieran las respectivas tragedias. En el caso de Adamuz, finalmente Junta de Andalucía y Gobierno de España han decidido aplazar «sine die» el mencionado funeral estatal. Esto se debe a varios motivos: En primer lugar, la mencionada cercanía a los hechos, menos de un mes de distancia; después está el desacuerdo en la forma de celebrarlo, muchos piden un acto católico en lugar de una celebración laica; y por último, está el hecho de que muchas de las víctimas no desean coincidir con quienes consideran los responsables políticos de las muertes de sus seres queridos.. En otro orden de cosas está la cuestión judicial, y es que las víctimas y sus familias han decidido que la unión es un buen camino para afrontar las consecuencias de la tragedia. En este contexto, ha nacido en Huelva la «Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz», una entidad creada con la vocación de servir de apoyo humano y escudo legal para los damnificados. La iniciativa surge ante la necesidad de coordinar los esfuerzos de decenas de personas que, de la noche a la mañana, se han visto inmersas en un complejo proceso judicial y médico. La plataforma busca centralizar todas las actuaciones derivadas del siniestro para garantizar que los heridos, con secuelas tanto físicas como psicológicas, y los familiares de los fallecidos actúen bajo una sola voz, para que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales correspondientes.. Al frente de esta labor se sitúa el abogado onubense José Luis Orta Prieto, un profesional con más de 30 años de experiencia en procesos de gran calado social. Orta, conocido por su intervención en casos históricos como el de la Asociación de Bebés Robados de Huelva o el atropello múltiple de Gibraleón de octubre de 2022, buscar, en estos momentos, según explica a LA RAZÓN, priorizar el asesoramiento y la orientación sobre la mera gestión procesal.. El origen de la plataforma no ha sido un movimiento corporativo, aclara, sino una respuesta orgánica a la demanda de auxilio de los ciudadanos. Según explica, la idea se gestó tras recibir varias llamadas que buscaban ayuda sobre cómo actuar después de una tragedia de la magnitud de la que ha ocurrido: «Huelva es una ciudad pequeña y me estaban llamando algunos familiares o amigos. Cuando ya había un número de cuatro, cinco o seis familias, decidí unificar todo para darles voz», indica el letrado. «Es un tema delicado en el que lo más importante es atender a las víctimas a nivel psicológico», algo que de momento hace de forma altruista: «Me gusta mi trabajo y veo esto como una labor social». Con ello, deja claro que no está realizando una labor de captación de clientes, después de que desde el Colegio de Abogados de Huelva se haya recordado expresamente que esto «está expresamente prohibido por el Código Deontológico de la Abogacía y supone un atentado muy grave contra la ética profesional». Lo suyo, asegura, es vocación de servicio. Una vocación de servicio que se cimentó durante los doce años que dedicó a la causa de los bebés robados, un periodo en el que, según relata, la satisfacción de ayudar a familias sin recursos económicos superaba cualquier consideración financiera: «Hay parte de mi trabajo que no se cobra porque te llena de otra forma», asegura el abogado.
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