El Partido Animalista PACMA denuncia el intento de regularizar como espectáculos las clases prácticas de las escuelas taurinas, permitiendo la participación de menores desde los 14 años “en actividades en las que los animales son heridos y matados en presencia de público”. Por ello, ha presentado una demanda tras interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares del Ejecutivo autonómico, publicado el pasado mes de julio, después de que el Gobierno de Ayuso ignorase las alegaciones presentadas por la formación política durante el trámite administrativo de audiencia pública.. Seguir leyendo
El partido animalista lleva a los tribunales el nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Madrid
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El Partido Animalista PACMA ha presentado una demanda tras interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares del Ejecutivo autonómico, publicado el pasado mes de julio, después de que el Gobierno de Ayuso ignorase las alegaciones presentadas por la formación política durante el trámite administrativo de audiencia pública. Denuncia el intento de regularizar como espectáculos las clases prácticas de las escuelas taurinas, permitiendo la participación de menores desde los 14 años “en actividades en las que los animales son heridos y matados en presencia de público”.. Así lo expresa en referencia a la iniciativa en la que los adolescentes practican con novillos de hasta tres años, edad a la que ya pasan a considerarse toros. Esta actividad se realiza desde hace años, pero con la nueva normativa la presencia de público está autorizada, lo que a juicio de PACMA supone convertir una clase en un espectáculo con audiencia. “Ya lo hacían antes, por ejemplo en Villavieja del Lozoya anunciaban una clase práctica que camuflaba una novillada, pero ahora pretenden concederle amparo legal”, explica la asesora jurídica de la formación, Eva Ramos.. A nivel estatal, el Reglamento de Espectáculos Taurinos regula por separado las clases prácticas y los espectáculos, como pueden ser las novilladas o las corridas de toros. Además, establece una edad mínima de 16 años para apuntarse a estos últimos. “Pero como se puede ser alumno de una escuela de tauromaquia desde los 14 años, al contemplar la asistencia de espectadores a las clases prácticas, el Gobierno de Ayuso las convierte en espectáculo”, refiere Ramos.. Explica que en este tipo de representaciones públicas solo deben participar novilleros, banderilleros o rejonadores, inscritos en el registro de profesionales taurinos, cuya edad mínima asciende a los 16 años. “Camuflan novilladas en clases prácticas con niños de 14 y 15 ofreciendo un espectáculo público”, insiste. “Legalizan algo que ya hacían antes sin amparo de una normativa”, prosigue.. También le preocupan las medidas de seguridad. Piensa que en las clases prácticas no se tienen en cuenta los requisitos exigidos para las exhibiciones públicas, como la necesidad de contar con cuatro burladeros o una altura mínima del muro que separa al animal del público, lo que a su juicio afecta a la seguridad.. Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que no tienen “dudas de la legalidad del reglamento”. Mientras tanto, Ramos insiste en que el Gobierno de Ayuso defiende que son clases de escuelas taurinas en las que no se cobra entrada, algo que ella considera indiferente porque se convoca a una audiencia. SegúnlaLey 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, cualquier actividad organizada con espectadores se considera una función pública. Esta misma normativa prohíbe las prácticas que impliquen crueldad o maltrato para los animales, a excepción de los espectáculos taurinos.. La formación animalista subraya “la incoherencia jurídica y ética del texto que, por un lado, prohíbe expresamente herir o dar muerte a las reses en festejos populares, pero sí lo permite en las clases prácticas con público, en actividades en las que pueden intervenir menores de edad”. Desde PACMA consideran que el reglamento no solo contraviene la legislación estatal, sino que fomenta la violencia contra los animales y su normalización entre la infancia y la juventud.. Catálogo de festejos taurinos. La demanda también pone el foco “en la pretensión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de ampliar el catálogo de festejos taurinos autorizables en la región, incluyendo espectáculos propios de otras comunidades autónomas e incluso de otros países”. PACMA advierte de que esta medida vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que el reglamento estatal exige que estas celebraciones tradicionales tengan un desarrollo continuado y prolongado en el tiempo en la localidad donde se desarrollan, requisito que el reglamento madrileño pretende eludir, a juicio del partido animalista.. “Los espectáculos tradicionales van más allá de lo que se le puede hacer a los toros en los festejos populares, en los que está prohibido tocarlos, pincharlos, herirlos y maltratarlos. Por ejemplo, en el Toro de Júbilo de Medinaceli se permite, por una tradición que supera los 200 años de antigüedad, embolar al animal, es decir, ponerle bolas de fuego en los cuernos dentro de una plaza. En el resto de Castilla y León no se autoriza llevar a cabo esta práctica”, explica Ramos.. Pero con el nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Madrid ahora se podría celebrar el Toro de Júbilo de Medinaceli o el Toro de la Vega en la capital, según explica la asesora jurídica de la formación antes de advertir que el Ejecutivo Autonómico madrileño es uno de los que más apoya la tauromaquia al “destinarle millones y millones”.. El recurso, que ya fue admitido a trámite, entra ahora en su fase sustantiva con la presentación de la demanda, en la que PACMA expone los argumentos jurídicos para la impugnación del reglamento, al considerar que incurre en graves irregularidades legales y supone un retroceso inadmisible en materia de protección animal.. Desde la formación insisten en que la normativa autonómica busca blindar y expandir la tauromaquia “en un contexto social cada vez más contrario a estas prácticas”. Acusan al Gobierno autonómico de “proteger los intereses del lobby taurino, incluso a costa de la legalidad y de la protección de los menores”. Confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule la norma, regresiva y contraria al interés general, a su juicio.
