Enel, la eléctrica italiana dueña de Endesa, ya está anticipando a sus inversores, entre los que destaca el propio Estado transalpino (primer accionista de la compañía, con el 23,6% del capital), el potencial impacto que podría tener la extensión de vida de las centrales nucleares en España, uno de los temas capitales en los enfrentamientos de política económica entre Gobierno y oposición en España.. Seguir leyendo
La multinacional italiana advierte a sus inversores de que “cualquier cambio futuro en el PNIEC podría afectar a la vida útil restante de las instalaciones” y a “la cuantía de los gastos asociados al desmantelamiento”
Enel, la eléctrica italiana dueña de Endesa, ya está anticipando a sus inversores, entre los que destaca el propio Estado transalpino (primer accionista de la compañía, con el 23,6% del capital), el potencial impacto que podría tener la extensión de vida de las centrales nucleares en España, uno de los temas capitales en los enfrentamientos de política económica entre Gobierno y oposición en España.. La energética hace hincapié en la situación del calendario pactado entre las empresas y Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, en 2019, que contemplaba la clausura ordenada de los siete reactores activos entre 2027 y 2035. Según documentación que ha remitido recientemente al mercado, Enel considera que “cualquier cambio futuro en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) podría afectar a la vida útil restante de las instalaciones nucleares de Endesa y, potencialmente, al calendario y la cuantía de los gastos asociados al desmantelamiento”.. En este sentido, la propietaria del 70% de Endesa explica en un prospecto de deuda remitido el pasado 23 de diciembre a la bolsa de Irlanda que “el PNIEC actualizado para el periodo 2023-2030, publicado en septiembre de 2024, no incluye cambios en materia nuclear respecto a la versión anterior. No obstante, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, el primer reactor cuyo cierre está previsto para 2027, presentaron una propuesta para extender la operación de la central hasta 2030, alegando motivos de seguridad de suministro y estabilidad del sistema eléctrico”.. Con este panorama, para Enel es importante la actual situación regulatoria en España ya que, según explica “a lo largo de 2025, ha habido presión política para reconsiderar el cierre del parque nuclear español”. Y es que partidos como PP, Vox o Junts per Catalunya, que suman mayoría en el parlamento, se han mostrado favorables al mantenimiento de las plantas atómicas y apostar por esta energía en los próximos años.. Lo que pueda ocurrir con las centrales nucleares en España es crítico para Endesa, y por tanto para Enel y el Gobierno de Italia como propietario último de la utility española, que es una pata fundamental del grupo: aporta 1.000 millones de euros en dividendos al año aproximadamente. Casi uno de cada cuatro euros de esta cantidad va a parar al Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente controlado por el Ejecutivo de Giorgia Meloni.. Y entre los activos nucleares de Endesa, destaca la propiedad de casi la mitad del parque atómico nacional: Endesa es el segundo máximo accionista de Almaraz I y II y primer propietario de Ascó I y II y Vandellós, además de contar con una posición residual en Trillo. Es decir, que el futuro nuclear es clave también para el devenir de la compañía en los próximos años, ya que la generación nuclear es clave para cubrir una parte de la cartera de los clientes que tiene, la mayor de España junto con Iberdrola.. Además, también es importante el futuro nuclear en España para Enel desde el punto de vista contable. Actualmente, la energética tiene amortizadas varias plantas a 50 años, con lo que, de cerrarse antes de ese plazo, tendría que apuntar un deterioro contra sus resultados, a diferencia de lo que les tocaría hacer a sus competidores, que ya ajustaron los plazos de amortización. De esta manera, una ampliación de vida, supondría una ganancia extra, además de la reducción de la tasa a Enresa por el desmantelamiento.. De hecho, Endesa aguantó el tirón después de que se pactara el calendario nuclear hace seis años. Pese a la presión para que cambiara entonces la amortización de sus plantas, la compañía prefirió esperar al momento definitivo del cierre. Y el tiempo, en parte, le está dando la razón, ya que justo cuando había de tomarse la decisión definitiva de cierre, la cuestión está en el aire.. Negociaciones de alta tensión en 2025. El Gobierno, hasta ahora, no ha tomado ninguna decisión que contravenga el PNIEC. Sin embargo, durante el recién concluido 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica se abrió a estudiar una hipotética revisión del calendario de cierre siempre y cuando se cumplieran tres condiciones: que fuera seguro desde el punto de vista de la seguridad nuclear, que también lo fuera en cuanto a la seguridad de suministro en España y que no tuviera un coste para el consumidor ni para el contribuyente. Es decir, que no podría haber una rebaja de impuestos.. Durante meses, las compañías eléctricas presionaron para que el Ejecutivo se aviniera a reducir la carga fiscal de esta tecnología como condición a la petición de una ampliación de vida de Almaraz, ya que las decisiones sobre la clausura del primer reactor se deben tomar ya, dado que su cierre está previsto para noviembre de 2027.. La petición de rebaja de impuestos se produjo durante la primavera y el verano en un contexto altamente delicado, después de que el apagón del 28 de abril generase una fuerte tensión entre las partes con cruces de acusaciones de responsabilidad por el histórico incidente en el sistema eléctrico español.. Finalmente, el departamento liderado por Sara Aagesen aguantó el tirón y las compañías propietarias de Almaraz, tal y como advierte ahora Enel, solicitaron la prórroga de la central extremeña hasta 2030. Sus esfuerzos sobre los responsables políticos, no en vano, no fue inocuo. Tanto la Comunidad Valenciana como la Junta de Extremadura, ambas gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de Vox, se plegaron a reducir la carga fiscal autonómica impuesta a las nucleares.. Sea como sea, la situación aún es incierta. Tras la petición de prórroga de Almaraz de las eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica dio traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que estudie dicha prórroga. El organismo independiente ha solicitado más documentación a las empresas para evaluar este proceso. Dicha petición de prórroga no excluye la tramitación de cierre, por si finalmente se decidiera la clausura. Además, Enresa mantiene la contratación de los servicios necesarios para el desmantelamiento.. Sin embargo, en el sector se da por hecho que el CSN hará un informe favorable a la extensión de vida útil, condicionado a las inversiones necesarias para cumplir con la seguridad. Una vez se dé este paso, tendrá que ser el Gobierno quien tome la decisión de si cerrar o prorrogar. Dicha decisión, que se espera para este 2026, será uno de los movimientos más relevantes de la política energética nacional, ya que las empresas esperan que las prórrogas nucleares no acaben en Almaraz. De ahí el interés que Enel revela a sus inversores.. La cuestión es estratégica. Una prórroga nuclear permite a Iberdrola, Endesa y Naturgy mantener una posición de dominio sobre la generación eléctrica nacional frente a otros actores emergentes, muchos de ellos internacionales, que están apostando por las energías renovables. La partida afecta a miles de millones de inversión y, eventualmente, al coste de la factura que pagan los consumidores.
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