Los aplausos en la bancada del Partido Popular hacían visible la importancia de la ley que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Valencia. A partir de ahora, será «casi imposible» conseguir una licencia en la capital valenciana para un nuevo apartamento turístico, como ha dicho orgullosa la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras aprobar la nueva ley que ordena todas las plazas turísticas de la ciudad.. «Es una estrategia de ciudad que quiere cambiar un paradigma: no somos solamente una ciudad de sol y playa que busca un turismo masivo low cost», ha reivindicado Catalá tras recibir el apoyo de Vox para aprobar la «norma más restrictiva del panorama nacional», como se congratulan desde el Gobierno popular.. «Queremos una ciudad donde las viviendas sean para los vecinos», ha dicho. Es la segunda vez en una semana que la alcaldesa defiende a los vecinos, tras decir que «sus derechos están siempre por encima» una vez la Justicia les dio la razón y pidió prohibir conciertos en el recinto de la Ciudad de Las Artes y las Ciencias. Una defensa que ahora busca liderar con la delicada crisis de la vivienda.. La ley en sí se articula en torno a tres «candados» que va de barrio a barrio: el primero es que no puede haber más de un 8% de viviendas dedicadas al turismo en total, contando hoteles, hostales o pisos turísticos por distrito; solo un 2% del total -es decir, como mucho una cuarta parte de las plazas turísticas- para licencias a apartamentos y por último un 85% de los bajos se blindan al comercio.. En el caso que todo eso se cumpla, viene lo más difícil: contar con el beneplácito vecinal y una edificación adaptada para facilitar la convivencia. Primero, solo podrán haber pisos turísticos en bajos o primeras plantas, pero en este último caso siempre y cuando no haya vecinos en ese mismo rellano. Además, para conseguir una licencia se necesitarán un 60% de votos a favor de una comunidad de vecinos. Aún si se consigue todo eso, falta lo más complicado: se necesita un acceso independiente y diferenciado desde la vía pública, o lo que es lo mismo, un patio y escalera propia.. La medida cuenta con el apoyo de Hosbec, la patronal hotelera. Su vicepresidente y líder en Valencia, Javier Vallés, ha valorado a LA RAZÓN como «muy apropiada» la medida, enfatizando en que regula todas las plazas turísticas y permite un marco normativo estable para el sector. «Lo han regulado muy acertadamente abriendo puertas y candados a la posibilidad de establecimientos nuevos en la ciudad. Si queremos jugar en Champions necesitamos una ciudad con capacidad hotelera suficiente para los grandes acontecimientos», ha defendido.. Por su parte, Francisco Guardeño, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, ha reconocido que se recogen aspectos «que las asociaciones vecinales hemos reclamado insistentemente para poner límites al crecimiento turístico», si bien ha lamentado que «sigue habiendo más de 9.000 apartamentos turísticos fuera de la ley» y que la regulación esté «llena de vacíos y excepciones».. Para defender la normativa, la alcaldesa de Valencia la contrapuso a lo que ha llamado «la barra libre de la izquierda» con respecto a las plazas turísticas. «En ocho años, la izquierda de esta ciudad no hizo nada para poner orden. Se puso de perfil ante la actividad ilegal con una nula inspección; les temblaron las piernas y no se atrevieron a aprobar una moratoria; y convirtieron el Cabanyal en la capital de pisos turísticos con una regulación claramente insuficiente y, encima mal hecha, que fue tumbada por los tribunales», afirmaba Catalá.. La alcaldesa ha acusado a PSPV y Compromís, que votaron en contra de la nueva ley, de permitir con sus medidas que «el 100%» de los bajos fueran reconvertidos a apartamentos turísticos y el 50% del total de viviendas, por un 2% máximo que tiene esta nueva normativa municipal. Catalá ha afirmado que de 2015 a 2023 la media anual era de 71 órdenes de cierre de pisos turísticos por las 449 en su mandato. Además, ha reivindicado que su Gobierno hace un 600% más de inspecciones con respecto al Botànic y que la moratoria establecida hasta ahora, que quedará sin efecto, ha supuesto la suspensión de 363 expedientes y 4.697 plazas turísticas evitadas.. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que con el Partido Popular gobernando en el Ayuntamiento de Valencia «se está permitiendo la especulación a puerta ancha» y ha denunciado «una invasión de apartamentos turísticos de las que este ayuntamiento no quiere hablar».. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha afirmado que rechazan la propuesta porque no ayuda a limitar el incremento del precio de compra de vivienda y de alquileres en «una ciudad tensionada». Los socialistas abogan por «cerrar los apartamentos turísticos», algo que esta nueva ley no contempla.
La alcaldesa, María José Catalá, se congratula de «poner fin a la barra libre de la izquierda» tras conseguir el apoyo de Vox y se erige en defensa de los vecinos
Los aplausos en la bancada del Partido Popular hacían visible la importancia de la ley que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Valencia. A partir de ahora, será «casi imposible» conseguir una licencia en la capital valenciana para un nuevo apartamento turístico, como ha dicho orgullosa la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras aprobar la nueva ley que ordena todas las plazas turísticas de la ciudad.. «Es una estrategia de ciudad que quiere cambiar un paradigma: no somos solamente una ciudad de sol y playa que busca un turismo masivo low cost», ha reivindicado Catalá tras recibir el apoyo de Vox para aprobar la «norma más restrictiva del panorama nacional», como se congratulan desde el Gobierno popular.. «Queremos una ciudad donde las viviendas sean para los vecinos», ha dicho. Es la segunda vez en una semana que la alcaldesa defiende a los vecinos, tras decir que «sus derechos están siempre por encima» una vez la Justicia les dio la razón y pidió prohibir conciertos en el recinto de la Ciudad de Las Artes y las Ciencias. Una defensa que ahora busca liderar con la delicada crisis de la vivienda.. La ley en sí se articula en torno a tres «candados» que va de barrio a barrio: el primero es que no puede haber más de un 8% de viviendas dedicadas al turismo en total, contando hoteles, hostales o pisos turísticos por distrito; solo un 2% del total -es decir, como mucho una cuarta parte de las plazas turísticas- para licencias a apartamentos y por último un 85% de los bajos se blindan al comercio.. En el caso que todo eso se cumpla, viene lo más difícil: contar con el beneplácito vecinal y una edificación adaptada para facilitar la convivencia. Primero, solo podrán haber pisos turísticos en bajos o primeras plantas, pero en este último caso siempre y cuando no haya vecinos en ese mismo rellano. Además, para conseguir una licencia se necesitarán un 60% de votos a favor de una comunidad de vecinos. Aún si se consigue todo eso, falta lo más complicado: se necesita un acceso independiente y diferenciado desde la vía pública, o lo que es lo mismo, un patio y escalera propia.. La medida cuenta con el apoyo de Hosbec, la patronal hotelera. Su vicepresidente y líder en Valencia, Javier Vallés, ha valorado a LA RAZÓNcomo «muy apropiada» la medida, enfatizando en que regula todas las plazas turísticas y permite un marco normativo estable para el sector. «Lo han regulado muy acertadamente abriendo puertas y candados a la posibilidad de establecimientos nuevos en la ciudad. Si queremos jugar en Champions necesitamos una ciudad con capacidad hotelera suficiente para los grandes acontecimientos», ha defendido.. Por su parte, Francisco Guardeño, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, ha reconocido que se recogen aspectos «que las asociaciones vecinales hemos reclamado insistentemente para poner límites al crecimiento turístico», si bien ha lamentado que «sigue habiendo más de 9.000 apartamentos turísticos fuera de la ley» y que la regulación esté «llena de vacíos y excepciones».. Para defender la normativa, la alcaldesa de Valencia la contrapuso a lo que ha llamado «la barra libre de la izquierda» con respecto a las plazas turísticas. «En ocho años, la izquierda de esta ciudad no hizo nada para poner orden. Se puso de perfil ante la actividad ilegal con una nula inspección; les temblaron las piernas y no se atrevieron a aprobar una moratoria; y convirtieron el Cabanyal en la capital de pisos turísticos con una regulación claramente insuficiente y, encima mal hecha, que fue tumbada por los tribunales», afirmaba Catalá.. La alcaldesa ha acusado a PSPV y Compromís, que votaron en contra de la nueva ley, de permitir con sus medidas que «el 100%» de los bajos fueran reconvertidos a apartamentos turísticos y el 50% del total de viviendas, por un 2% máximo que tiene esta nueva normativa municipal. Catalá ha afirmado que de 2015 a 2023 la media anual era de 71 órdenes de cierre de pisos turísticos por las 449 en su mandato. Además, ha reivindicado que su Gobierno hace un 600% más de inspecciones con respecto al Botànic y que la moratoria establecida hasta ahora, que quedará sin efecto, ha supuesto la suspensión de 363 expedientes y 4.697 plazas turísticas evitadas.. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que con el Partido Popular gobernando en el Ayuntamiento de Valencia «se está permitiendo la especulación a puerta ancha» y ha denunciado «una invasión de apartamentos turísticos de las que este ayuntamiento no quiere hablar».. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha afirmado que rechazan la propuesta porque no ayuda a limitar el incremento del precio de compra de vivienda y de alquileres en «una ciudad tensionada». Los socialistas abogan por «cerrar los apartamentos turísticos», algo que esta nueva ley no contempla.
Noticias de la Comunidad Valenciana en La Razón
