Una propietaria francesa de 86 años ha presentado una demanda de indemnización contra el Estado galo tras verse imposibilitada para desalojar a una inquilina que acumuló 26 meses sin abonar la renta de su apartamento en París. La reclamación total asciende a 40.320 euros, de los cuales 9.331 euros se exigen directamente a la administración por la demora en ejecutar la orden de desahucio, una vez obtenida sentencia firme a su favor, el caso, seguido por el medio especializado Figaro Immobilier, comenzó en abril de 2023 con la firma de un contrato de arrendamiento por 1.350 euros mensuales.. Tras unos primeros pagos regulares, la inquilina dejó de abonar la renta a partir del cuarto mes, la propietaria, una jubilada, emitió todos los requerimientos de pago y notificaciones legales pertinentes, logrando la rescisión formal del contrato en diciembre de 2023 por impago, momento en el que la deuda ya superaba los 9.600 euros. Sin embargo, recuperar la posesión del inmueble se convirtió en un proceso de enorme complejidad administrativa y legal.. La moratoria invernal y la negativa policial, barreras sucesivas. La primera barrera fue la moratoria invernal francesa, que prohíbe los desalojos de personas sin alternativa habitacional durante los meses de frío, retrasando cualquier acción hasta abril de 2024. Superado ese plazo, la propietaria se encontró con un nuevo obstáculo: la policía se negó a prestar el apoyo necesario para ejecutar el desahucio, alegando que la inquilina, que tenía hijos a su cargo, carecía de un lugar alternativo donde alojarse. Esta negativa sumió el caso en un limbo jurídico, con una sentencia ejecutoria que no podía materializarse por falta de colaboración de las fuerzas del orden.. La ocupación sin derecho ni pago se prolongó así hasta octubre de 2025, cuando finalmente se ejecutó el desalojo, apenas nueve días antes del inicio de una nueva moratoria invernal, la inquilina fue alojada en un hotel social. La abogada de la propietaria fundamenta ahora la demanda indemnizatoria contra el Estado en el Código de Procedimientos de Ejecución Civil, que obliga a la administración a facilitar la ejecución de sentencias judiciales, la reclamación sostiene que la negativa estatal a proporcionar asistencia policial, necesaria para el desahucio, causó un perjuicio económico directo y evitable.
Una mujer de 86 años reclama una indemnización de 40.320 euros tras un largo proceso judicial que le impidió recuperar su vivienda en París, en un caso que pone de relieve los conflictos entre los derechos de los propietarios y las medidas de protección social
Una propietaria francesa de 86 años ha presentado una demanda de indemnización contra el Estado galo tras verse imposibilitada para desalojar a una inquilina que acumuló 26 meses sin abonar la renta de su apartamento en París. La reclamación total asciende a 40.320 euros, de los cuales 9.331 euros se exigen directamente a la administración por la demora en ejecutar la orden de desahucio, una vez obtenida sentencia firme a su favor, el caso, seguido por el medio especializado Figaro Immobilier, comenzó en abril de 2023 con la firma de un contrato de arrendamiento por 1.350 euros mensuales.. Tras unos primeros pagos regulares, la inquilina dejó de abonar la renta a partir del cuarto mes, la propietaria, una jubilada, emitió todos los requerimientos de pago y notificaciones legales pertinentes, logrando la rescisión formal del contrato en diciembre de 2023 por impago, momento en el que la deuda ya superaba los 9.600 euros. Sin embargo, recuperar la posesión del inmueble se convirtió en un proceso de enorme complejidad administrativa y legal.. La primera barrera fue la moratoria invernal francesa, que prohíbe los desalojos de personas sin alternativa habitacional durante los meses de frío, retrasando cualquier acción hasta abril de 2024. Superado ese plazo, la propietaria se encontró con un nuevo obstáculo: la policía se negó a prestar el apoyo necesario para ejecutar el desahucio, alegando que la inquilina, que tenía hijos a su cargo, carecía de un lugar alternativo donde alojarse. Esta negativa sumió el caso en un limbo jurídico, con una sentencia ejecutoria que no podía materializarse por falta de colaboración de las fuerzas del orden.. La ocupación sin derecho ni pago se prolongó así hasta octubre de 2025, cuando finalmente se ejecutó el desalojo, apenas nueve días antes del inicio de una nueva moratoria invernal, la inquilina fue alojada en un hotel social. La abogada de la propietaria fundamenta ahora la demanda indemnizatoria contra el Estado en el Código de Procedimientos de Ejecución Civil, que obliga a la administración a facilitar la ejecución de sentencias judiciales, la reclamación sostiene que la negativa estatal a proporcionar asistencia policial, necesaria para el desahucio, causó un perjuicio económico directo y evitable.
Noticias de Sociedad en La Razón
