Una madre y su hija residentes en Encamp se han quedado con apenas tres euros en su cuenta bancaria después de que la administración ejecutara un embargo de 2.700 euros por diferentes sanciones de aparcamiento no abonadas. El procedimiento, realizado conforme a la normativa vigente, se produjo tras años de impagos y la falta de respuesta a los requerimientos administrativos.. Según recoge el diario Altaveu, ambas mujeres atravesaban un momento especialmente delicado cuando se produjo la retención. Juana, la hija, acababa de ser madre y había perdido su empleo recientemente. La familia asegura que nunca se negó a saldar la deuda y que presentó una solicitud para poder pagarla de forma fraccionada, aunque sin obtener respuesta a tiempo para evitar el embargo.. El consistorio de Encamp confirma que la actuación se ajusta al procedimiento previsto en la legislación andorrana, que autoriza la ejecución directa sobre las cuentas una vez agotadas las vías ordinarias de recaudación. Las fuentes comunales señalan que la ley contempla descuentos del 50 % en el importe de las sanciones si se abonan en los plazos establecidos y que, al ejecutar un embargo, la administración desconoce el saldo disponible, por lo que no puede prever el impacto económico final sobre las afectadas.. Una situación agravada por la pérdida de empleo y la maternidad. Carmen y Juana sostienen que la pérdida coincide con uno de los peores momentos de su vida personal y económica. “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”, explicaron, denunciando la lentitud de los trámites y la exigencia constante de más documentación. Afirman que, tras el embargo, apenas pueden afrontar los gastos básicos y que su situación es cada vez más precaria.. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de mecanismos más flexibles para gestionar las deudas derivadas de sanciones administrativas en familias con recursos limitados. Mientras la administración defiende la legalidad de su actuación, Carmen y Juana han pedido una revisión de su caso, alegando que cualquier nueva sanción podría empeorar todavía más su situación económica.
El procedimiento, ajustado a la normativa, las ha dejado con solo tres euros disponibles en un momento especialmente difícil
Una madre y su hija residentes en Encamp se han quedado con apenas tres euros en su cuenta bancaria después de que la administración ejecutara un embargo de 2.700 euros por diferentes sanciones de aparcamiento no abonadas. El procedimiento, realizado conforme a la normativa vigente, se produjo tras años de impagos y la falta de respuesta a los requerimientos administrativos.. Según recoge el diario Altaveu, ambas mujeres atravesaban un momento especialmente delicado cuando se produjo la retención. Juana, la hija, acababa de ser madre y había perdido su empleo recientemente. La familia asegura que nunca se negó a saldar la deuda y que presentó una solicitud para poder pagarla de forma fraccionada, aunque sin obtener respuesta a tiempo para evitar el embargo.. El consistorio de Encamp confirma que la actuación se ajusta al procedimiento previsto en la legislación andorrana, que autoriza la ejecución directa sobre las cuentas una vez agotadas las vías ordinarias de recaudación. Las fuentes comunales señalan que la ley contempla descuentos del 50 % en el importe de las sanciones si se abonan en los plazos establecidos y que, al ejecutar un embargo, la administración desconoce el saldo disponible, por lo que no puede prever el impacto económico final sobre las afectadas.. Carmen y Juana sostienen que la pérdida coincide con uno de los peores momentos de su vida personal y económica. “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”, explicaron, denunciando la lentitud de los trámites y la exigencia constante de más documentación. Afirman que, tras el embargo, apenas pueden afrontar los gastos básicos y que su situación es cada vez más precaria.. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de mecanismos más flexibles para gestionar las deudas derivadas de sanciones administrativas en familias con recursos limitados. Mientras la administración defiende la legalidad de su actuación, Carmen y Juana han pedido una revisión de su caso, alegando que cualquier nueva sanción podría empeorar todavía más su situación económica.
Noticias de Sociedad en La Razón
