Varios padres adoptivos en Canadá han expresado su rechazo al proyecto de ley C-3, impulsado por el Gobierno liberal, al considerar que la reforma de la Ley de Ciudadanía erosiona los derechos de los niños adoptados en el extranjero. La propuesta introduce la obligación de demostrar una «conexión sustancial» con Canadá para transmitir la ciudadanía, un requisito que, según los afectados, equipara a sus hijos con inmigrantes en lugar de ciudadanos de pleno derecho.. Kat Lanteigne, madre adoptiva de un niño nacido en Zambia, afirmó que la norma “no trata a nuestro hijo como el ciudadano canadiense que es” y calificó la medida de “inherentemente cruel”. El Gobierno argumenta que la reforma busca corregir las limitaciones impuestas por los cambios introducidos en 2009, que restringieron la transmisión de la ciudadanía a los descendientes nacidos fuera del país cuando ambos padres también habían nacido en el extranjero.. El texto legislativo pretende restablecer derechos a personas afectadas por ese marco legal, pero la inclusión de la prueba de “conexión sustancial” ha despertado críticas. Según las autoridades federales, hasta 2.000 niños podrían verse afectados por la redacción actual del proyecto.. Lanteigne sostiene que la medida contradice la Convención de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, que garantiza a los niños adoptados los mismos derechos que a los nacidos en el Estado receptor. En su opinión, el proyecto colocaría al Gobierno federal en situación de incumplimiento, pese a que las provincias y territorios sí se ajustan a la convención.. El comité parlamentario permanente de ciudadanía e inmigración rechazó una enmienda del diputado liberal Nathaniel Erskine-Smith destinada a resolver esta desigualdad. El legislador calificó de “inconcebible” cualquier diferencia de trato entre un niño nacido en Canadá y uno nacido fuera del país pero adoptado por padres canadienses. El debate se intensificó cuando Erskine-Smith afirmó sentirse “totalmente engañado” por las evaluaciones que desestimaron sus propuestas.. Algunos miembros conservadores expresaron su preocupación por un posible vínculo entre las adopciones internacionales y la trata de menores, un planteamiento que los padres afectados rechazaron de forma tajante. “Confundir la trata de menores con la calidad de la ciudadanía de nuestro hijo es una política de engaños que no tiene cabida en este debate”, escribió Lanteigne en una carta dirigida a los legisladores.. En Canadá, los niños adoptados en el extranjero adquieren la ciudadanía una vez completado el proceso legal, que puede prolongarse durante varios años. Los padres adoptivos advierten de que el nuevo requisito podría obligar a sus hijos, en caso de trasladarse al extranjero, a justificar su vínculo con el país para poder transmitir la ciudadanía a las siguientes generaciones.
Varios padres adoptivos en Canadá han expresado su rechazo al proyecto de ley C-3, impulsado por el Gobierno liberal, al considerar que la reforma de la Ley de Ciudadanía erosiona los derechos de los niños adoptados en el extranjero. La propuesta introduce la obligación de demostrar una «conexión sustancial» con Canadá para transmitir la ciudadanía, un requisito que, según los afectados, equipara a sus hijos con inmigrantes en lugar de ciudadanos de pleno derecho.. Kat Lanteigne, madre adoptiva de un niño nacido en Zambia, afirmó que la norma “no trata a nuestro hijo como el ciudadano canadiense que es” y calificó la medida de “inherentemente cruel”. El Gobierno argumenta que la reforma busca corregir las limitaciones impuestas por los cambios introducidos en 2009, que restringieron la transmisión de la ciudadanía a los descendientes nacidos fuera del país cuando ambos padres también habían nacido en el extranjero.. El texto legislativo pretende restablecer derechos a personas afectadas por ese marco legal, pero la inclusión de la prueba de “conexión sustancial” ha despertado críticas. Según las autoridades federales, hasta 2.000 niños podrían verse afectados por la redacción actual del proyecto.. Críticas, debate y repercusiones. Lanteigne sostiene que la medida contradice la Convención de La Haya de 1993 sobre adopción internacional, que garantiza a los niños adoptados los mismos derechos que a los nacidos en el Estado receptor. En su opinión, el proyecto colocaría al Gobierno federal en situación de incumplimiento, pese a que las provincias y territorios sí se ajustan a la convención.. El comité parlamentario permanente de ciudadanía e inmigración rechazó una enmienda del diputado liberal Nathaniel Erskine-Smith destinada a resolver esta desigualdad. El legislador calificó de “inconcebible” cualquier diferencia de trato entre un niño nacido en Canadá y uno nacido fuera del país pero adoptado por padres canadienses. El debate se intensificó cuando Erskine-Smith afirmó sentirse “totalmente engañado” por las evaluaciones que desestimaron sus propuestas.. Algunos miembros conservadores expresaron su preocupación por un posible vínculo entre las adopciones internacionales y la trata de menores, un planteamiento que los padres afectados rechazaron de forma tajante. “Confundir la trata de menores con la calidad de la ciudadanía de nuestro hijo es una política de engaños que no tiene cabida en este debate”, escribió Lanteigne en una carta dirigida a los legisladores.. En Canadá, los niños adoptados en el extranjero adquieren la ciudadanía una vez completado el proceso legal, que puede prolongarse durante varios años. Los padres adoptivos advierten de que el nuevo requisito podría obligar a sus hijos, en caso de trasladarse al extranjero, a justificar su vínculo con el país para poder transmitir la ciudadanía a las siguientes generaciones.
El Gobierno canadiense prevé exigir una «conexión sustancial» con el país para transmitir la ciudadanía
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