La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y persona que fue próxima desde los tiempos en el Ayuntamiento de Sevilla al actual vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por su presunta implicación en una operación urbanística que vuelve a poner a Sevilla en el foco judicial. Una parcela en el barrio de Pino Montano, en los terrenos del Higuerón, de la empresa pública de vivienda hispalense, Emvisesa, se ha convertido en símbolo de la tensión entre gestión pública, especulación inmobiliaria y sospechas de plusvalías exprés.. Junto a Rafael Pineda, al menos otras cuatro personas han sido arrestadas, entre ellas su esposa y empleados de la empresa municipal de la vivienda, en una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. La operación se centra en la compraventa de un solar de 10.000 metros cuadrados que fue adquirido por 1,7 millones de euros y vendido apenas cinco meses después por 3,9 millones. La UCO considera que la diferencia de casi el doble de valor despierta serias sospechas de tráfico de influencias y posible corrupción en los negocios.. De las cinco detenciones totales, cuatro se han practicado en Sevilla y una en Málaga, según las mismas fuentes.. Además, otras fuentes han apuntado a Efe que, en relación con Pineda, también está investigado el actual alcalde de la localidad sevillana de Gines, Romualdo Garrido.. El regidor socialista ha asegurado a Efe que no tiene «absolutamente nada que ver» con este asunto y que toda su actuación se ha hecho desde «la más estricta legalidad». «Estoy muy tranquilo y espero que la justicia lo demuestre lo antes posible», ha sentenciado.. El alcalde de Gines ha señalado que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre esta investigación y que cree que se busca hacerle «daño político» en un pueblo donde gobierna con mayoría absoluta.. Este caso no es aislado en la trayectoria de Pineda. En 2013, ya prestó declaración ante la Policía Nacional en una investigación sobre adjudicaciones de contratos menores en Lipasam, la sociedad municipal de limpieza de la que fue gerente en la etapa de Monteseirín como alcalde y Celis como delfín de este, además de delegado de Urbanismo. Entonces negó irregularidades y apuntó que todos los contratos se ejecutaron conforme a la normativa. Ese antecedente no es el único. El ex gerente de Lipasam también tuvo que responder por la presunta venta irregular de aproximadamente mil coches custodiados por la Oficina de Vehículos Abandonados, que dependía de la propia Lipasam, y también sobre el envío de estos coches a Cuba, en el marco de un convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Asamblea del Poder Popular de La Habana. Eran los tiempos en los que se enviaban autobuses antiguos de Tussam a los «camaradas» cubanos, con IU como socio de «Gobierno de progreso».. Más recientemente, la figura de Rafael Pineda volvió a aparecer bajo la lupa de los investigadores policiales y judiciales. Antes de estallar la investigación sobre la parcela de Emvisesa, su nombre ya había surgido en otra pieza vinculada a la UCO y a una red de blanqueo de capitales. En aquel caso, se le atribuyó haber facilitado trámites de Extranjería a foráneos desde su cargo en la Delegación del Gobierno, con contactos con empresarios investigados y, según la instrucción de la causa, incluso recibiendo dádivas.. Las grabaciones a los investigados en una causa por tráfico de drogas pusieron al Instituto Armado en la pista del alto cargo socialista y la parcela de Emvisesa. El solar en cuestión investigado ahora permaneció años vacante durante la etapa del exalcalde socialista Juan Espadas, primero por un precio elevado y después por los inquilinos que ocupaban parte del terreno. La tasación inicial fue de 1,8 millones y cinco meses después se vendió por 3,9 millones. En noviembre pasado, ya bajo mandato del PP, la empresa municipal ya había suspendido a un trabajador implicado, quien había percibido más de 78.000 euros por su participación en la operación «desierta y continuada» de la parcela.. La investigación de la UCO no se limita al caso puntual de la parcela. Incluye volcado de correos electrónicos corporativos de Pineda, registros en la sede de Emvisesa y la revisión de movimientos financieros y contratos previos. Todo ello bajo la lupa de la Justicia, que deberá determinar si hubo planificación, tráfico de influencias o simplemente coincidencias desafortunadas.. Desde el actual Ayuntamiento de Sevilla, la reacción al caso ha sido la personación como acusación; la petición judicial de anulación de la operación para que dicho suelo regrese al patrimonio municipal; despidos fulminantes; y críticas al anterior alcalde. El gobierno de Sanz apuntó al PSOE por permitir las condiciones que facilitaron el presunto «pelotazo» y denunció el perjuicio a la imagen de las instituciones de Sevilla. Por su parte, el Grupo Socialista sostiene que la operación «se ajusta en todo momento a la legalidad», confiando en que la Justicia dictamine con claridad.. El pelotazo urbanístico, entre subastas, tasaciones y plusvalías, arroja un limbo de preguntas sobre el tráfico de influencias del que, una vez más, Rafael Pineda tendrá que responder.
Detenido el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno: la venta de un solar a nombre de su mujer dejó dos millones de plusvalía en meses
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y persona que fue próxima desde los tiempos en el Ayuntamiento de Sevilla al actual vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por su presunta implicación en una operación urbanística que vuelve a poner a Sevilla en el foco judicial. Una parcela en el barrio de Pino Montano, en los terrenos del Higuerón, de la empresa pública de vivienda hispalense, Emvisesa, se ha convertido en símbolo de la tensión entre gestión pública, especulación inmobiliaria y sospechas de plusvalías exprés.. Junto a Rafael Pineda, al menos otras cuatro personas han sido arrestadas, entre ellas su esposa y empleados de la empresa municipal de la vivienda, en una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. La operación se centra en la compraventa de un solar de 10.000 metros cuadrados que fue adquirido por 1,7 millones de euros y vendido apenas cinco meses después por 3,9 millones. La UCO considera que la diferencia de casi el doble de valor despierta serias sospechas de tráfico de influencias y posible corrupción en los negocios.. De las cinco detenciones totales, cuatro se han practicado en Sevilla y una en Málaga, según las mismas fuentes.. Además, otras fuentes han apuntado a Efe que, en relación con Pineda, también está investigado el actual alcalde de la localidad sevillana de Gines, Romualdo Garrido.. El regidor socialista ha asegurado a Efe que no tiene «absolutamente nada que ver» con este asunto y que toda su actuación se ha hecho desde «la más estricta legalidad». «Estoy muy tranquilo y espero que la justicia lo demuestre lo antes posible», ha sentenciado.. El alcalde de Gines ha señalado que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre esta investigación y que cree que se busca hacerle «daño político» en un pueblo donde gobierna con mayoría absoluta.. Este caso no es aislado en la trayectoria de Pineda. En 2013, ya prestó declaración ante la Policía Nacional en una investigación sobre adjudicaciones de contratos menores en Lipasam, la sociedad municipal de limpieza de la que fue gerente en la etapa de Monteseirín como alcalde y Celis como delfín de este, además de delegado de Urbanismo. Entonces negó irregularidades y apuntó que todos los contratos se ejecutaron conforme a la normativa. Ese antecedente no es el único. El ex gerente de Lipasam también tuvo que responder por la presunta venta irregular de aproximadamente mil coches custodiados por la Oficina de Vehículos Abandonados, que dependía de la propia Lipasam, y también sobre el envío de estos coches a Cuba, en el marco de un convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Asamblea del Poder Popular de La Habana. Eran los tiempos en los que se enviaban autobuses antiguos de Tussam a los «camaradas» cubanos, con IU como socio de «Gobierno de progreso».. Más recientemente, la figura de Rafael Pineda volvió a aparecer bajo la lupa de los investigadores policiales y judiciales. Antes de estallar la investigación sobre la parcela de Emvisesa, su nombre ya había surgido en otra pieza vinculada a la UCO y a una red de blanqueo de capitales. En aquel caso, se le atribuyó haber facilitado trámites de Extranjería a foráneos desde su cargo en la Delegación del Gobierno, con contactos con empresarios investigados y, según la instrucción de la causa, incluso recibiendo dádivas.. Las grabaciones a los investigados en una causa por tráfico de drogas pusieron al Instituto Armado en la pista del alto cargo socialista y la parcela de Emvisesa. El solar en cuestión investigado ahora permaneció años vacante durante la etapa del exalcalde socialista Juan Espadas, primero por un precio elevado y después por los inquilinos que ocupaban parte del terreno. La tasación inicial fue de 1,8 millones y cinco meses después se vendió por 3,9 millones. En noviembre pasado, ya bajo mandato del PP, la empresa municipal ya había suspendido a un trabajador implicado, quien había percibido más de 78.000 euros por su participación en la operación «desierta y continuada» de la parcela.. La investigación de la UCO no se limita al caso puntual de la parcela. Incluye volcado de correos electrónicos corporativos de Pineda, registros en la sede de Emvisesa y la revisión de movimientos financieros y contratos previos. Todo ello bajo la lupa de la Justicia, que deberá determinar si hubo planificación, tráfico de influencias o simplemente coincidencias desafortunadas.. Desde el actual Ayuntamiento de Sevilla, la reacción al caso ha sido la personación como acusación; la petición judicial de anulación de la operación para que dicho suelo regrese al patrimonio municipal; despidos fulminantes; y críticas al anterior alcalde. El gobierno de Sanz apuntó al PSOE por permitir las condiciones que facilitaron el presunto «pelotazo» y denunció el perjuicio a la imagen de las instituciones de Sevilla. Por su parte, el Grupo Socialista sostiene que la operación «se ajusta en todo momento a la legalidad», confiando en que la Justicia dictamine con claridad.. El pelotazo urbanístico, entre subastas, tasaciones y plusvalías, arroja un limbo de preguntas sobre el tráfico de influencias del que, una vez más, Rafael Pineda tendrá que responder.
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