Un matrimonio y su hijo, dedicados a la explotación de cafeterías en varios institutos públicos de Vigo y su área, han aceptado una pena de un año de prisión y una multa de 90.000 euros cada uno por defraudar 164.516,45 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. La conformidad se alcanzó en una vista celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Según señala el Faro de Vigo, los tres procesados reconocieron los hechos, lo que permitió que la Fiscalía rebajara su solicitud inicial de tres años y medio de cárcel a un año de prisión para cada uno. Además de la multa, deberán indemnizar a la Seguridad Social con la totalidad del dinero defraudado, más los intereses correspondientes. La entrada en prisión queda suspendida durante tres años, ya que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales. La suspensión está condicionada a que no vuelvan a delinquir en ese periodo y a que abonen la indemnización fijada. Un entramado de empresas para seguir explotando las cafeterías Según el relato de la Fiscalía, entre 2014 y 2022 los acusados operaron cafeterías en institutos de Vigo, Redondela y Ponteareas mediante concesiones de la Xunta. Para evitar que las deudas acumuladas les impidieran acceder a nuevas adjudicaciones, utilizaron varias empresas familiares que se sucedían en el tiempo. La actividad se canalizó a través de las sociedades Pazmella S.L., Reprepan S.L., Libroverde S.L. y, posteriormente, mediante una empresa unipersonal administrada por el hijo. El padre figuraba como administrador del grupo, con la colaboración de su esposa y su hijo. Cafeterías afectadas en varios institutos Este sistema permitió que las distintas entidades continuaran obteniendo concesiones para gestionar las cafeterías de los institutos IES O Castro e IES A Guía (Vigo), IES Chapela (Redondela) e IES Barral (Ponteareas) durante los cursos comprendidos entre 2018 y 2022. El importe total de las cuotas impagadas asciende a 164.516,45 euros, acumulados por las distintas empresas utilizadas por la familia para mantener la actividad sin estar al corriente de pago.
La familia admite el fraude y pacta una condena reducida en la Audiencia Provincial de Pontevedra
Un matrimonio y su hijo, dedicados a la explotación de cafeterías en varios institutos públicos de Vigo y su área, han aceptado una pena de un año de prisión y una multa de 90.000 euros cada uno por defraudar 164.516,45 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. La conformidad se alcanzó en una vista celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.Según señala el Faro de Vigo, los tres procesados reconocieron los hechos, lo que permitió que la Fiscalía rebajara su solicitud inicial de tres años y medio de cárcel a un año de prisión para cada uno. Además de la multa, deberán indemnizar a la Seguridad Social con la totalidad del dinero defraudado, más los intereses correspondientes.La entrada en prisión queda suspendida durante tres años, ya que ninguno de los condenados tiene antecedentes penales. La suspensión está condicionada a que no vuelvan a delinquir en ese periodo y a que abonen la indemnización fijada.Un entramado de empresas para seguir explotando las cafeteríasSegún el relato de la Fiscalía, entre 2014 y 2022 los acusados operaron cafeterías en institutos de Vigo, Redondela y Ponteareas mediante concesiones de la Xunta. Para evitar que las deudas acumuladas les impidieran acceder a nuevas adjudicaciones, utilizaron varias empresas familiares que se sucedían en el tiempo.La actividad se canalizó a través de las sociedades Pazmella S.L., Reprepan S.L., Libroverde S.L. y, posteriormente, mediante una empresa unipersonal administrada por el hijo. El padre figuraba como administrador del grupo, con la colaboración de su esposa y su hijo.Cafeterías afectadas en varios institutosEste sistema permitió que las distintas entidades continuaran obteniendo concesiones para gestionar las cafeterías de los institutos IES O Castro e IES A Guía (Vigo), IES Chapela (Redondela) e IES Barral (Ponteareas) durante los cursos comprendidos entre 2018 y 2022. El importe total de las cuotas impagadas asciende a 164.516,45 euros, acumulados por las distintas empresas utilizadas por la familia para mantener la actividad sin estar al corriente de pago.
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