Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibe un burofax el 17 de abril de 2020. La misma comunicación, y en el mismo día, acaba en el despacho de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Incluso a Miguel Ángel Rodríguez, el poderoso jefe de gabinete de la baronesa, le llega un email contándole el mismo problema. La crisis del coronavirus azota al mundo entero. Madrid compite con todo el planeta por lograr mascarillas o trajes de protección. Y en esas comunicaciones una empresa española les urge a solucionar un problema inexplicable: tienen preparadas decenas de miles de mascarillas y trajes encargados por el gobierno regional, pero no logran subirlos a los aviones fletados por la administración en el aeropuerto de Shanghái (China). No hay solución. Y cada día con la mercancía en China tiene un coste altísimo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la Administración no tramitó correctamente el pedido y que, por tanto, el acuerdo era nulo, pero culpa de ello a la administración. Por eso el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que aprobar este miércoles el pago de una compensación a la empresa de 3.108.264,29 euros.. Seguir leyendo
El Gobierno regional aprobó el miércoles pagar una indemnización millonaria por orden de la justicia, tras dejar en la estacada a un proveedor en plena pandemia
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibe un burofax el 17 de abril de 2020. La misma comunicación, y en el mismo día, acaba en el despacho de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Incluso a Miguel Ángel Rodríguez, el poderoso jefe de gabinete de la baronesa, le llega un email contándole el mismo problema. La crisis del coronavirus azota al mundo entero. Madrid compite con todo el planeta por lograr mascarillas o trajes de protección. Y en esas comunicaciones una empresa española les urge a solucionar un problema inexplicable: tienen preparadas decenas de miles de mascarillas y trajes encargados por el gobierno regional, pero no logran subirlos a los aviones fletados por la administración en el aeropuerto de Shanghái (China). No hay solución. Y cada día con la mercancía en China tiene un coste altísimo. Por todo ello, el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que aprobar este miércoles el pago de 3.108.264,29 euros, decidido en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.. Todo empieza así. En la hora del terror, hay que tomar decisiones drásticas. Con 9.702 contagiados conocidos, 834 personas en cuidados intensivos y 1.021 fallecidos registrados, Madrid es la región de España más afectada por el coronavirus. El domingo 22 de marzo de 2020, Díaz Ayuso convoca una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno. Ahí se aprueba gastar más de 23 millones de euros en traer aviones cargados de material sanitario desde China. Esa decisión une dos de los grandes hitos de la gestión del ejecutivo de coalición formado por PP-Cs durante la pandemia: traer más de 50 toneladas de mascarillas y trajes de protección desde Asia, y distribuirlos por toda la región a través del hospital de campaña de Ifema.. Sin embargo, para que eso ocurra hay que conseguir el material. El 25 de marzo, Care Quality Service Health (CQS) es una de las empresas elegidas. Para hacerse con el encargo, tiene que dar todo tipo de facilidades de pago a la administración. Poco a poco, sus responsables descubren que algo no marcha. Su desesperación se mide frase a frase.. 26 de marzo de 2020. 19.06. Manuel de la Puente, director general del proceso integrado de salud en el gobierno de Díaz Ayuso, firma un informe en el que detalla que el material de CQS “será transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”.. 3 de abril. La empresa comunica que “la mercancía aguarda en las fábricas las instrucciones para la entrega en el aeropuerto de Shanghái para el embarque en el vuelo concertado por la Comunidad de Madrid (…) Nuestro transitario espera instrucciones del embarque”.. 7 de abril. Comienzan los problemas. CQS escribe: “Ayer hablamos con el Sr. Óscar Leyva, del que no teníamos referencias hasta hace unos días como gestor del transporte que ustedes están concertando. Y nos dijo que tenía instrucciones de que el material en cuestión no viajara en esos aviones, ya que no había sido aprobado (…) nos dirigimos a ustedes para que nos confirmen cuando será embarcada la mercancía, ya que hace 3 días que espera en los almacenes de nuestras fábricas para su embarque”.. 24 de abril. “Ante el silencio como respuesta a todos nuestros intentos de comunicarnos con ustedes, nos vemos en la obligación de llevar a cabo una serie de acciones con el fin de ejecutar el contrato (…) Buscar aviones a nuestra propia costa (…) debemos hacer un esfuerzo económico que pone en alto riesgo la viabilidad de nuestra empresa”.. La semilla del conflicto judicial que ahora se ha resuelto ha quedado plantada, porque el material acaba llegando a Ifema tras ese esfuerzo, y además Madrid no logra demostrar que no lo usara, según la sentencia. ¿A qué se debe que nadie se hiciera cargo de ese pedido en China?. La Administración, según refleja el expediente judicial, rechazó las facturas alegando que el pedido inicial no fue finalmente autorizado por el Consejo de Gobierno. Que los documentos de ese expediente fueron firmados por un alto cargo sin competencias para ello, pues estas residían en el órgano de contratación, que era la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Y también apuntó a que cuando se aprobó el pedido final, el material fue entregado ―y pagado― a otra empresa del mismo grupo.. Sin embargo, esos son argumentos que incluso merecieron el reproche del tribunal: “Las alegaciones de la administración no pasan de ser meras hipótesis desprovistas de prueba (…) No sólo ha quedado demostrado que la CAM procedió a realizar el encargo sin cumplir con las mínimas formalidades exigidas por la normativa presupuestaria —lo cual no es en modo alguno imputable a la contratista— ni por la legislación de emergencia —nuevamente no imputable a la contratista—. Es más, la apariencia de legalidad de la contratación era plena, y la confianza en la regularidad de la contratación de emergencia también plenamente legítima».. Para el tribunal, la Administración actuó sin competencias, sin autorización del Consejo de Gobierno y sin fiscalización previa. Pero actuó. El acuerdo, por lo tanto, era nulo, pero eso no es achacable a la empresa. Por ello llegó la indemnización de 3.108.264,29 euros, de los cuales 2.878.480 se deben a la restitución del valor del material y 229.784,29 por daños y perjuicios.. No es el único desdoro para la administración autonómica en un proceso que desvela la precariedad con la que se articuló la gestión de la lucha contra el virus. La necesidad de actuar con rapidez puso a prueba las costuras de los procedimientos de los gobiernos de todo signo, atados a la contratación de emergencia para intentar ganar tiempo en la lucha contra el virus. El resultado, al menos en este caso, fueron expedientes llenos de lagunas.. Como dijo el tribunal en su sentencia, que admitía recurso de casación: “La Sala no puede sino reprochar severamente a la administración la muy deficiente manera de confeccionar y remitir el expediente administrativo, pues ha causado serias dificultades a la Sala para cumplir su función constitucional de juzgar (…) Estamos en condiciones de afirmar que el examen de la prueba ha supuesto un verdadero suplicio”.. Este diario pidió aclaraciones al gobierno regional (PP), que no había contestado en el momento de publicación de este artículo.
