El Govern de Salvador Illa cierra 2025 con un balance legislativo que refleja con nitidez la fragilidad política con la que ha gobernado durante todo el año. En un Parlament más fragmentado y polarizado que nunca, el ejecutivo ha optado mayoritariamente por la vía del decreto ley para sacar adelante su agenda, relegando el trámite parlamentario ordinario a un papel secundario. Los números lo confirman: solo seis proyectos de ley aprobados en todo el año frente a 19 decretos ley.. La fotografía parlamentaria explica buena parte de esta dinámica. El PSC gobierna en minoría y sus socios de investidura, ERC y los comunes, no han garantizado en ningún momento una mayoría estable más allá del acuerdo inicial que permitió a Illa ser investido president. Desde entonces, las discrepancias han sido constantes, especialmente en ámbitos clave como la vivienda, la fiscalidad o el modelo territorial.. A este escenario se suma una oposición fragmentada y muy poco permeable a acuerdos transversales. Junts ejerce una oposición frontal al Govern en prácticamente todas las iniciativas; PP y Vox se sitúan en el lado opuesto del arco parlamentario; mientras que la CUP y Aliança Catalana también se oponen a buena parte de las políticas del ejecutivo. El resultado es un Parlament donde articular mayorías resulta, en muchos casos, inviable.. El decreto como vía habitual. Ante la imposibilidad de articular mayorías sólidas, el Govern ha encontrado en el decreto ley la herramienta para sortear el bloqueo parlamentario. En 2025 se han aprobado 19 decretos ley, que se suman a los seis ya aprobados en 2024, elevando a 25 el total en lo que va de legislatura.. Entre los decretos de este año figuran los suplementos de crédito, la regulación de la tasa turística, las medidas urgentes contra los incendios forestales durante el verano o las actuaciones derivadas de las inundaciones en campings. Iniciativas relevantes, muchas de ellas con impacto económico y social, que han entrado en vigor sin pasar por un debate parlamentario ordinario.. El decreto ley es una figura jurídica con rango de ley prevista para situaciones de urgencia y necesidad extraordinaria. Entra en vigor de forma inmediata, aunque debe ser convalidado por el Parlament en un plazo de 30 días. El Estatut de Autonomía lo define, de hecho, como una disposición legislativa provisional.. Críticas jurídicas y políticas. El uso intensivo de esta figura no ha pasado desapercibido. El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido dictámenes críticos en varias ocasiones, cuestionando que algunos decretos no cumplieran los requisitos de urgencia exigidos por el Estatut. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, han servido como toque de atención al Ejecutivo.. Desde el ámbito académico, fuentes expertas en Derecho Constitucional consultadas por La Razón han advertido reiteradamente de los riesgos de esta práctica. «El uso y abuso del decreto ley se ha hecho siempre, tanto en Cataluña como en el Estado, incluso por gobiernos con mayorías absolutas. Pero como técnica jurídica es nefasta, porque es unilateral y evita el pluralismo político que permite el Parlament», señalan.. Según los juristas, el principal problema es que el debate parlamentario se limita a una votación a la totalidad, sin posibilidad de introducir enmiendas. «La aprobación del decreto ley afecta a la separación de poderes. El Govern se atribuye una potestad legislativa que no le corresponde y se otorga un poder excesivo», sentencia.. Una práctica consolidada. La oposición ha denunciado de forma reiterada esta forma de gobernar. Junts ha llevado varios decretos ante el Consell de Garanties, aunque en legislaturas anteriores fueron los partidos no independentistas quienes impugnaron los decretos de los gobiernos de Junts y ERC durante los años del procés. El patrón se repite: cuando no hay mayorías, el decreto ley se convierte en el atajo preferido, y el Consell en un recurso habitual.. Así, el cierre de 2025 deja una conclusión clara. Gobernar a golpe de decreto se ha consolidado en Cataluña como una respuesta estructural a la fragmentación parlamentaria. Un síntoma de debilidad política que, en el caso del Govern de Salvador Illa, ha marcado de manera decisiva su primer año completo al frente de la Generalitat.
El ejecutivo socialista cierra 2025 con solo seis proyectos de ley aprobados y 19 decretos ley ante la imposibilidad de articular mayorías
El Govern de Salvador Illa cierra 2025 con un balance legislativo que refleja con nitidez la fragilidad política con la que ha gobernado durante todo el año. En un Parlament más fragmentado y polarizado que nunca, el ejecutivo ha optado mayoritariamente por la vía del decreto ley para sacar adelante su agenda, relegando el trámite parlamentario ordinario a un papel secundario. Los números lo confirman: solo seis proyectos de ley aprobados en todo el año frente a 19 decretos ley.. La fotografía parlamentaria explica buena parte de esta dinámica. El PSC gobierna en minoría y sus socios de investidura, ERC y los comunes, no han garantizado en ningún momento una mayoría estable más allá del acuerdo inicial que permitió a Illa ser investido president. Desde entonces, las discrepancias han sido constantes, especialmente en ámbitos clave como la vivienda, la fiscalidad o el modelo territorial.. A este escenario se suma una oposición fragmentada y muy poco permeable a acuerdos transversales. Junts ejerce una oposición frontal al Govern en prácticamente todas las iniciativas; PP y Vox se sitúan en el lado opuesto del arco parlamentario; mientras que la CUP y Aliança Catalana también se oponen a buena parte de las políticas del ejecutivo. El resultado es un Parlament donde articular mayorías resulta, en muchos casos, inviable.. El decreto como vía habitual. Ante la imposibilidad de articular mayorías sólidas, el Govern ha encontrado en el decreto ley la herramienta para sortear el bloqueo parlamentario. En 2025 se han aprobado 19 decretos ley, que se suman a los seis ya aprobados en 2024, elevando a 25 el total en lo que va de legislatura.. Entre los decretos de este año figuran los suplementos de crédito, la regulación de la tasa turística, las medidas urgentes contra los incendios forestales durante el verano o las actuaciones derivadas de las inundaciones en campings. Iniciativas relevantes, muchas de ellas con impacto económico y social, que han entrado en vigor sin pasar por un debate parlamentario ordinario.. El decreto ley es una figura jurídica con rango de ley prevista para situaciones de urgencia y necesidad extraordinaria. Entra en vigor de forma inmediata, aunque debe ser convalidado por el Parlament en un plazo de 30 días. El Estatut de Autonomía lo define, de hecho, como una disposición legislativa provisional.. Críticas jurídicas y políticas. El uso intensivo de esta figura no ha pasado desapercibido. El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido dictámenes críticos en varias ocasiones, cuestionando que algunos decretos no cumplieran los requisitos de urgencia exigidos por el Estatut. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, han servido como toque de atención al Ejecutivo.. Desde el ámbito académico, fuentes expertas en Derecho Constitucional consultadas por La Razón han advertido reiteradamente de los riesgos de esta práctica. «El uso y abuso del decreto ley se ha hecho siempre, tanto en Cataluña como en el Estado, incluso por gobiernos con mayorías absolutas. Pero como técnica jurídica es nefasta, porque es unilateral y evita el pluralismo político que permite el Parlament», señalan.. Según los juristas, el principal problema es que el debate parlamentario se limita a una votación a la totalidad, sin posibilidad de introducir enmiendas. «La aprobación del decreto ley afecta a la separación de poderes. El Govern se atribuye una potestad legislativa que no le corresponde y se otorga un poder excesivo», sentencia.. Una práctica consolidada. La oposición ha denunciado de forma reiterada esta forma de gobernar. Junts ha llevado varios decretos ante el Consell de Garanties, aunque en legislaturas anteriores fueron los partidos no independentistas quienes impugnaron los decretos de los gobiernos de Junts y ERC durante los años del procés. El patrón se repite: cuando no hay mayorías, el decreto ley se convierte en el atajo preferido, y el Consell en un recurso habitual.. Así, el cierre de 2025 deja una conclusión clara. Gobernar a golpe de decreto se ha consolidado en Cataluña como una respuesta estructural a la fragmentación parlamentaria. Un síntoma de debilidad política que, en el caso del Govern de Salvador Illa, ha marcado de manera decisiva su primer año completo al frente de la Generalitat.
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