El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y considerado indispensable para la vida, la salud y el bienestar de todas las personas. Sin agua, no es posible mantener una higiene adecuada, cocinar ni cubrir necesidades básicas.. Por eso, cualquier medida que limite este acceso genera un intenso debate social y político. En este contexto se sitúa la polémica decisión del Ayuntamiento de Martorell, en la provincia de Barcelona, que ha modificado la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Uso de la Vida Pública prohibiendo llenar garrafas, botellas o cualquier envase en las fuentes públicas del municipio.. Una medida controvertida. La nueva normativa, que forma parte de un plan municipal para controlar la ocupación ilegal, no solo veta esta práctica, sino que también establece sanciones que van desde los 100 hasta los 750 euros. Además, la ordenanza prohíbe colgar pancartas o carteles en “zonas no habitables”, como paredes, farolas o paradas de autobús, con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros.. Críticas de colectivos sociales. Diversos colectivos han denunciado que la medida dificulta la vida de personas vulnerables, especialmente quienes viven en ocupaciones, y recuerdan que el agua no puede privatizarse. Estas organizaciones alertan de que la ordenanza podría sentar un “precedente peligroso” y han solicitado su retirada inmediata.. El debate continúa. La tensión entre normas municipales, orden público y derechos básicos refleja cómo un recurso cotidiano puede convertirse en símbolo de justicia social.
Cualquier medida que limite este acceso genera un intenso debate social y político
El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y considerado indispensable para la vida, la salud y el bienestar de todas las personas. Sin agua, no es posible mantener una higiene adecuada, cocinar ni cubrir necesidades básicas.. Por eso, cualquier medida que limite este acceso genera un intenso debate social y político. En este contexto se sitúa la polémica decisión del Ayuntamiento de Martorell, en la provincia de Barcelona, que ha modificado la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Uso de la Vida Pública prohibiendo llenar garrafas, botellas o cualquier envase en las fuentes públicas del municipio.. Una medida controvertida. La nueva normativa, que forma parte de un plan municipal para controlar la ocupación ilegal, no solo veta esta práctica, sino que también establece sanciones que van desde los 100 hasta los 750 euros. Además, la ordenanza prohíbe colgar pancartas o carteles en “zonas no habitables”, como paredes, farolas o paradas de autobús, con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros.. Críticas de colectivos sociales. Diversos colectivos han denunciado que la medida dificulta la vida de personas vulnerables, especialmente quienes viven en ocupaciones, y recuerdan que el agua no puede privatizarse. Estas organizaciones alertan de que la ordenanza podría sentar un “precedente peligroso” y han solicitado su retirada inmediata.. El debate continúa. La tensión entre normas municipales, orden público y derechos básicos refleja cómo un recurso cotidiano puede convertirse en símbolo de justicia social.
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