El juicio que se estaba previsto que arrancará hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid contra una trama dedicada a la trata de mujeres con fines de prostitución, fue suspendido al no personarse la cabecilla de la red y principal encausada, Lorenza C.P., en paradero desconocido, al igual que varias de las testigos protegidos que estaba previsto que declarasen.. La suspensión fue solicitada tanto por el Ministerio Fiscal, como por los abogados de los cinco acusados. Además, y requerimiento del fiscal, el presidente de tribunal confirmó que la Audiencia Provincial solicitará una orden de búsqueda internacional, y también, atendiendo las peticiones de algunas de las defensas, se pondrán en marcha otras vías para localizar a los testigos protegidos.. Al mismo tiempo, la sala decidió rechazar la petición de una de las defensas que solicitó conocer la identidad de los testigos protegidos, y fijó para los días 23, 25 y 26 de junio la celebración de una nueva vista.. Lorenza C.P., natural de Paraguay, se enfrenta a una pena de 52 años por cuatro delitos de trata de seres humanos en concurso con sendos delitos de prostitución coactiva; un delito de prostitución activa en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena; un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de tráfico de drogas, otro de blanqueo de capitales y uno más de pertenencia a grupo criminal.. Además, hay otros cuatro acusados, entre ellos la prima de cabecilla, María Ángeles P.G., que se enfrenta por delitos similares a 23 año, mientras que para los otros tres acusados pide condenas que van desde los 18 a los nueve años y ocho meses.. Las víctimas, que eran captadas en Paraguay entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las familias de los propios proxenetas, eran obligadas a estar disponibles las 24 horas y dormían hacinadas en literas en el cuarto de calderas. Además, estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados en el hostal, no podían realizar ninguna actividad, e incluso tenían prohibido cocinar.. La operación policial, que culminó en diciembre de 2022, se puso en marcha un año antes, cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tras detectar anuncios de prostitución en internet, contactaron con una de las víctimas, cuyo testimonio les permitió detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres con fines de explotación sexual.. Los investigadores pudieron comprobar que existían anuncios de prostitución en páginas web que eran insertados por uno de los integrantes de la red criminal y que para la realización de las fotografías de los anuncios, de contenido sexual, había contratado a un fotógrafo profesional. También pudieron comprobar que disponían de una red de captadores en Paraguay, Valladolid y Madrid, que se encargaban de localizar en su país de origen a mujeres en situación de extrema pobreza y necesidad para que viajaran a España a ejercer la prostitución.. En la mayoría de los casos, los implicados captaban a las mujeres entre las más jóvenes y vulnerables de sus propias familias. Las víctimas desconocían las condiciones tan miserables en las que les obligarían a prostituirse, así como el hecho de que tendrían que entregar a sus tratantes al menos la mitad del dinero obtenido por los servicios sexuales, incluso en su totalidad hasta que saldaran la deuda.. Los integrantes de la red proporcionaban el dinero y todo lo necesario, conocido como el viático, para viajar desde Paraguay hasta España e instruían a las mujeres para que viajaran en el avión simulando ser turistas, portando un billete de vuelta y una reserva de hotel que no llegarían a utilizar.. Según los investigadores, los integrantes del grupo criminal pretendían que las víctimas permanecieran en España en situación irregular, para así acentuar el control sobre ellas infundiéndolas temor sobre su posible expulsión o detención si acudían a la policía. La organización criminal contaba con infraestructura en Madrid para recoger a las víctimas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su alojamiento durante los primeros días y su posterior traslado hasta Valladolid.. Avenida de Burgos. Los investigadores detectaron que cuando las víctimas eran trasladadas al piso de Valladolid, ubicado en el número 9 de la Avenida de Burgos, la persona máxima responsable de la red o la mujer de su confianza, les retiraba el dinero que habían llevado en el viaje y les informaba del alcance de la deuda que habían contraído con sus tratantes, siendo una cantidad superior a lo que había costado el viaje.. Además, obligaban a las mujeres a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada.. Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que apenas dormían, acudiendo los clientes especialmente de madrugada, por lo que las mujeres debían levantarse sin poder negarse a cumplir ningún servicio. También se pudo constatar que debían pedir permiso a la encargada si querían salir del piso, pero nunca podían alejarse mucho ni estar fuera más de un par de horas, debiendo volver rápidamente si algún cliente las solicitaba.
La Audiencia de Valladolid dictará una orden internacional de búsqueda y fija para finales de junio una nueva vista
El juicio que se estaba previsto que arrancará hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid contra una trama dedicada a la trata de mujeres con fines de prostitución, fue suspendido al no personarse la cabecilla de la red y principal encausada, Lorenza C.P., en paradero desconocido, al igual que varias de las testigos protegidos que estaba previsto que declarasen.. La suspensión fue solicitada tanto por el Ministerio Fiscal, como por los abogados de los cinco acusados. Además, y requerimiento del fiscal, el presidente de tribunal confirmó que la Audiencia Provincial solicitará una orden de búsqueda internacional, y también, atendiendo las peticiones de algunas de las defensas, se pondrán en marcha otras vías para localizar a los testigos protegidos.. Al mismo tiempo, la sala decidió rechazar la petición de una de las defensas que solicitó conocer la identidad de los testigos protegidos, y fijó para los días 23, 25 y 26 de junio la celebración de una nueva vista.. Lorenza C.P., natural de Paraguay, se enfrenta a una pena de 52 años por cuatro delitos de trata de seres humanos en concurso con sendos delitos de prostitución coactiva; un delito de prostitución activa en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena; un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de tráfico de drogas, otro de blanqueo de capitales y uno más de pertenencia a grupo criminal.. Además, hay otros cuatro acusados, entre ellos la prima de cabecilla, María Ángeles P.G., que se enfrenta por delitos similares a 23 año, mientras que para los otros tres acusados pide condenas que van desde los 18 a los nueve años y ocho meses.. Las víctimas, que eran captadas en Paraguay entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las familias de los propios proxenetas, eran obligadas a estar disponibles las 24 horas y dormían hacinadas en literas en el cuarto de calderas. Además, estaban vigiladas a través de una red de cámaras y micrófonos instalados en el hostal, no podían realizar ninguna actividad, e incluso tenían prohibido cocinar.. La operación policial, que culminó en diciembre de 2022, se puso en marcha un año antes, cuando agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tras detectar anuncios de prostitución en internet, contactaron con una de las víctimas, cuyo testimonio les permitió detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres con fines de explotación sexual.. Los investigadores pudieron comprobar que existían anuncios de prostitución en páginas web que eran insertados por uno de los integrantes de la red criminal y que para la realización de las fotografías de los anuncios, de contenido sexual, había contratado a un fotógrafo profesional. También pudieron comprobar que disponían de una red de captadores en Paraguay, Valladolid y Madrid, que se encargaban de localizar en su país de origen a mujeres en situación de extrema pobreza y necesidad para que viajaran a España a ejercer la prostitución.. En la mayoría de los casos, los implicados captaban a las mujeres entre las más jóvenes y vulnerables de sus propias familias. Las víctimas desconocían las condiciones tan miserables en las que les obligarían a prostituirse, así como el hecho de que tendrían que entregar a sus tratantes al menos la mitad del dinero obtenido por los servicios sexuales, incluso en su totalidad hasta que saldaran la deuda.. Los integrantes de la red proporcionaban el dinero y todo lo necesario, conocido como el viático, para viajar desde Paraguay hasta España e instruían a las mujeres para que viajaran en el avión simulando ser turistas, portando un billete de vuelta y una reserva de hotel que no llegarían a utilizar.. Según los investigadores, los integrantes del grupo criminal pretendían que las víctimas permanecieran en España en situación irregular, para así acentuar el control sobre ellas infundiéndolas temor sobre su posible expulsión o detención si acudían a la policía. La organización criminal contaba con infraestructura en Madrid para recoger a las víctimas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su alojamiento durante los primeros días y su posterior traslado hasta Valladolid.. Los investigadores detectaron que cuando las víctimas eran trasladadas al piso de Valladolid, ubicado en el número 9 de la Avenida de Burgos, la persona máxima responsable de la red o la mujer de su confianza, les retiraba el dinero que habían llevado en el viaje y les informaba del alcance de la deuda que habían contraído con sus tratantes, siendo una cantidad superior a lo que había costado el viaje.. Además, obligaban a las mujeres a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada.. Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que apenas dormían, acudiendo los clientes especialmente de madrugada, por lo que las mujeres debían levantarse sin poder negarse a cumplir ningún servicio. También se pudo constatar que debían pedir permiso a la encargada si querían salir del piso, pero nunca podían alejarse mucho ni estar fuera más de un par de horas, debiendo volver rápidamente si algún cliente las solicitaba.
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