España está bajo amenaza de colapso en la Administración por la regularización masiva de inmigrantes. El Gobierno tiene la intención de regularizar de golpe cientos de miles inmigrantes y CSIF exige refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración, que no se externalicen los servicios y que se compense económicamente el esfuerzo adicional en Seguridad Social, Política Territorial, Interior o el SEPE. Se entiende que los funcionarios «no están preparados».. La inmigración ilegal ha aumentado considerablemente en los últimos años en Europa y cada país la afronta de una manera diferente. Totalmente opuesta a la decisión del Gobierno es el proyecto de ley que ha presentado Suecia y que votará en el Parlamento en las próximas semanas de cara a una posible entrada en vigor, si se aprueba, el próximo 13 de julio. Esta nueva ley, presentada este martes,exige a los inmigrantes llevar una «vida honesta», bajo pena de expulsión.. Así es la nueva ley de Suecia con la inmigración. Esta reforma obliga a hasta seis organismos públicos a compartir información con las Fuerzas de Seguridad cuando detecten indicios de estancia irregular. Instituciones como la Agencia Tributaria, la Seguridad social o los servicios de empleo tendrán que compartir la información con la Policía cuando haya indicios de estancia ilegal, algo que no se podía hasta ahora por temas de confidencialidad. El partido, que llegó al poder en 2022, entiende que la cantidad actual de inmigrantes es inasumible para el país.. El ministro de Migración, Johan Forssell, fue muy contundente: «El respeto a las leyes y normas es fundamental, pero también lo es que hagamos todo lo posible por vivir de forma responsable y no perjudicar a nuestro país». Su mayor temor es la creación de una estructura paralela al haber tanta cantidad de inmigrantes. El Gobierno sueco también propone que los permisos de residencia puedan revocarse en otras situaciones, por ejemplo, cuando se considere que los inmigrantes representan una amenaza o si se comprueba que mintieron en su solicitud.. Johan Forssell explicó cómo se actuaría en el caso de que este proyecto de ley sea finalmente aprobado por el Parlamento: «Si, por ejemplo, no paga sus deudas, si no cumple con las decisiones de las autoridades suecas, si abusa del sistema de prestaciones sociales, si obtiene un permiso de residencia sueco por medios fraudulentos… entonces no tiene derecho a estar aquí».. El acuerdo no es total. No hay unanimidad respecto a esta medida como reflejan las palabras de Ludvig Aspling, portavoz de política migratoria del partido antiinmigración Demócratas de Suecia, que apoya al gobierno: «Las declaraciones de una persona no deben considerarse en sí mismas prueba de deshonestidad, pero pueden ser un indicio, por ejemplo, de vínculos con el extremismo violento, lo que a su vez puede ser señal de falta de moralidad».. La organización de derechos humanos Civil Rights Defenders es más contundente y argumenta que rompe el principio de igualdad: «Un sistema así podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y propiciar una mayor autocensura», explicó mediante John Stauffer a AFP. Una medida del Gobierno para cumplir el compromiso de 2022 de endurecer las políticas migratorias y combatir la delincuencia que está generando debate.
España está bajo amenaza de colapso en la Administración por la regularización masiva de inmigrantes. El Gobierno tiene la intención de regularizar de golpe cientos de miles inmigrantes y CSIF exige refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración, que no se externalicen los servicios y que se compense económicamente el esfuerzo adicional en Seguridad Social, Política Territorial, Interior o el SEPE. Se entiende que los funcionarios «no están preparados».. La inmigración ilegal ha aumentado considerablemente en los últimos años en Europa y cada país la afronta de una manera diferente. Totalmente opuesta a la decisión del Gobierno es el proyecto de ley que ha presentado Suecia y que votará en el Parlamento en las próximas semanas de cara a una posible entrada en vigor, si se aprueba, el próximo 13 de julio. Esta nueva ley, presentada este martes, exige a los inmigrantes llevar una «vida honesta», bajo pena de expulsión.. Así es la nueva ley de Suecia con la inmigración. Esta reforma obliga a hasta seis organismos públicos a compartir información con las Fuerzas de Seguridad cuando detecten indicios de estancia irregular. Instituciones como la Agencia Tributaria, la Seguridad social o los servicios de empleo tendrán que compartir la información con la Policía cuando haya indicios de estancia ilegal, algo que no se podía hasta ahora por temas de confidencialidad. El partido, que llegó al poder en 2022, entiende que la cantidad actual de inmigrantes es inasumible para el país.. El ministro de Migración, Johan Forssell, fue muy contundente: «El respeto a las leyes y normas es fundamental, pero también lo es que hagamos todo lo posible por vivir de forma responsable y no perjudicar a nuestro país». Su mayor temor es la creación de una estructura paralela al haber tanta cantidad de inmigrantes. El Gobierno sueco también propone que los permisos de residencia puedan revocarse en otras situaciones, por ejemplo, cuando se considere que los inmigrantes representan una amenaza o si se comprueba que mintieron en su solicitud.. Johan Forssell explicó cómo se actuaría en el caso de que este proyecto de ley sea finalmente aprobado por el Parlamento: «Si, por ejemplo, no paga sus deudas, si no cumple con las decisiones de las autoridades suecas, si abusa del sistema de prestaciones sociales, si obtiene un permiso de residencia sueco por medios fraudulentos… entonces no tiene derecho a estar aquí».. El acuerdo no es total. No hay unanimidad respecto a esta medida como reflejan las palabras de Ludvig Aspling, portavoz de política migratoria del partido antiinmigración Demócratas de Suecia, que apoya al gobierno: «Las declaraciones de una persona no deben considerarse en sí mismas prueba de deshonestidad, pero pueden ser un indicio, por ejemplo, de vínculos con el extremismo violento, lo que a su vez puede ser señal de falta de moralidad».. La organización de derechos humanos Civil Rights Defenders es más contundente y argumenta que rompe el principio de igualdad: «Un sistema así podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y propiciar una mayor autocensura», explicó mediante John Stauffer a AFP. Una medida del Gobierno para cumplir el compromiso de 2022 de endurecer las políticas migratorias y combatir la delincuencia que está generando debate.
El parlamento tiene que aprobar estas medidas y el ministros Johan Forssell es contundente: «El respeto a las leyes y normas es fundamental»
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