En la última sesión de control de 2025, las diferentes fuerzas políticas que forman el arco parlamentario, menos el PSC, por fin pudieron ponerse de acuerdo en una cosa: todas señalaron al ejecutivo de Illa como incapaz de aprobar presupuestos, de mantener estabilidad y de no ser contundente contra la corrupción. Por su parte, el president, que hoy ha querido defenderse más que otros días, ha dibujado una Cataluña «próspera» y que «crece económicamente», aunque ha admitido que «queda trabajo por hacer».. Los primeros en disparar fueron Junts y ERC. Ambos afirmaron querer hacer un «balance realista de Cataluña», y no el «balance triunfalista y propagandista que hace el Govern». Mònica Sales, líder de Junts en la cámara, afirmó que «Cataluña no avanza, mucha gente no puede llegar a fin de mes, los servicios públicos están tensionados, la vivienda es una emergencia y la lengua catalana retrocede». La Razón, para ella, es que Illa «ha renunciado a gobernar con decisión y ambición», se limita a «crear comisiones, grupos de expertos y dibujar horizontes lejanos».. Tanto Junts como ERC apuntaron a la ausencia de la financiación singular para Cataluña y, en consecuencia, de los presupuestos autonómicos, señal evidente de «falta de estabilidad». Una falta de estabilidad que, para ambos grupos, viene precedida por la «supeditación del Govern de la Generalitat al Gobierno español, y el sacrificio de los intereses de Cataluña a los intereses del PSOE». Para Josep Maria Jové i Lladó, líder de ERC en el Parlament, el Govern «vive en diferido, sin ambición nacional ni social, sin rumbo claro». Por eso, le pide a Illa que «cumpla con los acuerdos pactados en materia de financiación singular y en materia de resolución del conflicto político, permitiendo que la ciudadanía vote cuál quiere que sea el futuro de su país». En conjunto, las formaciones independentistas pidieron a Illa «liderazgo», estabilidad, financiación singular, amnistía y presupuestos.. Illa, por su parte, respondió recordando que Cataluña «va por buen camino». Citó datos macroeconómicos que avalan que «hay más gente trabajando y más prosperidad que nunca, con un nuevo récord de ocupación en noviembre, habiendo crecido por encima de la media española y por encima de Madrid, y teniendo el incremento de precios por debajo del conjunto de España. Además, recordó que hay «más vivienda pública en construcción que nunca», «más seguridad para todos, más Mossos y mejores cifras de delincuencia». Sin embargo, dijo que en 2026 «haremos las cosas mejor», que aún queda trabajo por hacer y que «ojalá se pueda aplicar la amnistía, tal y como he pedido desde que soy presidente». Cerró su respuesta asegurando que cumplirá «estrictamente todos los acuerdos de investidura firmados con ERC», empezando por la financiación singular por la cual, dijo, está «sudando la camiseta».. Floja respuesta ante la DGAIA. Por su parte, Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, sacó a colación las conclusiones de la Sindicatura de Cuentas con la relación al llamado escándalo de la DGAIA, «uno de los episodios repugnantes y nauseabundos de la historia reciente de Cataluña». Para Fernández, «a la corrupción perfectamente organizada de clientelismo, puertas giratorias, prórroga ilegal de contratos o facturas falsas por doquier, se añade lo más inmoral sin duda: tutela deficiente de niños y adolescentes con abusos y pedrastía constante».. El popular reconoció, eso sí, que «el Govern actual no es directamente responsable, pues fue el Govern anterior, de ERC». Sin embargo, dice, era un ejecutivo «apoyado y sostenido» por el PSC, que «evidentemente miró siempre hacia otro lado, a pesar de que hacía muchísimo tiempo que saltaban las alarmas». Fernández reprochó que PSC y ERC «se tapan mutuamente las verguenzas», en una «reedición de aquel oasis catalán sociovergente, que reventó con el 3%, pero en una versión tripartito 2.0: comuns, ERC, PSC, con el siempre ambiguo papel de Junts». Para el líder del PP, el reproche es que la respuesta de Illa está siendo «tímida e insuficiente, a ver si pasa el tiempo y el asunto se diluye», en vez de «acudir a la justicia».. Illa, visiblemente afectado, respondió diciendo que no tiene nada que tapar ni esconder, y que «la política de menores es lo más complicado que hay, pues tratar a personas que han peridod su familia y están aquí es muy difícil». Eso sí, el presidente ha reconocido que hubo «errores administrativos».. «Servicios públicos colapsados». Por su parte, el líder de Vox, Ignacio Garriga, denunció que los servicios públicos están “al límite” y acusó al Govern de actuar como si no pasara nada mientras, a su juicio, se permiten empadronamientos fraudulentos para repartir tarjetas sanitarias. Afirmó que la sanidad está colapsando por la “importación de inmigración ilegal”, reprochó al ejecutivo que “abra las puertas” de hospitales y CAP a “medio mundo” y sostuvo que este modelo acaba costando vidas. En un tono muy duro, dijo que el Govern se disfraza de humanismo, engaña a los de fuera y traiciona a los catalanes y a los profesionales, y reclamó invertir de verdad en sanidad y dejar de convertir los centros de atención primaria en “un coladero”.. El president replicó que no se puede mezclar inmigración y servicios públicos y atribuyó la presión asistencial actual a un pico de gripe. Rechazó el diagnóstico de Garriga y contrapuso modelos: frente a lo que definió como una apuesta por la sanidad privada, defendió un sistema público que atiende a todos sin discriminar por origen, creencias o nivel de renta. Según Illa, se trata de un «modelo eficiente que funciona» y que, además de garantizar la atención sanitaria, cohesiona a la sociedad.. Por su parte, Jéssica Albiach, de los comunes, pidió a Illa empezar a «poner sanciones a los propietarios que se saltan la ley de vivienda cometiendo fraudes de alquiler», en referencia al «problema de vivienda que sufre el país». También pidió la creación de un grupo de trabajo para decidir las tarifas de transporte público de 2027, en vez de «ir siempre a última hora».. Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, reprochó al presidente que «prometió regeneración, seriedad, buena gestión y respeto institucional» pero, a su juicio, «solo hemos recogido silencios, ambiguedades y evasión de responsabilidades. Además, acusó a Illa de «no dar ninguna explicación por los casos de corrupción que azotan a su partido», de liderar «una legislatura sin presupuestos, sin expectativas, sin rumbo y supeditado a los delirios de la extrema izquierda». Además, le pidió explicaciones por «decirse demócrata pero avalar la persecución ideológica a los adversarios políticos y los cordones sanitarios».
Junts y ERC coincidieron en la última sesión de control de 2025 en señalar la «falta de ambición» del Govern, el PP cuestionó la respuesta a la DGAIA y Vox señaló el estado de los servicios públicos
En la última sesión de control de 2025, las diferentes fuerzas políticas que forman el arco parlamentario, menos el PSC, por fin pudieron ponerse de acuerdo en una cosa: todas señalaron al ejecutivo de Illa como incapaz de aprobar presupuestos, de mantener estabilidad y de no ser contundente contra la corrupción. Por su parte, el president, que hoy ha querido defenderse más que otros días, ha dibujado una Cataluña «próspera» y que «crece económicamente», aunque ha admitido que «queda trabajo por hacer».. Los primeros en disparar fueron Junts y ERC. Ambos afirmaron querer hacer un «balance realista de Cataluña», y no el «balance triunfalista y propagandista que hace el Govern». Mònica Sales, líder de Junts en la cámara, afirmó que «Cataluña no avanza, mucha gente no puede llegar a fin de mes, los servicios públicos están tensionados, la vivienda es una emergencia y la lengua catalana retrocede». La Razón, para ella, es que Illa «ha renunciado a gobernar con decisión y ambición», se limita a «crear comisiones, grupos de expertos y dibujar horizontes lejanos».. Tanto Junts como ERC apuntaron a la ausencia de la financiación singular para Cataluña y, en consecuencia, de los presupuestos autonómicos, señal evidente de «falta de estabilidad». Una falta de estabilidad que, para ambos grupos, viene precedida por la «supeditación del Govern de la Generalitat al Gobierno español, y el sacrificio de los intereses de Cataluña a los intereses del PSOE». Para Josep Maria Jové i Lladó, líder de ERC en el Parlament, el Govern «vive en diferido, sin ambición nacional ni social, sin rumbo claro». Por eso, le pide a Illa que «cumpla con los acuerdos pactados en materia de financiación singular y en materia de resolución del conflicto político, permitiendo que la ciudadanía vote cuál quiere que sea el futuro de su país». En conjunto, las formaciones independentistas pidieron a Illa «liderazgo», estabilidad, financiación singular, amnistía y presupuestos.. Illa, por su parte, respondió recordando que Cataluña «va por buen camino». Citó datos macroeconómicos que avalan que «hay más gente trabajando y más prosperidad que nunca, con un nuevo récord de ocupación en noviembre, habiendo crecido por encima de la media española y por encima de Madrid, y teniendo el incremento de precios por debajo del conjunto de España. Además, recordó que hay «más vivienda pública en construcción que nunca», «más seguridad para todos, más Mossos y mejores cifras de delincuencia». Sin embargo, dijo que en 2026 «haremos las cosas mejor», que aún queda trabajo por hacer y que «ojalá se pueda aplicar la amnistía, tal y como he pedido desde que soy presidente». Cerró su respuesta asegurando que cumplirá «estrictamente todos los acuerdos de investidura firmados con ERC», empezando por la financiación singular por la cual, dijo, está «sudando la camiseta».. Floja respuesta ante la DGAIA. Por su parte, Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, sacó a colación las conclusiones de la Sindicatura de Cuentas con la relación al llamado escándalo de la DGAIA, «uno de los episodios repugnantes y nauseabundos de la historia reciente de Cataluña». Para Fernández, «a la corrupción perfectamente organizada de clientelismo, puertas giratorias, prórroga ilegal de contratos o facturas falsas por doquier, se añade lo más inmoral sin duda: tutela deficiente de niños y adolescentes con abusos y pedrastía constante».. El popular reconoció, eso sí, que «el Govern actual no es directamente responsable, pues fue el Govern anterior, de ERC». Sin embargo, dice, era un ejecutivo «apoyado y sostenido» por el PSC, que «evidentemente miró siempre hacia otro lado, a pesar de que hacía muchísimo tiempo que saltaban las alarmas». Fernández reprochó que PSC y ERC «se tapan mutuamente las verguenzas», en una «reedición de aquel oasis catalán sociovergente, que reventó con el 3%, pero en una versión tripartito 2.0: comuns, ERC, PSC, con el siempre ambiguo papel de Junts». Para el líder del PP, el reproche es que la respuesta de Illa está siendo «tímida e insuficiente, a ver si pasa el tiempo y el asunto se diluye», en vez de «acudir a la justicia».. Illa, visiblemente afectado, respondió diciendo que no tiene nada que tapar ni esconder, y que «la política de menores es lo más complicado que hay, pues tratar a personas que han peridod su familia y están aquí es muy difícil». Eso sí, el presidente ha reconocido que hubo «errores administrativos».. «Servicios públicos colapsados». Por su parte, el líder de Vox, Ignacio Garriga, denunció que los servicios públicos están “al límite” y acusó al Govern de actuar como si no pasara nada mientras, a su juicio, se permiten empadronamientos fraudulentos para repartir tarjetas sanitarias. Afirmó que la sanidad está colapsando por la “importación de inmigración ilegal”, reprochó al ejecutivo que “abra las puertas” de hospitales y CAP a “medio mundo” y sostuvo que este modelo acaba costando vidas. En un tono muy duro, dijo que el Govern se disfraza de humanismo, engaña a los de fuera y traiciona a los catalanes y a los profesionales, y reclamó invertir de verdad en sanidad y dejar de convertir los centros de atención primaria en “un coladero”.. El president replicó que no se puede mezclar inmigración y servicios públicos y atribuyó la presión asistencial actual a un pico de gripe. Rechazó el diagnóstico de Garriga y contrapuso modelos: frente a lo que definió como una apuesta por la sanidad privada, defendió un sistema público que atiende a todos sin discriminar por origen, creencias o nivel de renta. Según Illa, se trata de un «modelo eficiente que funciona» y que, además de garantizar la atención sanitaria, cohesiona a la sociedad.. Por su parte, Jéssica Albiach, de los comunes, pidió a Illa empezar a «poner sanciones a los propietarios que se saltan la ley de vivienda cometiendo fraudes de alquiler», en referencia al «problema de vivienda que sufre el país». También pidió la creación de un grupo de trabajo para decidir las tarifas de transporte público de 2027, en vez de «ir siempre a última hora».. Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, reprochó al presidente que «prometió regeneración, seriedad, buena gestión y respeto institucional» pero, a su juicio, «solo hemos recogido silencios, ambiguedades y evasión de responsabilidades. Además, acusó a Illa de «no dar ninguna explicación por los casos de corrupción que azotan a su partido», de liderar «una legislatura sin presupuestos, sin expectativas, sin rumbo y supeditado a los delirios de la extrema izquierda». Además, le pidió explicaciones por «decirse demócrata pero avalar la persecución ideológica a los adversarios políticos y los cordones sanitarios».
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