Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Segovia detuvieron a seis personas por falsificar certificados de empadronamiento en distintas localidades de Segovia y Ávila. Bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante, también cobraban entre 100 y 280 euros por la renovación de la tarjeta de solicitante de protección internacional.. La investigación, denominada operación ‘Nordap’, se inició el pasado 17 de marzo de 2025 tras detectarse un aumento significativo de extranjeros que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia aportando certificados de empadronamiento supuestamente expedidos por municipios como Torrecaballeros, el Espinar y Abades. Las comprobaciones realizadas con los ayuntamientos afectados confirmaron que dichas personas no figuraban empadronadas en esos municipios.. Posteriormente, los agentes realizaron una investigación documental y operativa que permitió comprobar la falsedad de los documentos aportados y confirmar que la asociación en nombre de la cual actuaban los investigados no existía. También se acreditó que la persona que se presentaba ante los extranjeros como abogado y miembro de dicha entidad no tenía titulación ni estaba adscrita a ningún colegio profesional, incurriendo así en un delito de intrusismo.. El grupo captaba a sus víctimas a través de medios telemáticos y redes sociales, realizando los cobros mediante la aplicación Bizum. Su ámbito de actuación se extendía por las provincias de Segovia, Ávila y Madrid.. Resultados de la investigación. Del desarrollo de la operación se determinó que la elaboración y presentación de certificados de empadronamiento falsos, además de la inexistencia de la asociación u ONG en cuyo nombre actuaban y el cobro de entre 80 y 250 euros por la obtención de citas y la entrega de documentos falsos.. También se comprobó la comisión de delitos de falsedad documental e intrusismo profesional y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional. Como resultado, se procedió a la detención de estas personas y a la incautación de numerosa documentación falsificada, que incluía certificados de empadronamiento y modelos originales empleados como soporte para las falsificaciones.
Bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante cobraban entre 100 y 280 euros por la renovación de la tarjeta de solicitante de protección internacional
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Segovia detuvieron a seis personas por falsificar certificados de empadronamiento en distintas localidades de Segovia y Ávila. Bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante, también cobraban entre 100 y 280 euros por la renovación de la tarjeta de solicitante de protección internacional.. La investigación, denominada operación ‘Nordap’, se inició el pasado 17 de marzo de 2025 tras detectarse un aumento significativo de extranjeros que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia aportando certificados de empadronamiento supuestamente expedidos por municipios como Torrecaballeros, el Espinar y Abades. Las comprobaciones realizadas con los ayuntamientos afectados confirmaron que dichas personas no figuraban empadronadas en esos municipios.. Posteriormente, los agentes realizaron una investigación documental y operativa que permitió comprobar la falsedad de los documentos aportados y confirmar que la asociación en nombre de la cual actuaban los investigados no existía. También se acreditó que la persona que se presentaba ante los extranjeros como abogado y miembro de dicha entidad no tenía titulación ni estaba adscrita a ningún colegio profesional, incurriendo así en un delito de intrusismo.. El grupo captaba a sus víctimas a través de medios telemáticos y redes sociales, realizando los cobros mediante la aplicación Bizum. Su ámbito de actuación se extendía por las provincias de Segovia, Ávila y Madrid.. Resultados de la investigación. Del desarrollo de la operación se determinó que la elaboración y presentación de certificados de empadronamiento falsos, además de la inexistencia de la asociación u ONG en cuyo nombre actuaban y el cobro de entre 80 y 250 euros por la obtención de citas y la entrega de documentos falsos.. También se comprobó la comisión de delitos de falsedad documental e intrusismo profesional y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional. Como resultado, se procedió a la detención de estas personas y a la incautación de numerosa documentación falsificada, que incluía certificados de empadronamiento y modelos originales empleados como soporte para las falsificaciones.
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