Enero de 2026 se perfila como un momento decisivo para la política catalana, no por acuerdos ya cerrados, sino por los avances que el Govern de Salvador Illa confía en activar tras meses de negociaciones complejas. Con los presupuestos de la Generalitat prorrogados y un ejecutivo en minoría, el president afronta el inicio del año con dos dossiers clave: el impulso de un nuevo modelo de financiación para Cataluña y el desbloqueo del traspaso de Rodalies, dos cuestiones que condicionan tanto la relación con el Gobierno central como la estabilidad de su mandato.. El PSC depende del apoyo de ERC y de los Comuns para aprobar las cuentas, pero esa negociación sigue supeditada a que antes se materialicen compromisos políticos de fondo. Los republicanos han dejado claro que no hablarán de presupuestos sin avances creíbles en financiación y Rodalies, convertidas en el principal termómetro de la legislatura. De ahí la presión por obtener resultados visibles en enero: Illa necesita demostrar capacidad de cumplimiento para abrir la vía presupuestaria, mientras ERC necesita exhibir logros concretos ante su electorado y evitar que la prórroga presupuestaria derive en un nuevo escenario de bloqueo.. La financiación singular. La principal expectativa del mes de enero gira en torno al nuevo modelo de financiación autonómica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado su intención de presentar una propuesta entre enero y febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero antes de llegar a ese foro multilateral, el Ejecutivo central necesita cerrar un entendimiento previo con ERC, que es quien ha empujado con más fuerza la idea de una financiación singular para Cataluña.. Las conversaciones se intensificaron en las últimas semanas de 2025 y las posiciones se han ido acercando. El esquema que se está perfilando incluiría una aportación adicional del Estado a Cataluña que superaría los 4.000 millones de euros, aunque la cifra final aún depende de ajustes técnicos. Más allá de los números, hay un principio político que ERC considera irrenunciable y que el Govern catalán da por asegurado: el de la ordinalidad, es decir, que Cataluña no pierda posiciones relativas en recursos recibidos respecto a lo que aporta al sistema.. El calendario, sin embargo, no está exento de riesgos. La presentación del modelo en el CPFF previsiblemente se topará con una oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP, que rechazan cualquier planteamiento que interpreten como un trato diferencial. Pero el verdadero escollo llegará después, en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría necesaria para validar el nuevo sistema está lejos de estar garantizada.. En ese escenario, la posición de Junts per Catalunya será determinante. El partido de Carles Puigdemont ha mostrado ya sus recelos y considera que el acuerdo que ERC negocia con los socialistas se queda corto y no se acerca lo suficiente a un modelo similar al concierto económico. Si Junts decide no apoyar la reforma, el plan podría quedar bloqueado en Madrid, incluso aunque ERC y el PSOE cierren un pacto previo.. Sin embargo, ERC no quiere que su hoja de ruta en Cataluña quede condicionada a la posición final de Junts y apuesta por acelerar los tiempos: su objetivo es cerrar en enero un acuerdo político con el Ministerio de Hacienda y, a partir de ahí, abrir la negociación de los presupuestos de la Generalitat con el Govern de Salvador Illa, sin esperar a que el nuevo modelo de financiación complete todo su recorrido en el Congreso. Eso no elimina, sin embargo, una exigencia de fondo que sigue pendiente: que la Generalitat pueda recaudar y gestionar todos los impuestos, empezando por el IRPF, un compromiso de investidura aún sin concretar.. Rodalies: el otro gran frente de enero. En paralelo a la financiación, el traspaso de Rodalies entra en una fase decisiva. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central, la Generalitat y ERC establecía que una nueva empresa mixta debía empezar a operar a partir del 1 de enero de 2026. Ese plazo no se ha cumplido, oficialmente por cuestiones de agenda, pero las partes dan por hecho que la constitución formal de la compañía se producirá en las primeras semanas del año.. La nueva operadora, integrada en el grupo Renfe pero con un consejo de administración controlado por la Generalitat, es una pieza clave para que el Govern catalán tenga voz real en la gestión del servicio ferroviario. Los nombres de los cinco miembros del consejo —consensuados entre las tres partes y con perfiles técnicos e institucionales— ya están cerrados, y uno de ellos ha sido propuesto por ERC. Deberían desvelarse en enero.. El diseño final no ha satisfecho todas las aspiraciones iniciales de los republicanos, que querían acotar en el tiempo la permanencia de Renfe como accionista mayoritaria. Aun así, han aceptado el esquema actual como un primer paso, conscientes de que la prioridad ahora es que la empresa eche a andar y empiece una segunda fase más compleja: la obtención de la licencia ferroviaria y del certificado de seguridad, trámites largos y técnicamente exigentes.. Con este telón de fondo, el futuro inmediato de los presupuestos de Salvador Illa depende en gran medida de que enero deje avances claros en financiación y Rodalies. Aunque la materialización de ambos acuerdos no está solo en manos del Govern catalán y exige la implicación directa del Gobierno central, el president observa este mes con especial atención: ERC ha vinculado de forma explícita su apoyo a las cuentas a que estas dos carpetas se traduzcan en compromisos concretos y calendarizados. De su resultado dependerá que el ejecutivo pueda abrir la negociación presupuestaria y ganar estabilidad o, por el contrario, que Cataluña prolongue la prórroga y encare un nuevo escenario de incertidumbre política.
El president afronta un inicio de año clave con el Govern en minoría y las cuentas prorrogadas
Enero de 2026 se perfila como un momento decisivo para la política catalana, no por acuerdos ya cerrados, sino por los avances que el Govern de Salvador Illa confía en activar tras meses de negociaciones complejas. Con los presupuestos de la Generalitat prorrogados y un ejecutivo en minoría, el president afronta el inicio del año con dos dossiers clave: el impulso de un nuevo modelo de financiación para Cataluña y el desbloqueo del traspaso de Rodalies, dos cuestiones que condicionan tanto la relación con el Gobierno central como la estabilidad de su mandato.. El PSC depende del apoyo de ERC y de los Comuns para aprobar las cuentas, pero esa negociación sigue supeditada a que antes se materialicen compromisos políticos de fondo. Los republicanos han dejado claro que no hablarán de presupuestos sin avances creíbles en financiación y Rodalies, convertidas en el principal termómetro de la legislatura. De ahí la presión por obtener resultados visibles en enero: Illa necesita demostrar capacidad de cumplimiento para abrir la vía presupuestaria, mientras ERC necesita exhibir logros concretos ante su electorado y evitar que la prórroga presupuestaria derive en un nuevo escenario de bloqueo.. La financiación singular. La principal expectativa del mes de enero gira en torno al nuevo modelo de financiación autonómica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado su intención de presentar una propuesta entre enero y febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero antes de llegar a ese foro multilateral, el Ejecutivo central necesita cerrar un entendimiento previo con ERC, que es quien ha empujado con más fuerza la idea de una financiación singular para Cataluña.. Las conversaciones se intensificaron en las últimas semanas de 2025 y las posiciones se han ido acercando. El esquema que se está perfilando incluiría una aportación adicional del Estado a Cataluña que superaría los 4.000 millones de euros, aunque la cifra final aún depende de ajustes técnicos. Más allá de los números, hay un principio político que ERC considera irrenunciable y que el Govern catalán da por asegurado: el de la ordinalidad, es decir, que Cataluña no pierda posiciones relativas en recursos recibidos respecto a lo que aporta al sistema.. El calendario, sin embargo, no está exento de riesgos. La presentación del modelo en el CPFF previsiblemente se topará con una oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP, que rechazan cualquier planteamiento que interpreten como un trato diferencial. Pero el verdadero escollo llegará después, en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría necesaria para validar el nuevo sistema está lejos de estar garantizada.. En ese escenario, la posición de Junts per Catalunya será determinante. El partido de Carles Puigdemont ha mostrado ya sus recelos y considera que el acuerdo que ERC negocia con los socialistas se queda corto y no se acerca lo suficiente a un modelo similar al concierto económico. Si Junts decide no apoyar la reforma, el plan podría quedar bloqueado en Madrid, incluso aunque ERC y el PSOE cierren un pacto previo.. Sin embargo, ERC no quiere que su hoja de ruta en Cataluña quede condicionada a la posición final de Junts y apuesta por acelerar los tiempos: su objetivo es cerrar en enero un acuerdo político con el Ministerio de Hacienda y, a partir de ahí, abrir la negociación de los presupuestos de la Generalitat con el Govern de Salvador Illa, sin esperar a que el nuevo modelo de financiación complete todo su recorrido en el Congreso. Eso no elimina, sin embargo, una exigencia de fondo que sigue pendiente: que la Generalitat pueda recaudar y gestionar todos los impuestos, empezando por el IRPF, un compromiso de investidura aún sin concretar.. Rodalies: el otro gran frente de enero. En paralelo a la financiación, el traspaso de Rodalies entra en una fase decisiva. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central, la Generalitat y ERC establecía que una nueva empresa mixta debía empezar a operar a partir del 1 de enero de 2026. Ese plazo no se ha cumplido, oficialmente por cuestiones de agenda, pero las partes dan por hecho que la constitución formal de la compañía se producirá en las primeras semanas del año.. La nueva operadora, integrada en el grupo Renfe pero con un consejo de administración controlado por la Generalitat, es una pieza clave para que el Govern catalán tenga voz real en la gestión del servicio ferroviario. Los nombres de los cinco miembros del consejo —consensuados entre las tres partes y con perfiles técnicos e institucionales— ya están cerrados, y uno de ellos ha sido propuesto por ERC. Deberían desvelarse en enero.. El diseño final no ha satisfecho todas las aspiraciones iniciales de los republicanos, que querían acotar en el tiempo la permanencia de Renfe como accionista mayoritaria. Aun así, han aceptado el esquema actual como un primer paso, conscientes de que la prioridad ahora es que la empresa eche a andar y empiece una segunda fase más compleja: la obtención de la licencia ferroviaria y del certificado de seguridad, trámites largos y técnicamente exigentes.. Con este telón de fondo, el futuro inmediato de los presupuestos de Salvador Illa depende en gran medida de que enero deje avances claros en financiación y Rodalies. Aunque la materialización de ambos acuerdos no está solo en manos del Govern catalán y exige la implicación directa del Gobierno central, el president observa este mes con especial atención: ERC ha vinculado de forma explícita su apoyo a las cuentas a que estas dos carpetas se traduzcan en compromisos concretos y calendarizados. De su resultado dependerá que el ejecutivo pueda abrir la negociación presupuestaria y ganar estabilidad o, por el contrario, que Cataluña prolongue la prórroga y encare un nuevo escenario de incertidumbre política.
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