Durante buena parte de la legislatura, Esquerra Republicana ha sido el actor central del independentismo catalán. No tanto por su capacidad de marcar el relato, sino por su eficacia negociadora. Gracias a su papel como socio imprescindible de Pedro Sánchez en Madrid y de Salvador Illa en Cataluña, ERC ha logrado arrancar al socialismo una serie de cesiones y traspasos que ningún otro partido independentista había conseguido en los últimos años: la financiación singular, el traspaso de Rodalies, el Pacto Nacional por la Lengua o una mayor influencia en la gobernanza de infraestructuras estratégicas.. Ese balance ha tenido, sin embargo, una contrapartida política evidente: ERC ha hecho presidentes a dirigentes no independentistas —y, en el lenguaje de Junts, abiertamente “españolistas”— a cambio de avances parciales pero tangibles para Cataluña. Un pragmatismo que ha generado incomodidad en parte de su electorado, pero que también ha reforzado su imagen de partido útil y decisivo.. En ese contexto, Junts per Catalunya ha pasado meses en una posición incómoda. Mientras ERC acumulaba acuerdos concretos y capital político, el partido de Carles Puigdemont se veía relegado a un papel secundario, limitado a denunciar la “renuncia” republicana y a cuestionar el precio pagado por esos pactos. Las críticas de Junts —centradas en el hecho de que ERC sostenía gobiernos del PSC y del PSOE— eran ideológicamente coherentes, pero políticamente frágiles: resultaba difícil desautorizar a quien estaba consiguiendo resultados reales para Cataluña sin parecer movido más por el resentimiento que por una alternativa viable.. Como ejemplo, en el entorno de Junts algunos perfiles han planteado que la postura del partido de rechazar la financiación singular negociada por ERC sería difícil de explicar, pues supondría la renuncia de casi 5.000 millones de euros adicionales para Cataluña.. Rodalies cambia el tablero. Sin embargo, el caos persistente de Rodalies ha alterado ese orden. Las incidencias continuadas, la sensación de colapso estructural y la incapacidad del Govern para ofrecer respuestas convincentes tras el accidente de Gelida han abierto una grieta en el relato. En ese escenario, Junts ha encontrado por primera vez en mucho tiempo un espacio desde el que criticar con autoridad. Ya no se limita a reprochar a ERC que sostenga gobiernos “españolistas”, sino que señala un fracaso tangible del ejecutivo catalán en un ámbito clave de los servicios públicos.. Junts ha elevado la presión política y ha puesto el foco directamente en el president Salvador Illa. El portavoz posconvergente, Josep Rius, ha advertido de que si el president no destituye a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, pasará a ser él el responsable directo de la crisis. Rius ha calificado de “inaudito” que la consellera siga en el cargo pese a haber sido reprobada por el Parlament hace un año y ha acusado al Govern de mentir o de desconocer la realidad del servicio ferroviario, en lo que ha definido como “la mayor crisis de transporte en Cataluña de los últimos decenios”.. El dirigente de Junts ha ido más allá y ha dado por enterrado el discurso del buen gobierno del PSC, al que ha acusado de actuar como “un apéndice del PSOE”. En este sentido, ha criticado la intervención del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para gestionar la crisis, subrayando que su participación “tampoco ha servido de nada”, y ha señalado al Gobierno central como corresponsable por no haber revertido en siete años la desinversión en Rodalies. Junts también ha apuntado directamente al ministro Óscar Puente, al que atribuye “desidia o ignorancia”, y ha denunciado que ceder la gestión de la crisis al Estado supone “rebajar el autogobierno”, hasta el punto de hablar de una “autoaplicación del 155”.. La diferencia con ERC es sustancial. Mientras Junts puede reivindicar que no sostiene al Govern y que lleva tiempo alertando de que se trata de un “traspaso descafeinado” sin control real, los republicanos se mueven ahora en un terreno mucho más incómodo. ERC también ha pedido dimisiones —tanto de Paneque como de Puente— y ha denunciado la falta de cumplimiento y los mensajes contradictorios del ejecutivo, pero lo hace desde una posición vulnerable: es socio del Govern y ha hecho de la cogestión con el Estado una de sus banderas. No obstante, ha dejado claro que el caos en Rodalies no condiciona una eventual negociación de los presupuestos de la Generalitat: “Estamos obligados a negociar y a hacer política”.
Junts y ERC, hasta ahora, han mantenido estrategias distintas en la legislatura, con los posconvergentes relegados a un segundo plano
Durante buena parte de la legislatura, Esquerra Republicana ha sido el actor central del independentismo catalán. No tanto por su capacidad de marcar el relato, sino por su eficacia negociadora. Gracias a su papel como socio imprescindible de Pedro Sánchez en Madrid y de Salvador Illa en Cataluña, ERC ha logrado arrancar al socialismo una serie de cesiones y traspasos que ningún otro partido independentista había conseguido en los últimos años: la financiación singular, el traspaso de Rodalies, el Pacto Nacional por la Lengua o una mayor influencia en la gobernanza de infraestructuras estratégicas.. Ese balance ha tenido, sin embargo, una contrapartida política evidente: ERC ha hecho presidentes a dirigentes no independentistas —y, en el lenguaje de Junts, abiertamente “españolistas”— a cambio de avances parciales pero tangibles para Cataluña. Un pragmatismo que ha generado incomodidad en parte de su electorado, pero que también ha reforzado su imagen de partido útil y decisivo.. En ese contexto, Junts per Catalunya ha pasado meses en una posición incómoda. Mientras ERC acumulaba acuerdos concretos y capital político, el partido de Carles Puigdemont se veía relegado a un papel secundario, limitado a denunciar la “renuncia” republicana y a cuestionar el precio pagado por esos pactos. Las críticas de Junts —centradas en el hecho de que ERC sostenía gobiernos del PSC y del PSOE— eran ideológicamente coherentes, pero políticamente frágiles: resultaba difícil desautorizar a quien estaba consiguiendo resultados reales para Cataluña sin parecer movido más por el resentimiento que por una alternativa viable.. Como ejemplo, en el entorno de Junts algunos perfiles han planteado que la postura del partido de rechazar la financiación singular negociada por ERC sería difícil de explicar, pues supondría la renuncia de casi 5.000 millones de euros adicionales para Cataluña.. Rodalies cambia el tablero. Sin embargo, el caos persistente de Rodalies ha alterado ese orden. Las incidencias continuadas, la sensación de colapso estructural y la incapacidad del Govern para ofrecer respuestas convincentes tras el accidente de Gelida han abierto una grieta en el relato. En ese escenario, Junts ha encontrado por primera vez en mucho tiempo un espacio desde el que criticar con autoridad. Ya no se limita a reprochar a ERC que sostenga gobiernos “españolistas”, sino que señala un fracaso tangible del ejecutivo catalán en un ámbito clave de los servicios públicos.. Junts ha elevado la presión política y ha puesto el foco directamente en el president Salvador Illa. El portavoz posconvergente, Josep Rius, ha advertido de que si el president no destituye a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, pasará a ser él el responsable directo de la crisis. Rius ha calificado de “inaudito” que la consellera siga en el cargo pese a haber sido reprobada por el Parlament hace un año y ha acusado al Govern de mentir o de desconocer la realidad del servicio ferroviario, en lo que ha definido como “la mayor crisis de transporte en Cataluña de los últimos decenios”.. El dirigente de Junts ha ido más allá y ha dado por enterrado el discurso del buen gobierno del PSC, al que ha acusado de actuar como “un apéndice del PSOE”. En este sentido, ha criticado la intervención del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para gestionar la crisis, subrayando que su participación “tampoco ha servido de nada”, y ha señalado al Gobierno central como corresponsable por no haber revertido en siete años la desinversión en Rodalies. Junts también ha apuntado directamente al ministro Óscar Puente, al que atribuye “desidia o ignorancia”, y ha denunciado que ceder la gestión de la crisis al Estado supone “rebajar el autogobierno”, hasta el punto de hablar de una “autoaplicación del 155”.. La diferencia con ERC es sustancial. Mientras Junts puede reivindicar que no sostiene al Govern y que lleva tiempo alertando de que se trata de un “traspaso descafeinado” sin control real, los republicanos se mueven ahora en un terreno mucho más incómodo. ERC también ha pedido dimisiones —tanto de Paneque como de Puente— y ha denunciado la falta de cumplimiento y los mensajes contradictorios del ejecutivo, pero lo hace desde una posición vulnerable: es socio del Govern y ha hecho de la cogestión con el Estado una de sus banderas. No obstante, ha dejado claro que el caos en Rodalies no condiciona una eventual negociación de los presupuestos de la Generalitat: “Estamos obligados a negociar y a hacer política”.
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