Cataluña ha cerrado 2025 con una sensación de inestabilidad política que amenaza con cronificarse. El año se despidió sin presupuestos y con el Govern de Salvador Illa recurriendo, una vez más, a la prórroga de unas cuentas que se remontan a 2023. No es un detalle menor: es el síntoma más evidente de una legislatura que avanza sin una mayoría parlamentaria sólida y a golpe de acuerdos parciales, suplementos de crédito y cesiones continuas a unos socios que gobiernan sin asumir el coste de gobernar.. Ese es, precisamente, el gran reto de Illa en 2026: dotarse de estabilidad política real para poder culminar la legislatura y dejar atrás la anomalía de dos años consecutivos sin presupuestos aprobados. A día de hoy, ni siquiera se han iniciado las negociaciones con ERC y los Comuns. No por falta de voluntad del Govern, sino porque ambos partidos han decidido condicionar cualquier conversación a la obtención previa de sus máximas exigencias: Esquerra, la financiación singular; los Comuns, avances sustanciales en vivienda.. La patronal catalana lo dice con claridad: el PSC debería explorar acuerdos más amplios, incluso con Junts, y no quedar rehén de la izquierda más dura. La advertencia no es ideológica, sino pragmática: sin estabilidad presupuestaria, no hay crecimiento ni reformas estructurales posibles.. Financiación y Rodalies. Uno de los ejes que puede desbloquear —o enquistar— la legislatura es la financiación. Illa ha elevado las expectativas al anunciar que en enero “pasarán cosas”. El Govern, el Gobierno central y ERC ultiman un modelo de financiación singular que, según el ejecutivo catalán, respetará el principio de ordinalidad y permitirá a Cataluña recibir recursos en proporción a lo que aporta. La propuesta debería presentarse a finales de enero y pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El problema no es solo técnico, sino político: cualquier concesión será utilizada por ERC como moneda de cambio, mientras en el resto de España crece la percepción de trato privilegiado.. Otro frente clave será Rodalies. En 2026 comenzará a estar operativa la empresa mixta Gobierno-Generalitat, con mayoría accionarial de Renfe y presidencia propuesta por el Govern, y se iniciará el traspaso de la línea R1. Es un compromiso largamente anunciado que ahora entra en fase decisiva. Para Illa, no es solo una cuestión competencial, sino de credibilidad: Rodalies sigue siendo uno de los símbolos más visibles del malestar cotidiano de los ciudadanos.. Inseguridad y amnistía. A todo ello se suma la seguridad, un terreno en el que el president no puede permitirse la complacencia. Es cierto que los datos oficiales apuntan a una mejora y a un descenso de la delincuencia, tanto en Cataluña como en Barcelona. Pero también lo es que esas mejoras resultan claramente insuficientes. La multirreincidencia se ha disparado y la percepción ciudadana sigue siendo de inseguridad. Esa brecha entre estadísticas y calle alimenta el crecimiento de Vox y de Aliança Catalana, fuerzas que capitalizan el malestar y que obligarán a Illa a mantener una política firme en seguridad si no quiere dejar ese espacio a los extremos.. Otro de los temas que está provocando un cambio de discurso en casi todos los partidos, es el de la inmigración. Las dos formaciones mencionadas crecen denunciando los efectos de la inmigración masiva, mientras que ERC o Junts ya se cuestionan abiertamente la «poca viabilidad» que tiene mantener unos servicios públicos de calidad con la entrada de tantas nuevas personas al año. Así, Illa tendrá que definir su discurso en torno a la llamada «Cataluña de los 10 millones».. El tablero político puede complicarse aún más con el posible retorno de Carles Puigdemont. Tras el aval del abogado general del TJUE a la Ley de Amnistía, se espera un pronunciamiento definitivo en primavera. Si el Tribunal Supremo acaba aplicando la norma y retira la orden de detención, Puigdemont podría regresar y ejercer como líder de la oposición desde el Parlament. Illa ha expresado su deseo de que ese escenario se produzca, pero su impacto político es imprevisible y podría reordenar alianzas y tensiones tanto en Cataluña como en Madrid.. En definitiva, 2026 se presenta como un año decisivo para Salvador Illa. No bastará con prometer que “Cataluña avanzará”, como ha repetido en su balance de 2025. Necesita demostrar que puede gobernar con estabilidad, aprobar unos presupuestos, responder a las demandas sociales sin ceder al chantaje permanente de sus socios y ofrecer seguridad y certidumbre en un contexto de polarización creciente.
El presidente afronta 2026 condicionado por la financiación singular, Rodalies y la necesidad de una mayoría parlamentaria estable
Cataluña ha cerrado 2025 con una sensación de inestabilidad política que amenaza con cronificarse. El año se despidió sin presupuestos y con el Govern de Salvador Illa recurriendo, una vez más, a la prórroga de unas cuentas que se remontan a 2023. No es un detalle menor: es el síntoma más evidente de una legislatura que avanza sin una mayoría parlamentaria sólida y a golpe de acuerdos parciales, suplementos de crédito y cesiones continuas a unos socios que gobiernan sin asumir el coste de gobernar.. Ese es, precisamente, el gran reto de Illa en 2026: dotarse de estabilidad política real para poder culminar la legislatura y dejar atrás la anomalía de dos años consecutivos sin presupuestos aprobados. A día de hoy, ni siquiera se han iniciado las negociaciones con ERC y los Comuns. No por falta de voluntad del Govern, sino porque ambos partidos han decidido condicionar cualquier conversación a la obtención previa de sus máximas exigencias: Esquerra, la financiación singular; los Comuns, avances sustanciales en vivienda.. La patronal catalana lo dice con claridad: el PSC debería explorar acuerdos más amplios, incluso con Junts, y no quedar rehén de la izquierda más dura. La advertencia no es ideológica, sino pragmática: sin estabilidad presupuestaria, no hay crecimiento ni reformas estructurales posibles.. Financiación y Rodalies. Uno de los ejes que puede desbloquear —o enquistar— la legislatura es la financiación. Illa ha elevado las expectativas al anunciar que en enero “pasarán cosas”. El Govern, el Gobierno central y ERC ultiman un modelo de financiación singular que, según el ejecutivo catalán, respetará el principio de ordinalidad y permitirá a Cataluña recibir recursos en proporción a lo que aporta. La propuesta debería presentarse a finales de enero y pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El problema no es solo técnico, sino político: cualquier concesión será utilizada por ERC como moneda de cambio, mientras en el resto de España crece la percepción de trato privilegiado.. Otro frente clave será Rodalies. En 2026 comenzará a estar operativa la empresa mixta Gobierno-Generalitat, con mayoría accionarial de Renfe y presidencia propuesta por el Govern, y se iniciará el traspaso de la línea R1. Es un compromiso largamente anunciado que ahora entra en fase decisiva. Para Illa, no es solo una cuestión competencial, sino de credibilidad: Rodalies sigue siendo uno de los símbolos más visibles del malestar cotidiano de los ciudadanos.. Inseguridad y amnistía. A todo ello se suma la seguridad, un terreno en el que el president no puede permitirse la complacencia. Es cierto que los datos oficiales apuntan a una mejora y a un descenso de la delincuencia, tanto en Cataluña como en Barcelona. Pero también lo es que esas mejoras resultan claramente insuficientes. La multirreincidencia se ha disparado y la percepción ciudadana sigue siendo de inseguridad. Esa brecha entre estadísticas y calle alimenta el crecimiento de Vox y de Aliança Catalana, fuerzas que capitalizan el malestar y que obligarán a Illa a mantener una política firme en seguridad si no quiere dejar ese espacio a los extremos.. El tablero político puede complicarse aún más con el posible retorno de Carles Puigdemont. Tras el aval del abogado general del TJUE a la Ley de Amnistía, se espera un pronunciamiento definitivo en primavera. Si el Tribunal Supremo acaba aplicando la norma y retira la orden de detención, Puigdemont podría regresar y ejercer como líder de la oposición desde el Parlament. Illa ha expresado su deseo de que ese escenario se produzca, pero su impacto político es imprevisible y podría reordenar alianzas y tensiones tanto en Cataluña como en Madrid.. En definitiva, 2026 se presenta como un año decisivo para Salvador Illa. No bastará con prometer que “Cataluña avanzará”, como ha repetido en su balance de 2025. Necesita demostrar que puede gobernar con estabilidad, aprobar unos presupuestos, responder a las demandas sociales sin ceder al chantaje permanente de sus socios y ofrecer seguridad y certidumbre en un contexto de polarización creciente.
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