La defensa de Juan David R.C., en prisión provisional por la muerte de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), ha solicitado a la juez instructora la nulidad radical de la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de la pareja, alegando que se realizó sin la presencia del detenido, a pesar de que este ya se encontraba bajo custodia policial.. En un escrito presentado este lunes en los juzgados de Vera (Almería), al que ha tenido acceso EFE, el abogado Manuel Martínez Amate exige que se declare nulo el registro efectuado el pasado 4 de diciembre a las 17:15 horas y que, en aplicación de la doctrina del «fruto del árbol envenenado», se expulsen de la causa todas las pruebas halladas en la vivienda, así como los informes periciales derivados de ellas.. El letrado argumenta que su cliente fue detenido horas antes de la práctica de dicha diligencia y que, estando «perfectamente localizado y privado de libertad», no fue trasladado al domicilio para estar presente durante el registro, ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a ese derecho, vulnerando así el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el derecho fundamental a la defensa.. La solicitud de nulidad denuncia además una «evidente colisión de intereses», ya que el registro se llevó a cabo con la única presencia de la otra detenida, la madre del menor, Bárbara Ysmar B.O. La defensa sostiene que ella no podía garantizar los derechos de Juan David, dado que el juzgado ha derivado parte de la causa a violencia de género, situándola a ella como supuesta víctima y a él como presunto agresor.. «La ejecución del registro sin el detenido, estando este a disposición policial, convierte la diligencia en un acto inquisitivo, incontrolado por la defensa de quien reside en la vivienda», reza el escrito, que pide la exclusión de los 17 indicios recogidos en el acta policial.. Esta maniobra legal se suma a la reciente estrategia de la defensa, que ha aportado audios del menor y un informe toxicológico que confirma la ingesta de ibuprofeno y descarta agresiones sexuales, intentando demostrar que la muerte fue un homicidio imprudente por «praxis ritual fallida» y no un asesinato.
El letrado argumenta que su cliente no fue trasladado al domicilio para estar presente durante el registro
La defensa de Juan David R.C., en prisión provisional por la muerte de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), ha solicitado a la juez instructora la nulidad radical de la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de la pareja, alegando que se realizó sin la presencia del detenido, a pesar de que este ya se encontraba bajo custodia policial.. En un escrito presentado este lunes en los juzgados de Vera (Almería), al que ha tenido acceso EFE, el abogado Manuel Martínez Amate exige que se declare nulo el registro efectuado el pasado 4 de diciembre a las 17:15 horas y que, en aplicación de la doctrina del «fruto del árbol envenenado», se expulsen de la causa todas las pruebas halladas en la vivienda, así como los informes periciales derivados de ellas.. El letrado argumenta que su cliente fue detenido horas antes de la práctica de dicha diligencia y que, estando «perfectamente localizado y privado de libertad», no fue trasladado al domicilio para estar presente durante el registro, ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a ese derecho, vulnerando así el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el derecho fundamental a la defensa.. La solicitud de nulidad denuncia además una «evidente colisión de intereses», ya que el registro se llevó a cabo con la única presencia de la otra detenida, la madre del menor, Bárbara Ysmar B.O. La defensa sostiene que ella no podía garantizar los derechos de Juan David, dado que el juzgado ha derivado parte de la causa a violencia de género, situándola a ella como supuesta víctima y a él como presunto agresor.. «La ejecución del registro sin el detenido, estando este a disposición policial, convierte la diligencia en un acto inquisitivo, incontrolado por la defensa de quien reside en la vivienda», reza el escrito, que pide la exclusión de los 17 indicios recogidos en el acta policial.. Esta maniobra legal se suma a la reciente estrategia de la defensa, que ha aportado audios del menor y un informe toxicológico que confirma la ingesta de ibuprofeno y descarta agresiones sexuales, intentando demostrar que la muerte fue un homicidio imprudente por «praxis ritual fallida» y no un asesinato.
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