El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, remarcó que no es «ninguna expropiación» la toma de control este lunes por parte de las autoridades panameñas de dos puertos cercanos al canal interoceánico que eran gestionados por una filial del grupo chino CK Hutchison y cuya concesión quedó anulada por un fallo judicial inapelable.. Mulino recordó que al ser publicado este lunes en la Gaceta Oficial el fallo del Supremo del pasado 29 de enero, este quedó «debidamente ejecutoriado», por lo que para garantizar la continuidad de la operación portuaria se emitió un «decreto de ocupación», el cual es, afirmó, «una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes».. «Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación», afirmó el gobernante en un mensaje televisado a la nación.. El mandatario resaltó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación del Estado y propietario de ambos puertos, «tomó posesión de dichas instalaciones, con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial».. En ese sentido, el Gobierno autorizó además este lunes la aprobación de dos contratos de concesión transitorios entre la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas internacionales que garantizan la operación de los puertos Cristóbal (Atlántico) y Balboa (Pacífico), luego de que fuera publicado el fallo judicial.. Se trata de APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), la sociedad de Mediterranean Shipping Company (MSC), que operarán de forma transitoria los dos puertos cercanos al Canal de Panamá, tal y como fue aprobado esta tarde a través de dos resoluciones por el Gabinete (Consejo de Ministros).. Las resoluciones dicen que el contrato de concesión transitorio entre la AMP y las dos empresas garantizará por un lapso de «hasta 18 meses la operación, mantenimiento y administración» de los puertos.. En el caso de APM Terminals (que administrá el puerto de Balboa), además del periodo de duración de hasta 18 meses, se establece un monto de 26,1 millones de dólares «en concepto de contraprestación económica del concesionario», suma que, para TiL, que se ocupará de gestionar el puerto de Cristóbal, se fija en 15,8 millones de dólares.. Este plan fue presentado este mismo lunes al Gobierno, que le dio su aprobación.. Los puertos de Balboa y Cristóbal, que eran gestionados por la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario panameño.. El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato, que tildó de «leonino» y de lesivo a los intereses de la nación.. PPC informó el 3 de febrero del inicio de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) «en virtud del contrato de concesión» y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda, que según dijo la semana pasada el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a 2.000 millones de dólares.. PPC denunció este lunes la «toma ilegal» por el Estado panameño de los puertos de Balboa y Cristóbal. «La toma de los puertos por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión. PPC objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación», indicó en un comunicado PPC, empresa filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings.. El decreto de ocupación, según la empresa, abarca grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza, tanto dentro como fuera de las instalaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal.. «El Estado (panameño) es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias», advirtió PPC.. También señaló que, de forma simultánea a la publicación oficial, representantes del Gobierno —incluyendo delegados de la Presidencia, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)— se presentaron sin previo aviso en las terminales, particularmente en Balboa, donde entregaron una comunicación de la AMP en la que se indica que la concesión de PPC “ya no existe”, que los puertos son propiedad estatal y que la compañía «debe cesar operaciones» de inmediato.. El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, contra el contrato, que calificó de “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.. La filial de CK Hutchison Holdings afirmó que en las últimas semanas mantuvo gestiones para dialogar con las autoridades, con el fin de proteger a su personal, proveedores y clientes, pero que no recibió “seguridad, claridad ni transparencia” sobre la continuidad operativa ni sobre un eventual plan estatal para asumir el control de los puertos.. PPC y sus inversionistas informaron que “se reservan todos los derechos y recursos legales contra el Estado, sus agentes y terceros, incluyendo la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional y a mecanismos de protección de inversiones bajo tratados”, al tiempo que manifestaron su disposición a buscar soluciones a la crisis.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, remarcó que no es «ninguna expropiación» la toma de control este lunes por parte de las autoridades panameñas de dos puertos cercanos al canal interoceánico que eran gestionados por una filial del grupo chino CK Hutchison y cuya concesión quedó anulada por un fallo judicial inapelable.. Mulino recordó que al ser publicado este lunes en la Gaceta Oficial el fallo del Supremo del pasado 29 de enero, este quedó «debidamente ejecutoriado», por lo que para garantizar la continuidad de la operación portuaria se emitió un «decreto de ocupación», el cual es, afirmó, «una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes».. «Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación», afirmó el gobernante en un mensaje televisado a la nación.. El mandatario resaltó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación del Estado y propietario de ambos puertos, «tomó posesión de dichas instalaciones, con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial».. En ese sentido, el Gobierno autorizó además este lunes la aprobación de dos contratos de concesión transitorios entre la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas internacionales que garantizan la operación de los puertos Cristóbal (Atlántico) y Balboa (Pacífico), luego de que fuera publicado el fallo judicial.. Se trata de APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), la sociedad de Mediterranean Shipping Company (MSC), que operarán de forma transitoria los dos puertos cercanos al Canal de Panamá, tal y como fue aprobado esta tarde a través de dos resoluciones por el Gabinete (Consejo de Ministros).. Las resoluciones dicen que el contrato de concesión transitorio entre la AMP y las dos empresas garantizará por un lapso de «hasta 18 meses la operación, mantenimiento y administración» de los puertos.. En el caso de APM Terminals (que administrá el puerto de Balboa), además del periodo de duración de hasta 18 meses, se establece un monto de 26,1 millones de dólares «en concepto de contraprestación económica del concesionario», suma que, para TiL, que se ocupará de gestionar el puerto de Cristóbal, se fija en 15,8 millones de dólares.. Este plan fue presentado este mismo lunes al Gobierno, que le dio su aprobación.. Los puertos de Balboa y Cristóbal, que eran gestionados por la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario panameño.. El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato, que tildó de «leonino» y de lesivo a los intereses de la nación.. PPC informó el 3 de febrero del inicio de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) «en virtud del contrato de concesión» y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda, que según dijo la semana pasada el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a 2.000 millones de dólares.. PPC denunció este lunes la «toma ilegal» por el Estado panameño de los puertos de Balboa y Cristóbal. «La toma de los puertos por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión. PPC objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación», indicó en un comunicado PPC, empresa filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings.. El decreto de ocupación, según la empresa, abarca grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza, tanto dentro como fuera de las instalaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal.. «El Estado (panameño) es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias», advirtió PPC.. También señaló que, de forma simultánea a la publicación oficial, representantes del Gobierno —incluyendo delegados de la Presidencia, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)— se presentaron sin previo aviso en las terminales, particularmente en Balboa, donde entregaron una comunicación de la AMP en la que se indica que la concesión de PPC “ya no existe”, que los puertos son propiedad estatal y que la compañía «debe cesar operaciones» de inmediato.. El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, contra el contrato, que calificó de “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.. La filial de CK Hutchison Holdings afirmó que en las últimas semanas mantuvo gestiones para dialogar con las autoridades, con el fin de proteger a su personal, proveedores y clientes, pero que no recibió “seguridad, claridad ni transparencia” sobre la continuidad operativa ni sobre un eventual plan estatal para asumir el control de los puertos.. PPC y sus inversionistas informaron que “se reservan todos los derechos y recursos legales contra el Estado, sus agentes y terceros, incluyendo la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional y a mecanismos de protección de inversiones bajo tratados”, al tiempo que manifestaron su disposición a buscar soluciones a la crisis.
El presidente niega que se trate de una expropìación, aunque la medida ha generado inquietud en China
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