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  España  Castilla y León  «Operación Churruca»: La defensas piden la nulidad del proceso por falsedades en la instrucción del exjefe antidroga de Valladolid
Castilla y LeónEspaña

«Operación Churruca»: La defensas piden la nulidad del proceso por falsedades en la instrucción del exjefe antidroga de Valladolid

16 de noviembre de 2026
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La Audiencia Provincial de Valladolid ha acogido este lunes el inicio del juicio contra los ocho acusados en la ‘Operación Churruca’, investigación policial que se saldó con la incautación de 59 kilos de cocaína valorada en casi seis millones y para los que la Fiscalía solicita un conjunto de condenas que suman 86 años de cárcel.. Un proceso que ha comenzado con las defensas solicitando la nulidad del mismo por falsedades en la instrucción del que fuera jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, el inspector Luis Fernández, en prisión desde diciembre del 2025, tras una investigación de Asuntos Internos en la que se le acusó de quedarse con parte de los alijos incautados en esta operación.. Los abogados defensores acusaron a Luis Fernández, que declarará mañana como testigo desde de la cárcel de Topas (Salamanca) de haber falsificado un informe de vigilancia sobre los acusados, en el que se detalle que el 14 de noviembre de 2024 fueron localizados en el peaje de La Magdalena (AP-66) en un supuesto viaje a Asturias en busca de droga. Según explicaron, tanto la empresaria concesionaria de la autopista, como desde el propio Ministerio de Transportes, se ha confirmado que ese día este peaje se encontraba cerrado como consecuencia de un desprendimiento de piedras sobre la vía que obligó a desviar el tráfico, informa Ical.. A su vez, los letrados argumentaron que esa investigación fue clave en el proceso judicial, ya que sirvió a la jueza de instrucción para autorizar escuchas telefónicas sobre los ahora acusados.. Precisamente, la defensa también planteó que la cadena de custodia se rompió, dado que la cantidad de droga incautada y analizada no coincide entre los declarado por el inspector en una rueda de prensa en la que se informó del desarrollo de la operación, con la que figura en la investigación y con la que se ha analizado por los laboratorios.. En el turno de cuestiones previas, toda la defensa también reclamó la nulidad de todo el proceso por las irregularidades en la incoación de diligencias previas, ya que el oficio de la Policía Nacional en el que se basa la investigación judicial es una continuación de la ‘Operación Silken’, por acusados en común. En este sentido, uno de los abogados sostuvo que es ilegal investigar a una misma persona dos veces por los mismo delitos y remarcó que las operaciones ‘Silken’ y ‘Churruca’ son lo mismo.. Además, también denunciaron los abogados la vulneración del derecho de defensa, ya que la propia Policía Nacional dirigió el oficio al Juzgado de Instrucción número, que estaba investigado la ‘Operación Silken’, en el que pide que se abran diligencias previas, cuando lo lógico hubiera sido remitirlo al Juzgado de Guardia.. Penas. El Ministerio Público pide diez años y medio de prisión y multas de cuatro millones de euros para cada acusado por tráfico de drogas de notoria importancia y pertenencia a grupo criminal. Uno de ellos afronta otros dos años por tenencia de arma prohibida.. La investigación de la Policía Nacional describe una organización jerarquizada, dirigida presuntamente por Juan Carlos I. R., con sus hijos Ernesto y Juan Antonio como colaboradores de confianza. Otros integrantes se encargaban de contactar con proveedores gallegos, transportar los cargamentos y facilitar viviendas y vehículos para las operaciones.. Asturias y Galicia figuraban entre los destinos habituales de los desplazamientos de la red. Los investigadores documentaron viajes rápidos durante la madrugada hacia territorio asturiano y Galicia, utilizando convoyes de vehículos de alta gama. Algunos coches actuaban como ‘lanzaderas’ para detectar controles policiales, mientras otros transportaban cocaína escondida en dobles fondos.. Así, otro de los acusados puso a disposición del grupo su propio domicilio en una urbanización de la localidad de Trigueros del Valle como punto de reunión diario, centro logístico y estacionamiento de la flota automovilística de la organización.. La explotación de la operación policial tuvo lugar 1 de mayo de 2025 a la altura del Estadio José Zorrilla de Valladolid, donde se interceptó un vehículo conducido por uno de los acusados en el que se encontraron más de 54 kilogramos de cocaína. Además, en otro coche abandonado por la banda en en Corcos se hallaron otros dos paquetes de cocaína con un peso de dos kilos. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo registros en Trigueros del Valle, donde se encontraron visores nocturnos, envasadoras al vacío, balanzas de precisión, sustancias de corte, y en una vivienda de Alaejos se halló cannabis y una pistola.

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También argumentan que el auto de incoación de diligencias previas es nulo por ser una continuidad de la ‘Operación Silken’ y por investigarse a los acusados dos veces por los mismos hechos

 

La Audiencia Provincial de Valladolid ha acogido este lunes el inicio del juicio contra los ocho acusados en la ‘Operación Churruca’, investigación policial que se saldó con la incautación de 59 kilos de cocaína valorada en casi seis millones y para los que la Fiscalía solicita un conjunto de condenas que suman 86 años de cárcel.. Un proceso que ha comenzado con las defensas solicitando la nulidad del mismo por falsedades en la instrucción del que fuera jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, el inspector Luis Fernández, en prisión desde diciembre del 2025, tras una investigación de Asuntos Internos en la que se le acusó de quedarse con parte de los alijos incautados en esta operación.. Los abogados defensores acusaron a Luis Fernández, que declarará mañana como testigo desde de la cárcel de Topas (Salamanca) de haber falsificado un informe de vigilancia sobre los acusados, en el que se detalle que el 14 de noviembre de 2024 fueron localizados en el peaje de La Magdalena (AP-66) en un supuesto viaje a Asturias en busca de droga. Según explicaron, tanto la empresaria concesionaria de la autopista, como desde el propio Ministerio de Transportes, se ha confirmado que ese día este peaje se encontraba cerrado como consecuencia de un desprendimiento de piedras sobre la vía que obligó a desviar el tráfico, informa Ical.. A su vez, los letrados argumentaron que esa investigación fue clave en el proceso judicial, ya que sirvió a la jueza de instrucción para autorizar escuchas telefónicas sobre los ahora acusados.. Precisamente, la defensa también planteó que la cadena de custodia se rompió, dado que la cantidad de droga incautada y analizada no coincide entre los declarado por el inspector en una rueda de prensa en la que se informó del desarrollo de la operación, con la que figura en la investigación y con la que se ha analizado por los laboratorios.. En el turno de cuestiones previas, toda la defensa también reclamó la nulidad de todo el proceso por las irregularidades en la incoación de diligencias previas, ya que el oficio de la Policía Nacional en el que se basa la investigación judicial es una continuación de la ‘Operación Silken’, por acusados en común. En este sentido, uno de los abogados sostuvo que es ilegal investigar a una misma persona dos veces por los mismo delitos y remarcó que las operaciones ‘Silken’ y ‘Churruca’ son lo mismo.. Además, también denunciaron los abogados la vulneración del derecho de defensa, ya que la propia Policía Nacional dirigió el oficio al Juzgado de Instrucción número, que estaba investigado la ‘Operación Silken’, en el que pide que se abran diligencias previas, cuando lo lógico hubiera sido remitirlo al Juzgado de Guardia.. Penas. El Ministerio Público pide diez años y medio de prisión y multas de cuatro millones de euros para cada acusado por tráfico de drogas de notoria importancia y pertenencia a grupo criminal. Uno de ellos afronta otros dos años por tenencia de arma prohibida.. La investigación de la Policía Nacional describe una organización jerarquizada, dirigida presuntamente por Juan Carlos I. R., con sus hijos Ernesto y Juan Antonio como colaboradores de confianza. Otros integrantes se encargaban de contactar con proveedores gallegos, transportar los cargamentos y facilitar viviendas y vehículos para las operaciones.. Asturias y Galicia figuraban entre los destinos habituales de los desplazamientos de la red. Los investigadores documentaron viajes rápidos durante la madrugada hacia territorio asturiano y Galicia, utilizando convoyes de vehículos de alta gama. Algunos coches actuaban como ‘lanzaderas’ para detectar controles policiales, mientras otros transportaban cocaína escondida en dobles fondos.. Así, otro de los acusados puso a disposición del grupo su propio domicilio en una urbanización de la localidad de Trigueros del Valle como punto de reunión diario, centro logístico y estacionamiento de la flota automovilística de la organización.. La explotación de la operación policial tuvo lugar 1 de mayo de 2025 a la altura del Estadio José Zorrilla de Valladolid, donde se interceptó un vehículo conducido por uno de los acusados en el que se encontraron más de 54 kilogramos de cocaína. Además, en otro coche abandonado por la banda en en Corcos se hallaron otros dos paquetes de cocaína con un peso de dos kilos. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo registros en Trigueros del Valle, donde se encontraron visores nocturnos, envasadoras al vacío, balanzas de precisión, sustancias de corte, y en una vivienda de Alaejos se halló cannabis y una pistola.

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