No existe duda alguna sobre la capacidad que tiene España para pagar sus pensiones. No estamos ante un escenario de quiebra inminente ni de jubilados desprovistos de sus prestaciones el próximo mes ni lustro. Los mensajes de que el sistema está quebrado solo tienen sentido si analizamos a este desde los ojos de la ignorancia. Insisto, el problema no es este. El problema, en realidad, es de coste de oportunidad. La pregunta que debemos hacer no es si podemos pagar las pensiones, sino qué estamos dejando de hacer al concentrar recursos crecientes en este capítulo del gasto.. Seguir leyendo
O moderamos la generosidad del sistema para las pensiones elevadas o renunciamos a invertir en el futuro que esas mismas pensiones generosas dicen proteger
No existe duda alguna sobre la capacidad que tiene España para pagar sus pensiones. No estamos ante un escenario de quiebra inminente ni de jubilados desprovistos de sus prestaciones el próximo mes ni lustro. Los mensajes de que el sistema está quebrado solo tienen sentido si analizamos a este desde los ojos de la ignorancia. Insisto, el problema no es este. El problema, en realidad, es de coste de oportunidad. La pregunta que debemos hacer no es si podemos pagar las pensiones, sino qué estamos dejando de hacer al concentrar recursos crecientes en este capítulo del gasto.. El sistema público de pensiones español se diseñó para una pirámide poblacional con base ancha de trabajadores y vértice estrecho de jubilados. La lógica del reparto fluía con facilidad ya que suficientes cotizantes financiaban a pocos pensionistas que, además, fallecían relativamente pronto tras superar unos pocos años la edad de jubilación. Hoy esa arquitectura se ha invertido. Cuatro décadas de natalidad colapsada y de longevidad creciente han dado la vuelta a la pirámide: una base estrecha de cotizantes sostiene una cúspide voluminosa de perceptores que viven décadas tras jubilarse. El problema es que este desajuste es irreversible a corto plazo. Lo sabemos porque quienes se jubilarán en dos décadas ya nacieron hace otras tantas. Tampoco cabe esperar un repunte de natalidad significativo en el horizonte relevante. Enfrentamos, por lo tanto, un problema demográfico estructural que ningún crecimiento excepcional o ajuste marginal puede resolver.. Pero seguro que esto ya se lo han contado mil veces. De lo que quiero hablar en lo que resta de columna es de otro problema, que se superpone y amplifica el demográfico y que sí responde a decisiones políticas afectando al mencionado coste de oportunidad, elevando lo coste del sistema: la generosidad con la que calculamos las prestaciones.. Cuando un actuario habla de generosidad no se refiere al nivel absoluto de las pensiones, sino a la relación entre lo que el sistema devuelve y lo que cada persona aportó durante su vida laboral. Y es que lamentablemente el argumento “yo lo coticé y tengo derecho a mi pensión” se debilita al extremo cuando ese derecho no tiene correspondencia con lo apartado por voluminoso. No, si calculáramos nuestras pensiones de forma equilibrada a nuestras aportaciones nunca recibiríamos tal cantidad. Si una pensión española fuera un activo financiero difícilmente encontraríamos competidor en el mundo que mejorase su rentabilidad.. Cono ya expliqué en su momento, en términos técnicos, un sistema es actuarialmente equilibrado cuando la rentabilidad implícita de las cotizaciones converge con el crecimiento de la economía. Si un trabajador obtiene de sus aportaciones un rendimiento superior al crecimiento del producto interior bruto, a largo plazo alguien está asumiendo la diferencia. En un sistema de pensiones de reparto, ese “alguien” son los cotizantes futuros o el contribuyente general a través de transferencias del Estado.. El sistema español ofrece una rentabilidad de las cotizaciones que duplica, aproximadamente, el crecimiento potencial de la economía. Esto significa que cada generación de jubilados recibe prestaciones cuyo valor supera en un margen considerable lo que aportó, ajustado por el tiempo y el propio crecimiento; desequilibrio que afecta por igual a todas las pensiones; aunque podemos asumir que el desequilibrio actuarial en las pensiones mínimas, aquellas que protegen trayectorias laborales precarias o incompletas, caerían dentro de una decisión redistributiva que cualquier sociedad podría preservar.. Así pues, un jubilado que ha cotizado durante su carrera recibirá una prestación vitalicia cuyo valor presente supera en más de un 60% sus aportaciones capitalizadas. Esta brecha es consecuencia en buena parte del aumento de la esperanza de vida: cuanto más tiempo se disfruta la pensión, mayor es el subsidio implícito que el sistema concede. Pero en otra por decisiones políticas. Y aquí se produce la confluencia perversa Justo cuando la demografía hace más costoso el sistema, la generosidad de su diseño multiplica ese coste para las prestaciones más altas.. La combinación de una pirámide invertida y un sistema actuarialmente desequilibrado -especialmente en su tramo superior- genera una dinámica insostenible en términos de coste de oportunidad. Mantener este modelo implica dedicar una porción creciente de la riqueza nacional a transferencias de renta hacia un colectivo que, en su segmento alto, no las necesita en términos de subsistencia.. Así pues, nos enfrentamos a una elección política diferible pero ineludible. O moderamos la generosidad del sistema para las pensiones elevadas o renunciamos a invertir en el futuro que esas mismas pensiones generosas dicen proteger.. Manuel Hidalgo es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y economista de EsadeEcPol
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