El pasado lunes, el pleno municipal del Ayuntamiento de Martorell aprobó una variación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Uso de la Vía Pública por la que, a partir de ahora, estará prohibido llenar botellas, garrafas o cualquier recipiente que posibilite el almacenaje de agua procedente de fuentes públicas de todo ese municipio.. Este hecho, aparte de haber sido concebido como algo polémico que vulnera los derechos por colectivos sociales y haber sido también rechazado al completo por partidos de izquierdas, será castigado con sanciones en caso de su incumplimiento. Desde el Consistorio, se ha visto con buenos ojos establecer unas multas valoradas entre los 100 y los 750 euros.. Entre 100 y 750 euros por llenar garrafas y entre 751 y 1.500 euros por «zonas no habilitadas». Este no fue el único tema que se trató durante la reunión de ese lunes por la noche. Por otro lado, ahora colgar carteles y pancartas donde se redacte «zonas no habilitadas», ya sea en paredes, farolas o paradas de bus, también conllevará a penalizaciones económicas, aunque superiores a las anteriormente mencionadas; desde 751 a 1.500 euros.. Ambos cambios han sido autorizados por el gobierno municipal de Martorell (Barcelona), el cual está conformado por Junts y PSC, aunque es el partido de Carles Puigdemont el que prácticamente controla ese territorio al completo debido a su gran mayoría: hay 21 concejales y 16 de ellos son de la organización independentista catalana.. «El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental». Alianza por el Acceso al Agua ha sido la principal organización que ha expresado su malestar ante una modificación que consideran que «castiga a las personas más humildes». De hecho, ya están recogiendo firmas. Según esta plataforma, el Ayuntamiento lleva semanas manteniendo cerradas las fuentes públicas y, en el momento en el que recibieron la noticia de las nuevas prohibiciones, «fue un paso más allá» por parte del gobierno municipal.. «El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental», lamentan a la vez que manifiestan que esta situación es «profundamente injusta». Además, no protestó tan solo este colectivo, ya que grupos como Papers per a tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord o la CNT-AIT Martorell mostraron su descontento protestando en la plaza de la Vila a la vez que se votaba por la consagración de las multas.. «La intención es captar el voto de odio». «La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa por hacer uso de ellas es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha les gane terreno en las próximas elecciones municipales», ha apuntado la plataforma. En este sentido, han exigido la reapertura inminente de las fuentes y la eliminación de esta nueva medida.
La plataforma Alianza por el Acceso al Agua ha expresado su descontento diciendo que es una situación «profundamente injusta»
El pasado lunes, el pleno municipal del Ayuntamiento de Martorell aprobó una variación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Uso de la Vía Pública por la que, a partir de ahora, estará prohibido llenar botellas, garrafas o cualquier recipiente que posibilite el almacenaje de agua procedente de fuentes públicas de todo ese municipio.. Este hecho, aparte de haber sido concebido como algo polémico que vulnera los derechos por colectivos sociales y haber sido también rechazado al completo por partidos de izquierdas, será castigado con sanciones en caso de su incumplimiento. Desde el Consistorio, se ha visto con buenos ojos establecer unas multas valoradas entre los 100 y los 750 euros.. Entre 100 y 750 euros por llenar garrafas y entre 751 y 1.500 euros por «zonas no habilitadas». Este no fue el único tema que se trató durante la reunión de ese lunes por la noche. Por otro lado, ahora colgar carteles y pancartas donde se redacte «zonas no habilitadas», ya sea en paredes, farolas o paradas de bus, también conllevará a penalizaciones económicas, aunque superiores a las anteriormente mencionadas; desde 751 a 1.500 euros.. Ambos cambios han sido autorizados por el gobierno municipal de Martorell (Barcelona), el cual está conformado por Junts y PSC, aunque es el partido de Carles Puigdemont el que prácticamente controla ese territorio al completo debido a su gran mayoría: hay 21 concejales y 16 de ellos son de la organización independentista catalana.. «El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental». Alianza por el Acceso al Agua ha sido la principal organización que ha expresado su malestar ante una modificación que consideran que «castiga a las personas más humildes». De hecho, ya están recogiendo firmas. Según esta plataforma, el Ayuntamiento lleva semanas manteniendo cerradas las fuentes públicas y, en el momento en el que recibieron la noticia de las nuevas prohibiciones, «fue un paso más allá» por parte del gobierno municipal.. «El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental», lamentan a la vez que manifiestan que esta situación es «profundamente injusta». Además, no protestó tan solo este colectivo, ya que grupos como Papers per a tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord o la CNT-AIT Martorell mostraron su descontento protestando en la plaza de la Vila a la vez que se votaba por la consagración de las multas.. «La intención es captar el voto de odio». «La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa por hacer uso de ellas es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha les gane terreno en las próximas elecciones municipales», ha apuntado la plataforma. En este sentido, han exigido la reapertura inminente de las fuentes y la eliminación de esta nueva medida.
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