La candidata socialista, María Jesús Montero, afronta la campaña electoral del 17M con dos citas judiciales pendientes. Una de ellas le afecta directamente, puesto que un juzgado de Madrid la ha citado a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias. Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le «imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género», según explicó su abogado. Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.. A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero «volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de ‘Alvise’ Pérez», el eurodiputado, «en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año».. Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.. Otro procedimiento le afecta tangencialmente. El juez del «caso Avales» ha reactivado la causa abierta por las ayudas concedidas por la Junta a la empresa sevillana Pickman S. A. en 2005, cuando ella pertenecía al Gobierno andaluz de Chaves.
La candidata socialista tiene previsto un acto de conciliación y el juez ha reactivado el «caso Avales»
La candidata socialista, María Jesús Montero, afronta la campaña electoral del 17M con dos citas judiciales pendientes. Una de ellas le afecta directamente, puesto que un juzgado de Madrid la ha citado a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias. Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le «imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género», según explicó su abogado. Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.. A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero «volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de ‘Alvise’ Pérez», el eurodiputado, «en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año».. Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.. Otro procedimiento le afecta tangencialmente. El juez del «caso Avales» ha reactivado la causa abierta por las ayudas concedidas por la Junta a la empresa sevillana Pickman S. A. en 2005, cuando ella pertenecía al Gobierno andaluz de Chaves.
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