La población de Melilla lleva años conviviendo con una sanidad cada vez más abandonada y profundamente desigual debido a la falta estructural de médicos. Esto ha llevado a los ciudadanos a tener que asumir las consecuencias de un sistema infradotado que, en ocasiones, no llega a tiempo, o a tener que depender de derivaciones constantes a la península para recibir atención especializada. El último movimiento del Ministerio de Sanidad, único organismo responsable de la planificación, contratación y dotación de recursos humanos y materiales a la sanidad de Ceuta y de Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ha sido optar por un modelo basado en la externalización de servicios, derivando cada vez más prestaciones a centros privados. Profesionales sanitarios y ciudadanos definen este movimiento como una «privatización por abandono».. Uno de los primeros servicios que se externalizó fue el de salud mental. A finales del pasado año, también se habían puesto en manos de empresas privadas la radioterapia, las pruebas urgentes, o los informes radiológicos. Así, en Ceuta, por ejemplo, las familias con menores con autismo o TDAH llevan casi un año siendo derivadas a clínicas privadas ante la desaparición efectiva del Servicio de Psiquiatría. En Melilla, los pacientes oncológicos deben cruzar cuatro controles policiales cada día para recibir radioterapia en Algeciras. Y las muestras para obtener diagnósticos urgentes se envían a empresas privadas en Madrid por la imposibilidad de cubrir las guardias de Radiología.. Uno de los servicios que se sacó también a licitación fue la asistencia a pacientes en la especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil y Psiquiatría para Adultos del Área Sanitaria de Ceuta. El anuncio se hacía público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de diciembre. Externalizaciones recientes también han sido las pruebas PET-TAC y el servicio de Teleictus.. El último escándalo ha sido la adjudicación de dos contratos por un importe total superior a los 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. En concreto, el primer contrato asciende a 86.156,16 euros y contempla la atención de interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El segundo, dotado con 18.806,54 euros, cubre los abortos practicados a partir de esa semana 14. El acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, hasta febrero de 2028.. Esta subcontratación obliga a las mujeres a desplazarse en avión hasta Málaga para poder ejercer su derecho a abortar, por lo que implica un impacto añadido para las mujeres afectadas. Este impacto se traduce en carga emocional, incertidumbre y dificultades logísticas. Pero también se exponen a posibles retrasos en los plazos, la necesidad de reorganizar su vida laboral y familiar, y la falta de acompañamiento cercano durante el proceso. En la práctica, esta situación genera desigualdades respecto a otras mujeres en España, que sí pueden acceder a esta prestación en su entorno.. Según el último estudio de percepción ciudadana realizado por Ipsos, las listas de espera y la falta de recursos asistenciales se han convertido en una barrera infranqueable que obliga a casi la mitad de los residentes de Ceuta y Melilla a desplazarse a la Península para recibir tratamiento médico, con el consiguiente impacto emocional y económico que esto conlleva. Las principales trabas comienzan desde el primer contacto con el sistema, ya que obtener una cita médica supone un reto para el 65% de los ceutíes y el 79% de los melillenses. A esta dificultad se suman problemas como los cambios frecuentes de médico asignado (44% y 49%, respectivamente) y la dificultad para comunicarse con el personal sanitario (44% y 45%).. El tiempo de espera para recibir atención especializada es especialmente crítico, con casi la mitad de los usuarios calificándolo como «totalmente inadecuado» (47% en Ceuta y 42% en Melilla), lo que convierte este servicio en prácticamente inaccesible para muchos pacientes. Las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas también registran niveles importantes de insatisfacción: 37% y 26% en Ceuta, y 40% y 24% en Melilla, respectivamente.. Los profesionales sanitarios entienden estas adjudicaciones de contratos como una prueba más de la incapacidad del Ministerio de garantizar la práctica de abortos en hospitales públicos de Melilla. Y añaden que la externalización de forma sistemática a empresas privadas «es una dinámica que no responde a una estrategia planificada, sino a un parcheo continuo fruto de la incapacidad del Ingesa para cubrir plantillas básicas. Y esto conduce a que infraestructuras públicas queden inutilizadas mientras crece la dependencia de proveedores externos».. Mientras crece la dependencia de proveedores externos, las infraestructuras públicas quedan inutilizadas. «Hay quirófanos cerrados, servicios sin cobertura y especialidades que desaparecen», lamentaba en diciembre Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.. De la misma opinión es Isabel Moreno, senadora del Partido Popular por Melilla. «La situación sanitaria en Melilla es precaria. Nuestra ciudad sigue sin una unidad de ictus. Junto con Ceuta, somos los únicos territorios de toda España que no disponen de estas unidades. Tampoco disponemos de pediatras en la Atención Primaria pese a ser el territorio con la mayor natalidad de todo el país. Y, por si fuera poco, los melillenses dependemos en muchas ocasiones de evacuaciones médicas a Andalucía para abordar cardiopatías, urgencias y patologías graves», subraya.. Según la portavoz del Partido Popular, esta situación es «consecuencia de un abandono negligente y una hipocresía que resulta insoportable» por parte de la responsable del Ministerio de Sanidad. «La misma ministra que estigmatiza la sanidad privada en su discurso público, la utiliza de forma estructural cuando tiene que gestionar. La misma ministra que decía defender la sanidad pública ha dejado huérfanas a Ceuta y a Melilla. Y no estamos cuestionando la colaboración público-privada, sino retratando el cinismo de la ministra Mónica García», sostiene.. Zona de difícil cobertura sanitaria. Tanto para ella como para los profesionales sanitarios, la solución pasa por afrontar de manera efectiva la declaración de Melilla como zona de difícil cobertura, una medida aprobada hace tres años pero que, en la práctica, no se ha traducido en acciones reales. La falta de incentivos económicos atractivos, mejoras en las condiciones laborales, facilidades para la conciliación o medidas específicas para la fidelización de profesionales ha impedido revertir el déficit crónico de médicos.. «El problema, al final, no es externalizar, sino abandonar la sanidad pública sin reforzarla, sin dotarla de los recursos necesarios, sin ofrecer alternativas reales. El resultado es evidente. Tenemos a médicos exhaustos, guardias interminables y las peor pagadas del país, la conciliación en jaque… Y los pacientes son víctimas de todas estas carencias», comenta Moreno. Y señala que es urgente tomar medidas sobre «la falta de especialistas, la ausencia de unidades críticas y el colapso estructural del sistema».
El último movimiento del Ministerio de Sanidad ha sido la adjudicación de contratos por valor superior a 100.000 euros para derivar a mujeres melillenses a una clínica privada en Málaga para interrumpir su embarazo.
La población de Melilla lleva años conviviendo con una sanidad cada vez más abandonada y profundamente desigual debido a la falta estructural de médicos. Esto ha llevado a los ciudadanos a tener que asumir las consecuencias de un sistema infradotado que, en ocasiones, no llega a tiempo, o a tener que depender de derivaciones constantes a la península para recibir atención especializada. El último movimiento del Ministerio de Sanidad, único organismo responsable de la planificación, contratación y dotación de recursos humanos y materiales a la sanidad de Ceuta y de Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ha sido optar por un modelo basado en la externalización de servicios, derivando cada vez más prestaciones a centros privados. Profesionales sanitarios y ciudadanos definen este movimiento como una «privatización por abandono».. Uno de los primeros servicios que se externalizó fue el de salud mental. A finales del pasado año, también se habían puesto en manos de empresas privadas la radioterapia, las pruebas urgentes, o los informes radiológicos. Así, en Ceuta, por ejemplo, las familias con menores con autismo o TDAH llevan casi un año siendo derivadas a clínicas privadas ante la desaparición efectiva del Servicio de Psiquiatría. En Melilla, los pacientes oncológicos deben cruzar cuatro controles policiales cada día para recibir radioterapia en Algeciras. Y las muestras para obtener diagnósticos urgentes se envían a empresas privadas en Madrid por la imposibilidad de cubrir las guardias de Radiología.. Uno de los servicios que se sacó también a licitación fue la asistencia a pacientes en la especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil y Psiquiatría para Adultos del Área Sanitaria de Ceuta. El anuncio se hacía público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de diciembre. Externalizaciones recientes también han sido las pruebas PET-TAC y el servicio de Teleictus.. El último escándalo ha sido la adjudicación de dos contratos por un importe total superior a los 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. En concreto, el primer contrato asciende a 86.156,16 euros y contempla la atención de interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El segundo, dotado con 18.806,54 euros, cubre los abortos practicados a partir de esa semana 14. El acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, hasta febrero de 2028.. Esta subcontratación obliga a las mujeres a desplazarse en avión hasta Málaga para poder ejercer su derecho a abortar, por lo que implica un impacto añadido para las mujeres afectadas. Este impacto se traduce en carga emocional, incertidumbre y dificultades logísticas. Pero también se exponen a posibles retrasos en los plazos, la necesidad de reorganizar su vida laboral y familiar, y la falta de acompañamiento cercano durante el proceso. En la práctica, esta situación genera desigualdades respecto a otras mujeres en España, que sí pueden acceder a esta prestación en su entorno.. Según el último estudio de percepción ciudadana realizado por Ipsos, las listas de espera y la falta de recursos asistenciales se han convertido en una barrera infranqueable que obliga a casi la mitad de los residentes de Ceuta y Melilla a desplazarse a la Península para recibir tratamiento médico, con el consiguiente impacto emocional y económico que esto conlleva. Las principales trabas comienzan desde el primer contacto con el sistema, ya que obtener una cita médica supone un reto para el 65% de los ceutíes y el 79% de los melillenses. A esta dificultad se suman problemas como los cambios frecuentes de médico asignado (44% y 49%, respectivamente) y la dificultad para comunicarse con el personal sanitario (44% y 45%).. El tiempo de espera para recibir atención especializada es especialmente crítico, con casi la mitad de los usuarios calificándolo como «totalmente inadecuado» (47% en Ceuta y 42% en Melilla), lo que convierte este servicio en prácticamente inaccesible para muchos pacientes. Las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas también registran niveles importantes de insatisfacción: 37% y 26% en Ceuta, y 40% y 24% en Melilla, respectivamente.. Los profesionales sanitarios entienden estas adjudicaciones de contratos como una prueba más de la incapacidad del Ministerio de garantizar la práctica de abortos en hospitales públicos de Melilla. Y añaden que la externalización de forma sistemática a empresas privadas «es una dinámica que no responde a una estrategia planificada, sino a un parcheo continuo fruto de la incapacidad del Ingesa para cubrir plantillas básicas. Y esto conduce a que infraestructuras públicas queden inutilizadas mientras crece la dependencia de proveedores externos».. Mientras crece la dependencia de proveedores externos, las infraestructuras públicas quedan inutilizadas. «Hay quirófanos cerrados, servicios sin cobertura y especialidades que desaparecen», lamentaba en diciembre Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.. De la misma opinión es Isabel Moreno, senadora del Partido Popular por Melilla. «La situación sanitaria en Melilla es precaria. Nuestra ciudad sigue sin una unidad de ictus. Junto con Ceuta, somos los únicos territorios de toda España que no disponen de estas unidades. Tampoco disponemos de pediatras en la Atención Primaria pese a ser el territorio con la mayor natalidad de todo el país. Y, por si fuera poco, los melillenses dependemos en muchas ocasiones de evacuaciones médicas a Andalucía para abordar cardiopatías, urgencias y patologías graves», subraya.. Según la portavoz del Partido Popular, esta situación es «consecuencia de un abandono negligente y una hipocresía que resulta insoportable» por parte de la responsable del Ministerio de Sanidad. «La misma ministra que estigmatiza la sanidad privada en su discurso público, la utiliza de forma estructural cuando tiene que gestionar. La misma ministra que decía defender la sanidad pública ha dejado huérfanas a Ceuta y a Melilla. Y no estamos cuestionando la colaboración público-privada, sino retratando el cinismo de la ministra Mónica García», sostiene.. Tanto para ella como para los profesionales sanitarios, la solución pasa por afrontar de manera efectiva la declaración de Melilla como zona de difícil cobertura, una medida aprobada hace tres años pero que, en la práctica, no se ha traducido en acciones reales. La falta de incentivos económicos atractivos, mejoras en las condiciones laborales, facilidades para la conciliación o medidas específicas para la fidelización de profesionales ha impedido revertir el déficit crónico de médicos.. «El problema, al final, no es externalizar, sino abandonar la sanidad pública sin reforzarla, sin dotarla de los recursos necesarios, sin ofrecer alternativas reales. El resultado es evidente. Tenemos a médicos exhaustos, guardias interminables y las peor pagadas del país, la conciliación en jaque… Y los pacientes son víctimas de todas estas carencias», comenta Moreno. Y señala que es urgente tomar medidas sobre «la falta de especialistas, la ausencia de unidades críticas y el colapso estructural del sistema».
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