El Gobierno melillense ha desmentido la acusación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que este martes dijo que había asumido los programas poblacionales de cribados de cáncer en la ciudad autónoma por la «inacción» de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública. En una nota, este departamento aseguró que «los cribados poblacionales son competencia del Ingesa, según el Real Decreto 1030/2006″. El anexo 1 de este real decreto establece que estos programas «forman parte de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud». «Por tanto, corresponde al Ingesa, y no a la ciudad autónoma, realizar las pruebas y prestar la atención sanitaria derivada de los resultados, ya que tiene las competencias asistenciales», aclaró el departamento que dirige Randa Mohamed.
El Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, aludió a la misma normativa para echar balones fuera ante la evidencia, hecha pública por LA RAZÓN, de que los y las melillenses estuvieron dos años sin poder acceder a programas de detección precoz del cáncer de mama,útero y colon. Por ello, la Consejería de Melilla acusó a Mónica García de «desconocimiento e incompetencia» por asegurar que esos programas son «competencia exclusiva» de las comunidades y ciudades autónomas.
«Desidia y pasividad»
Al Ingesa, por su parte, le instó a que «respete y acate la ley» y a que deje de «mentir a la población» asegurando que «está llevando a cabo los cribados de cáncer por inacción del Ejecutivo local», cuando lo que está haciendo es «cumplir con sus competencias y con su obligación». «Una vez más, ha evidenciado su desidia, falta de compromiso y pasividad hacia la ciudad porque ha tardado más de un año en dar su visto bueno al acuerdo, a pesar de las reiteradas peticiones y exigencias de la ciudad autónoma, que considera la demora injustificable y prueba de una dejación absoluta de funciones», destacó la Consejería.
Tal y como explicó a este periódico la senadora del PP por Melilla, Isabel Moreno, «en febrero de 2023 terminó la vigencia del convenio de colaboración entre el Ingesa y la Consejería de Sanidad de Melilla para la realización de los cribados de cáncer de mama, útero y colon a través de una empresa externa». «La Consejería reclamó a Sanidad que se firmara uno nuevo durante más de un año, dado que sin eso no se pueden externalizar los cribados. No se volvieron a poner en marcha hasta enero de este año».
«Es su competencia»
El tema trascendió hasta el Congreso de los diputados, donde ayer, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, denunció la situación durante la sesión de control al Gobierno. «Es su competencia», reprochó la diputada a Mónica García, a quien también criticó por las condiciones laborales que se ofrecen a los profesionales sanitarios en Melilla. «Desde hace dos años les van haciendo contratos mes a mes a los oftalmólogos», afirmó.
Además, Fúnez destacó que «este tipo de condiciones» son las que García quiere aprobar en el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. «Ha conseguido que, por primera vez en la historia –ningún otro ministro lo había conseguido– se convoquen tres huelgas nacionales en seis meses», señaló.
No es la primera vez que Melilla (y Ceuta) se convierten en la «piedra en el zapato» tanto de la ministra de Sanidad como del Gobierno. La agónica situación de la asistencia sanitaria en las dos ciudades autónomas le valió a Pedro Sánchez, hace un año, un tirón de orejas de la Unión Europea por ser «la peor de toda España y una de las peores de Europa». Ambas tienen la menor tasa de médicos por habitante de España, con una de las plantillas más envejecidas (el 45% supera los 60 años).
Estas condiciones hicieron que las dos ciudades fueran declaradas «áreas de difícil cobertura médica» en el BOE en 2022. Desde entonces, la situación no ha ido a mejor.
En marzo de 2023, los médicos de Ceuta y Melilla iniciaron la que ya se conoce como la huelga con mayor duración de la historia de España, que se prolongó hasta bien entrado 2024. Sin embargo, la ministra llegó a asegurar, en una comparecencia en el Senado en septiembre de hace una año, que «las condiciones laborales y retributivas de los médicos de Ceuta y Melilla no son equiparables a las de la península: son mejores», afirmando que eran «las más altas de España».
En las páginas de este periódoco se han denunciado situaciones como la carencia de servicios esenciales en el único hospital de Ceuta (UCI pediátrica, neurocirugía o radioterapia) o la apertura del nuevo Hospital de Melilla sin los medios necesarios para poder funcionar.
Sanidad y el Gobierno de Melilla se culpan de que los cribados de cáncer estuvieran paralizados 2 años. El PP denuncia la inacción de la ministra y pide explicaciones
El Gobierno melillense ha desmentido la acusación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que este martes dijo que había asumido los programas poblacionales de cribados de cáncer en la ciudad autónoma por la «inacción» de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública. En una nota, este departamento aseguró que «los cribados poblacionales son competencia del Ingesa, según el Real Decreto 1030/2006″. El anexo 1 de este real decreto establece que estos programas «forman parte de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud». «Por tanto, corresponde al Ingesa, y no a la ciudad autónoma, realizar las pruebas y prestar la atención sanitaria derivada de los resultados, ya que tiene las competencias asistenciales», aclaró el departamento que dirige Randa Mohamed.
El Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, aludió a la misma normativa para echar balones fuera ante la evidencia, hecha pública por LA RAZÓN, de que los y las melillenses estuvieron dos años sin poder acceder a programas de detección precoz del cáncer de mama,útero y colon. Por ello, la Consejería de Melilla acusó a Mónica García de «desconocimiento e incompetencia» por asegurar que esos programas son «competencia exclusiva» de las comunidades y ciudades autónomas.
«Desidia y pasividad»
Al Ingesa, por su parte, le instó a que «respete y acate la ley» y a que deje de «mentir a la población» asegurando que «está llevando a cabo los cribados de cáncer por inacción del Ejecutivo local», cuando lo que está haciendo es «cumplir con sus competencias y con su obligación». «Una vez más, ha evidenciado su desidia, falta de compromiso y pasividad hacia la ciudad porque ha tardado más de un año en dar su visto bueno al acuerdo, a pesar de las reiteradas peticiones y exigencias de la ciudad autónoma, que considera la demora injustificable y prueba de una dejación absoluta de funciones», destacó la Consejería.
Tal y como explicó a este periódico la senadora del PP por Melilla, Isabel Moreno, «en febrero de 2023 terminó la vigencia del convenio de colaboración entre el Ingesa y la Consejería de Sanidad de Melilla para la realización de los cribados de cáncer de mama, útero y colon a través de una empresa externa». «La Consejería reclamó a Sanidad que se firmara uno nuevo durante más de un año, dado que sin eso no se pueden externalizar los cribados. No se volvieron a poner en marcha hasta enero de este año».
«Es su competencia»
El tema trascendió hasta el Congreso de los diputados, donde ayer, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, denunció la situación durante la sesión de control al Gobierno. «Es su competencia», reprochó la diputada a Mónica García, a quien también criticó por las condiciones laborales que se ofrecen a los profesionales sanitarios en Melilla. «Desde hace dos años les van haciendo contratos mes a mes a los oftalmólogos», afirmó.
Además, Fúnez destacó que «este tipo de condiciones» son las que García quiere aprobar en el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. «Ha conseguido que, por primera vez en la historia –ningún otro ministro lo había conseguido– se convoquen tres huelgas nacionales en seis meses», señaló.
No es la primera vez que Melilla (y Ceuta) se convierten en la «piedra en el zapato» tanto de la ministra de Sanidad como del Gobierno. La agónica situación de la asistencia sanitaria en las dos ciudades autónomas le valió a Pedro Sánchez, hace un año, un tirón de orejas de la Unión Europea por ser «la peor de toda España y una de las peores de Europa». Ambas tienen la menor tasa de médicos por habitante de España, con una de las plantillas más envejecidas (el 45% supera los 60 años).
Estas condiciones hicieron que las dos ciudades fueran declaradas «áreas de difícil cobertura médica» en el BOE en 2022. Desde entonces, la situación no ha ido a mejor.
En marzo de 2023, los médicos de Ceuta y Melilla iniciaron la que ya se conoce como la huelga con mayor duración de la historia de España, que se prolongó hasta bien entrado 2024. Sin embargo, la ministra llegó a asegurar, en una comparecencia en el Senado en septiembre de hace una año, que «las condiciones laborales y retributivas de los médicos de Ceuta y Melilla no son equiparables a las de la península: son mejores», afirmando que eran «las más altas de España».
En las páginas de este periódoco se han denunciado situaciones como la carencia de servicios esenciales en el único hospital de Ceuta (UCI pediátrica, neurocirugía o radioterapia) o la apertura del nuevo Hospital de Melilla sin los medios necesarios para poder funcionar.
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