Las almazaras cordobesas tendrán que almacenar una parte de su producción sin poder comercializarla hasta septiembre de 2027. La medida aprobada por el Ministerio de Agricultura obliga a retirar temporalmente el 12% del aceite declarado desde noviembre. Su objetivo es reducir la oferta disponible para sostener los precios, aunque también obligará a las cooperativas a reservar espacio en sus instalaciones y asumir los gastos de almacenamiento sin ingresar el dinero que habría generado la venta de ese producto.. La resolución, publicada en el BOE el pasado 6 de noviembre, establece que cada almazara deberá mantener almacenado el 12% de su producción declarada mensualmente. La obligación se calcula sobre el volumen acumulado desde noviembre de 2026 y se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2027. El aceite declarado en octubre, primer mes de la campaña, queda excluido. Córdoba afronta el ejercicio con una previsión de 339.700 toneladas, un 37,6% más que en la campaña anterior. Sin embargo, ese aforo no permite calcular cuánto aceite tendrá que inmovilizar la provincia, ya que la retirada solo afecta a la producción declarada desde noviembre. En el conjunto de España, el Ministerio estima que la medida supondrá almacenar unas 188.000 toneladas, sobre una previsión nacional de 1.602.596 toneladas.. Las almazaras deberán comprobar si tienen depósitos suficientes para guardar el aceite que no podrán vender. La normativa permite recurrir tanto a instalaciones propias como ajenas, por lo que las entidades sin capacidad libre tendrán que buscar espacio externo y asumir el coste.. La medida también afecta a la tesorería. Las cooperativas seguirán pagando los gastos de molturación, personal, energía y mantenimiento, además de atender sus compromisos con los socios. Sin embargo, no podrán contar con los ingresos que habría generado la venta del aceite inmovilizado.. El impacto dependerá de la capacidad de almacenamiento de cada entidad y de su sistema de anticipos y liquidaciones a los agricultores. Las cooperativas que adelanten dinero a sus socios tendrán que sostener esos pagos sin disponer de los ingresos de una parte de su producción, lo que puede aumentar sus necesidades de financiación.. La resolución no obliga a retrasar las liquidaciones ni modifica el calendario de pagos a los olivareros. Aun así, las entidades con menos recursos o depósitos disponibles pueden verse obligadas a recurrir a financiación externa para afrontar la campaña.. Las denominaciones de origen cordobesas consideran que la retirada puede ayudar a contener la caída de los precios, aunque reclaman medidas adicionales. El presidente de la DOP Baena, Javier Alcalá de la Moneda, cree que el 12% puede quedarse corto para provocar un cambio significativo en las cotizaciones. Recuerda que desde el sector cooperativo se había planteado elevar la retirada hasta el 20%, lo que supondría entre 250.000 y 300.000 toneladas en España.. Alcalá de la Moneda también advierte que el aceite almacenado volverá al mercado al finalizar la obligación y podría presionar de nuevo los precios si la siguiente cosecha alcanza niveles medios. Además, reclama controlar las importaciones, especialmente las procedentes de Marruecos y Túnez. El presidente de la DOP Aceite de Lucena, Francisco de Mora, considera que la inmovilización puede frenar la caída de las cotizaciones, pero advierte de que no resolverá por sí sola los problemas del sector. Reclama más promoción del aceite de oliva virgen extra y vigilancia sobre las importaciones, tanto comunitarias como extracomunitarias.. ASAJA Córdoba también respalda el mecanismo. Su presidente, Fernando Adell, pide controlar la entrada de aceite extranjero para evitar que neutralice el efecto de la retirada y advierte de las dificultades del olivar tradicional y de secano, cuyas explotaciones tienen menos margen para absorber los costes de producción.. El aceite de oliva virgen extra se pagaba en las almazaras cordobesas a una media de 3,20 euros por kilo durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. El virgen cotizaba a 2,90 euros y el lampante, a 2,80.. El precio del virgen extra era cerca de un 23% inferior al de la misma semana de 2025, cuando rondaba los 4,15 euros por kilo. Los últimos datos disponibles para el conjunto de Andalucía mantienen esa tendencia: entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, la cotización media bajó de 3,09 a 3,03 euros por kilo. Esta referencia regional no permite establecer el precio concreto en Córdoba para ese último periodo. La medida tendrá que demostrar claramente si consigue recuperar las cotizaciones y evita que la reincorporación del aceite almacenado, prevista para octubre de 2027, vuelva a presionar los precios. Hasta entonces, las almazaras tendrán que asumir el coste de mantener parte de su producción fuera del mercado.
El sector cordobés cree que el 12% puede quedarse corto para provocar un cambio significativo en las cotizaciones
Las almazaras cordobesas tendrán que almacenar una parte de su producción sin poder comercializarla hasta septiembre de 2027. La medida aprobada por el Ministerio de Agricultura obliga a retirar temporalmente el 12% del aceite declarado desde noviembre. Su objetivo es reducir la oferta disponible para sostener los precios, aunque también obligará a las cooperativas a reservar espacio en sus instalaciones y asumir los gastos de almacenamiento sin ingresar el dinero que habría generado la venta de ese producto.. La resolución, publicada en el BOE el pasado 6 de noviembre, establece que cada almazara deberá mantener almacenado el 12% de su producción declarada mensualmente. La obligación se calcula sobre el volumen acumulado desde noviembre de 2026 y se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2027. El aceite declarado en octubre, primer mes de la campaña, queda excluido. Córdoba afronta el ejercicio con una previsión de 339.700 toneladas, un 37,6% más que en la campaña anterior. Sin embargo, ese aforo no permite calcular cuánto aceite tendrá que inmovilizar la provincia, ya que la retirada solo afecta a la producción declarada desde noviembre. En el conjunto de España, el Ministerio estima que la medida supondrá almacenar unas 188.000 toneladas, sobre una previsión nacional de 1.602.596 toneladas.. Las almazaras deberán comprobar si tienen depósitos suficientes para guardar el aceite que no podrán vender. La normativa permite recurrir tanto a instalaciones propias como ajenas, por lo que las entidades sin capacidad libre tendrán que buscar espacio externo y asumir el coste.. La medida también afecta a la tesorería. Las cooperativas seguirán pagando los gastos de molturación, personal, energía y mantenimiento, además de atender sus compromisos con los socios. Sin embargo, no podrán contar con los ingresos que habría generado la venta del aceite inmovilizado.. El impacto dependerá de la capacidad de almacenamiento de cada entidad y de su sistema de anticipos y liquidaciones a los agricultores. Las cooperativas que adelanten dinero a sus socios tendrán que sostener esos pagos sin disponer de los ingresos de una parte de su producción, lo que puede aumentar sus necesidades de financiación.. La resolución no obliga a retrasar las liquidaciones ni modifica el calendario de pagos a los olivareros. Aun así, las entidades con menos recursos o depósitos disponibles pueden verse obligadas a recurrir a financiación externa para afrontar la campaña.. Las denominaciones de origen cordobesas consideran que la retirada puede ayudar a contener la caída de los precios, aunque reclaman medidas adicionales. El presidente de la DOP Baena, Javier Alcalá de la Moneda, cree que el 12% puede quedarse corto para provocar un cambio significativo en las cotizaciones. Recuerda que desde el sector cooperativo se había planteado elevar la retirada hasta el 20%, lo que supondría entre 250.000 y 300.000 toneladas en España.. Alcalá de la Moneda también advierte que el aceite almacenado volverá al mercado al finalizar la obligación y podría presionar de nuevo los precios si la siguiente cosecha alcanza niveles medios. Además, reclama controlar las importaciones, especialmente las procedentes de Marruecos y Túnez. El presidente de la DOP Aceite de Lucena, Francisco de Mora, considera que la inmovilización puede frenar la caída de las cotizaciones, pero advierte de que no resolverá por sí sola los problemas del sector. Reclama más promoción del aceite de oliva virgen extra y vigilancia sobre las importaciones, tanto comunitarias como extracomunitarias.. ASAJA Córdoba también respalda el mecanismo. Su presidente, Fernando Adell, pide controlar la entrada de aceite extranjero para evitar que neutralice el efecto de la retirada y advierte de las dificultades del olivar tradicional y de secano, cuyas explotaciones tienen menos margen para absorber los costes de producción.. El aceite de oliva virgen extra se pagaba en las almazaras cordobesas a una media de 3,20 euros por kilo durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. El virgen cotizaba a 2,90 euros y el lampante, a 2,80.. El precio del virgen extra era cerca de un 23% inferior al de la misma semana de 2025, cuando rondaba los 4,15 euros por kilo. Los últimos datos disponibles para el conjunto de Andalucía mantienen esa tendencia: entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, la cotización media bajó de 3,09 a 3,03 euros por kilo. Esta referencia regional no permite establecer el precio concreto en Córdoba para ese último periodo. La medida tendrá que demostrar claramente si consigue recuperar las cotizaciones y evita que la reincorporación del aceite almacenado, prevista para octubre de 2027, vuelva a presionar los precios. Hasta entonces, las almazaras tendrán que asumir el coste de mantener parte de su producción fuera del mercado.
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