El sector pesquero vive jornadas de fuerte incertidumbre tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las nuevas obligaciones incluidas en el Reglamento de Control de la Pesca, una normativa comunitaria que ha prendido un foco de tensión no solo en Sanlúcar, sino en buena parte de los puertos de Andalucía.. Desde los puertos gaditanos hasta las lonjas del norte y hasta otras zonas pesqueras de España, «la aplicación, según las flotas, resulta técnica y operativamente inasumible», coinciden armadores y pescadores, que han protagonizado paralizaciones y amarre de embarcaciones en protesta.. En Cádiz, Huelva y Málaga se han registrado barcos amarrados como reclamo de una modificación de la norma europea que obliga, entre otras cosas, a registrar telemáticamente todas las capturas y avisar de la entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación.. El malestar no es exclusivo de la provincia. En puertos tan alejados como Vigo también se ha expresado un fuerte rechazo a la misma normativa por considerarla «inasumible» para la flota de bajura, que opera a corta distancia del muelle y con capturas modestas que resultan difíciles de cuantificar minuto a minuto.. La protesta ha tenido ecos incluso en puertos fronterizos como Ayamonte o Isla Cristina, donde la flota también ha permanecido amarrada como medida de protesta contra el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que el sector considera inasumible por su elevada carga burocrática e impacto directo sobre la viabilidad de la pesca artesanal y de bajura.. En una rueda de prensa celebrada en el Puerto Pesquero de Bonanza, el secretario general técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, José Carlos Macías, explicó que la protesta es «una parada de protesta por el reglamento y por la hartura que tiene la gente de tanto control». Un pescador decía a este periódico que «por cada 100 gramos de fallo la multa es de 3.000 euros, eso es una ruina».. Más allá de la faz estructural, la nueva regulación europea incorpora exigencias que, para las flotas de pesca artesanal y de bajura, implican una carga administrativa desproporcionada para embarcaciones pequeñas –con poco espacio y sin personal auxiliar– donde la prioridad es la seguridad y la correcta manipulación del pescado.. Las críticas se extienden tanto a las notificaciones de entrada a puerto como al registro de capturas desde el denominado «kilo cero», un cambio radical respecto del sistema anterior, que no obliga a declarar hasta alcanzar 50 kilos.. Desde Huelva, el presidente de los armadores ha asegurado que la flota seguirá trabajando «en las mismas condiciones que estábamos antes» y que, de momento, el nuevo reglamento no se aplicará en la práctica, subrayando que la norma europea se ha diseñado «a nivel global, para todos los países y para toda la flota», sin tener en cuenta las singularidades de las distintas zonas.. Este sentimiento de marginación y dificultad técnica se agrava si se tiene en cuenta que España negoció recientemente con Bruselas cuestiones como los días de faena permitidos en el Mediterráneo, alcanzando un acuerdo que permitirá faenar 143 días en 2026, frente a propuestas iniciales mucho más restrictivas.. Macías también señaló que la vuelta al mar es una decisión provisional, pendiente de las señales que lleguen desde el Ministerio. Según explicó, «nos están llegando mensajes por parte del Ministerio de que en este tiempo de transición hasta el 22, pues de alguna manera nos van a dejar trabajar».. Más allá del conflicto actual, la pesca forma parte del entramado económico y social de la provincia de Cádiz, donde puertos y actividades vinculadas a la economía azul –desde la pesca hasta el transporte marítimo– muestran tendencias de crecimiento pese a las turbulencias del sector. La presión del nuevo reglamento de la UE podría convertirse en un punto de inflexión para un sector que ya enfrenta desafíos como la sostenibilidad de recursos, la modernización tecnológica y la adaptación a nuevas formas de control digital, incluidas las aplicaciones móviles para la pesca recreativa, que también han generado debate social y técnico en la provincia y en Andalucía en general.. Mientras tanto, los pescadores de Cádiz y del resto del litoral andaluz aguardan, unidos en inquietud, el desenlace de las negociaciones del próximo jueves día 22, con la mirada puesta en un futuro que combine sostenibilidad, viabilidad económica del sector y el sentido común que dicen que falta en la elaboración de este nuevo reglamento.. Multas excesivas. Como medida de presión, muchas embarcaciones decidieron paralizar su actividad, aunque tras dos días de paro ya son muchas las que han anunciado que van a salir de nuevo a faenar a la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión prevista para el jueves 22 de enero entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Esto se vivió especialmente en Sanlúcar, donde la flota decidió retomar provisionalmente la actividad tras una moratoria de sanciones comunicada por el Ministerio de Luis Planas.
Armadores y pescadores alertan de la complejidad de las nuevas obligaciones y esperan decisiones del Ministerio para cambiar esta normativa
El sector pesquero vive jornadas de fuerte incertidumbre tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las nuevas obligaciones incluidas en el Reglamento de Control de la Pesca, una normativa comunitaria que ha prendido un foco de tensión no solo en Sanlúcar, sino en buena parte de los puertos de Andalucía.. Desde los puertos gaditanos hasta las lonjas del norte y hasta otras zonas pesqueras de España, «la aplicación, según las flotas, resulta técnica y operativamente inasumible», coinciden armadores y pescadores, que han protagonizado paralizaciones y amarre de embarcaciones en protesta.. En Cádiz, Huelva y Málaga se han registrado barcos amarrados como reclamo de una modificación de la norma europea que obliga, entre otras cosas, a registrar telemáticamente todas las capturas y avisar de la entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación.. El malestar no es exclusivo de la provincia. En puertos tan alejados como Vigo también se ha expresado un fuerte rechazo a la misma normativa por considerarla «inasumible» para la flota de bajura, que opera a corta distancia del muelle y con capturas modestas que resultan difíciles de cuantificar minuto a minuto.. La protesta ha tenido ecos incluso en puertos fronterizos como Ayamonte o Isla Cristina, donde la flota también ha permanecido amarrada como medida de protesta contra el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que el sector considera inasumible por su elevada carga burocrática e impacto directo sobre la viabilidad de la pesca artesanal y de bajura.. En una rueda de prensa celebrada en el Puerto Pesquero de Bonanza, el secretario general técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, José Carlos Macías, explicó que la protesta es «una parada de protesta por el reglamento y por la hartura que tiene la gente de tanto control». Un pescador decía a este periódico que «por cada 100 gramos de fallo la multa es de 3.000 euros, eso es una ruina».. Más allá de la faz estructural, la nueva regulación europea incorpora exigencias que, para las flotas de pesca artesanal y de bajura, implican una carga administrativa desproporcionada para embarcaciones pequeñas –con poco espacio y sin personal auxiliar– donde la prioridad es la seguridad y la correcta manipulación del pescado.. Las críticas se extienden tanto a las notificaciones de entrada a puerto como al registro de capturas desde el denominado «kilo cero», un cambio radical respecto del sistema anterior, que no obliga a declarar hasta alcanzar 50 kilos.. Desde Huelva, el presidente de los armadores ha asegurado que la flota seguirá trabajando «en las mismas condiciones que estábamos antes» y que, de momento, el nuevo reglamento no se aplicará en la práctica, subrayando que la norma europea se ha diseñado «a nivel global, para todos los países y para toda la flota», sin tener en cuenta las singularidades de las distintas zonas.. Este sentimiento de marginación y dificultad técnica se agrava si se tiene en cuenta que España negoció recientemente con Bruselas cuestiones como los días de faena permitidos en el Mediterráneo, alcanzando un acuerdo que permitirá faenar 143 días en 2026, frente a propuestas iniciales mucho más restrictivas.. Macías también señaló que la vuelta al mar es una decisión provisional, pendiente de las señales que lleguen desde el Ministerio. Según explicó, «nos están llegando mensajes por parte del Ministerio de que en este tiempo de transición hasta el 22, pues de alguna manera nos van a dejar trabajar».. Más allá del conflicto actual, la pesca forma parte del entramado económico y social de la provincia de Cádiz, donde puertos y actividades vinculadas a la economía azul –desde la pesca hasta el transporte marítimo– muestran tendencias de crecimiento pese a las turbulencias del sector. La presión del nuevo reglamento de la UE podría convertirse en un punto de inflexión para un sector que ya enfrenta desafíos como la sostenibilidad de recursos, la modernización tecnológica y la adaptación a nuevas formas de control digital, incluidas las aplicaciones móviles para la pesca recreativa, que también han generado debate social y técnico en la provincia y en Andalucía en general.. Mientras tanto, los pescadores de Cádiz y del resto del litoral andaluz aguardan, unidos en inquietud, el desenlace de las negociaciones del próximo jueves día 22, con la mirada puesta en un futuro que combine sostenibilidad, viabilidad económica del sector y el sentido común que dicen que falta en la elaboración de este nuevo reglamento.. Multas excesivas. Como medida de presión, muchas embarcaciones decidieron paralizar su actividad, aunque tras dos días de paro ya son muchas las que han anunciado que van a salir de nuevo a faenar a la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión prevista para el jueves 22 de enero entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Esto se vivió especialmente en Sanlúcar, donde la flota decidió retomar provisionalmente la actividad tras una moratoria de sanciones comunicada por el Ministerio de Luis Planas.
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