Los casos de corrupción que asolan al PSOE y los episodios de acoso protagonizados por dirigentes socialistas están poniendo en entredicho la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía, que acusa ya un desgaste notable sin que todavía estén convocados los comicios. No obstante, el calendario electoral avanza confirmándose ayer una nueva cita con las urnas: los aragoneses acudirán a votar el próximo 8 de febrero, una convocatoria que se suma a la de Extremadura el 21 de diciembre, la más cercana.. Las encuestas no acompañan a los socialistas, salvo el sondeo del CIS de Tezanos, por lo que el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, está arrastrando al abismo a sus líderes territoriales, incapaces se sobreponerse a tanto escándalo y con escasa conexión con la ciudadanía. Es el caso de Montero, cuya acumulación de cargos supone un lastre a la hora de competir electoralmente en la comunidad autónoma. De un lado, es vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, convirtiéndose en una de las colaboradoras más estrechas de Sánchez. De otro, es vicesecretaria general del PSOE, un cargo orgánico que compagina con el de secretaria general del PSOE-A y candidata socialista. Durante la semana desarrolla su labor en Madrid, acudiendo a las comparecencias parlamentarias que toquen, y dedica los fines de semana a enfundarse el traje de candidata en Andalucía, tanto en actos institucionales como en encuentros y mítines con la militancia. No tiene una dedicación plena a la política regional, lo que supone un hándicap de cara a pedir el voto a los andaluces.. El barro en el que está inmerso el partido tampoco juega a su favor. Ayer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en el Ministerio de Hacienda –entre otros departamentos ministeriales y organismos dependientes del Gobierno– para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la ex militante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Se trata de unas actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados el pasado miércoles la propia Díez; el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.. Precisamente, Fernández fue interventor general en la Junta de Andalucía cuando Montero era consejera de Hacienda y situado al frente de la SEPI por ella misma. Sin embargo, remarcó que no mantiene ninguna relación con él y que fue inmediatamente cesado. «No se puede tolerar que haya personas en los cargos públicos investigadas por la justicia e imputadas», señaló, no sin antes recordar que «Moreno Bonilla tiene de gerente del SAS y tiene altos cargos que han sido imputados en causas judiciales que se están estudiando sin pedirle ningún tipo de abandono del cargo, sin provocar su cese y sin pedirle responsabilidades».. Los casos de acoso también están golpeando a la formación, con dos socialistas andaluces en el punto de mira: el ex asesor de Moncloa Paco Salazar y el ex líder del PSOE en Torremolinos Antonio Navarro. Montero reconoció que «hay muchas cosas que mejorar» en el protocolo antiacoso puesto en marcha por el PSOE ante unos casos que «han sacudido de forma muy importante» al partido. Pero también puso de manifiesto que la formación, «de forma pionera, ha puesto en marcha instrumentos y protocolos para que las mujeres del partido tengan la capacidad de poder denunciar de forma anónima o de forma directa situaciones en las que se hayan sentido agraviadas, acosadas, vejadas o humilladas».. Ante esta situación, el PP andaluz pasa al ataque. El secretario general de la formación, Antonio Repullo, exigió «explicaciones y responsabilidades políticas» ante el registro de la UCO en su ministerio. Indicó que la detención del que fuera presidente de la SEPI demuestra que Montero «no es ninguna espectadora, sino que es cómplice y la máxima responsable de una trama marcada por la opacidad» y que recuerda al «peor pasado reciente».. «La detención de Vicente Fernández es clave, porque es el hombre al que ella, y solamente ella, puso al frente de una institución tan importante como la SEPI, porque ya habían trabajado codo con codo en la Junta cuando gobernaba el PSOE», señaló Repullo. Por ello, Montero «representa el peor pasado reciente del PSOE: los ERE, esa política mezquina que sólo piensa en sillones».
Los casos de corrupción del PSOE y los episodios de acoso lastran sus aspiraciones electorales en Andalucía
Los casos de corrupción que asolan al PSOE y los episodios de acoso protagonizados por dirigentes socialistas están poniendo en entredicho la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía, que acusa ya un desgaste notable sin que todavía estén convocados los comicios. No obstante, el calendario electoral avanza confirmándose ayer una nueva cita con las urnas: los aragoneses acudirán a votar el próximo 8 de febrero, una convocatoria que se suma a la de Extremadura el 21 de diciembre, la más cercana.. Las encuestas no acompañan a los socialistas, salvo el sondeo del CIS de Tezanos, por lo que el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, está arrastrando al abismo a sus líderes territoriales, incapaces se sobreponerse a tanto escándalo y con escasa conexión con la ciudadanía. Es el caso de Montero, cuya acumulación de cargos supone un lastre a la hora de competir electoralmente en la comunidad autónoma. De un lado, es vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, convirtiéndose en una de las colaboradoras más estrechas de Sánchez. De otro, es vicesecretaria general del PSOE, un cargo orgánico que compagina con el de secretaria general del PSOE-A y candidata socialista. Durante la semana desarrolla su labor en Madrid, acudiendo a las comparecencias parlamentarias que toquen, y dedica los fines de semana a enfundarse el traje de candidata en Andalucía, tanto en actos institucionales como en encuentros y mítines con la militancia. No tiene una dedicación plena a la política regional, lo que supone un hándicap de cara a pedir el voto a los andaluces.. El barro en el que está inmerso el partido tampoco juega a su favor. Ayer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en el Ministerio de Hacienda –entre otros departamentos ministeriales y organismos dependientes del Gobierno– para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la ex militante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Se trata de unas actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados el pasado miércoles la propia Díez; el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.. Precisamente, Fernández fue interventor general en la Junta de Andalucía cuando Montero era consejera de Hacienda y situado al frente de la SEPI por ella misma. Sin embargo, remarcó que no mantiene ninguna relación con él y que fue inmediatamente cesado. «No se puede tolerar que haya personas en los cargos públicos investigadas por la justicia e imputadas», señaló, no sin antes recordar que «Moreno Bonilla tiene de gerente del SAS y tiene altos cargos que han sido imputados en causas judiciales que se están estudiando sin pedirle ningún tipo de abandono del cargo, sin provocar su cese y sin pedirle responsabilidades».. Los casos de acoso también están golpeando a la formación, con dos socialistas andaluces en el punto de mira: el ex asesor de Moncloa Paco Salazar y el ex líder del PSOE en Torremolinos Antonio Navarro. Montero reconoció que «hay muchas cosas que mejorar» en el protocolo antiacoso puesto en marcha por el PSOE ante unos casos que «han sacudido de forma muy importante» al partido. Pero también puso de manifiesto que la formación, «de forma pionera, ha puesto en marcha instrumentos y protocolos para que las mujeres del partido tengan la capacidad de poder denunciar de forma anónima o de forma directa situaciones en las que se hayan sentido agraviadas, acosadas, vejadas o humilladas».. Ante esta situación, el PP andaluz pasa al ataque. El secretario general de la formación, Antonio Repullo, exigió «explicaciones y responsabilidades políticas» ante el registro de la UCO en su ministerio. Indicó que la detención del que fuera presidente de la SEPI demuestra que Montero «no es ninguna espectadora, sino que es cómplice y la máxima responsable de una trama marcada por la opacidad» y que recuerda al «peor pasado reciente».. «La detención de Vicente Fernández es clave, porque es el hombre al que ella, y solamente ella, puso al frente de una institución tan importante como la SEPI, porque ya habían trabajado codo con codo en la Junta cuando gobernaba el PSOE», señaló Repullo. Por ello, Montero «representa el peor pasado reciente del PSOE: los ERE, esa política mezquina que sólo piensa en sillones».
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