Transparencia para conocer de primera mano qué ha ocurrido, más medios humanos y materiales y asunción de responsabilidades. El Gobierno andaluz se está apoyando en estos tres pilares en la denominada crisis de los cribados de cáncer, un asunto que preocupa a la ciudadanía y sobre el que se están volcando recursos públicos y voluntad política. Precisamente, ayer se celebró un debate monográfico sobre la situación de la sanidad en Andalucía en el que el consejero del ramo, Antonio Sanz, tendió la mano a los partidos de la oposición y a los colegios profesionales para construir un nuevo sistema sanitario público. «La sanidad andaluza no puede ser campo de batalla electoralista; vamos a trabajar, porque en Andalucía, la vida de una persona vale más que cualquier ideología», señaló Sanz, además de remarcar que «entre una pancarta y un paciente, nosotros vamos a elegir al paciente, y entre un titular y una vida, vamos a elegir siempre la vida».
En este contexto, Sanz anunció una batería de 16 propuestas para mejorar el actual modelo. Entre otras medidas, anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de infraestructuras sanitarias, en el marco de una estrategia orientada a reforzar la capacidad asistencial y a incorporar tecnología de vanguardia. También el fortalecimiento de la atención primaria, la aprobación de un decreto que regule las zonas de difícil cobertura, un nuevo modelo de atención sociosanitaria en los centros residenciales y avances en los programas de trasplantes.
Esta sesión plenaria vino precedida de un nuevo anuncio de más profesionales sanitarios. En concreto, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Sanz adelantó la incorporación de 3.893 nuevos efectivos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los que se suman 478 residentes (MIR), haciendo un total de 4.371 plazas. De ellos, 1.200 serán médicos con el objetivo de «reforzar la asistencia sanitaria, ampliar la capacidad de los centros y consolidar nuevos servicios de máxima relevancia para la población».
La crisis de los cribados de cáncer llegó a su punto álgido hace dos semanas, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció la dimisión de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández. Moreno asumió en primera persona la gestión de la crisis ante las numerosas denuncias de afectadas, que protagonizaron una sonada protesta en la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla, movilizaciones que luego se repitieron en otras ciudades andaluzas.
También anunció Moreno que se depurarían más responsabilidades y así fue. Dimitió la coordinadora de la Unidad de Mama del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Raquel González, además del jefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell. La Junta puso el foco en este centro sanitario, donde se concentran la mayoría de los diagnósticos dudosos que no recibieron la correspondiente llamada del SAS para comunicar esta situación. Un hecho que generó alarma y preocupación entre las afectadas.
Ante la magnitud que iba cobrando el problema, el presidente nombró a su consejero más político, Antonio Sanz, como nuevo responsable de Sanidad. Dejaba claro así Moreno que este ámbito es una prioridad para su Ejecutivo, que su voluntad es aclarar lo ocurrido y que se pondrían en marcha todos los mecanismos necesarios para que las afectadas tuvieran sus correspondientes pruebas cuanto antes. Prueba de la implicación del presidente fue la reunión de coordinación que mantuvo, junto a Sanz, con los gerentes de los hospitales andaluces y los gerentes de los distritos sanitarios.
Junto al plano político, la inversión ha sido otra herramienta para abordar la crisis. Primero, todavía sin Sanz en el departamento, el Gobierno andaluz anunció que se reforzaría el programa de cáncer de mama con 12 millones de euros y la incorporación de 119 profesionales. El plan contempla actividad extraordinaria los sábados, domingos y festivos, además de continuidades asistenciales voluntarias por parte de los profesionales para realizar todas las pruebas pendientes hasta el 30 de noviembre. Luego, el propio Sanz anunció que este refuerzo se extendería al resto de programas de cribado de cáncer, el de colon y el de cuello de útero. La inversión asciende a casi cien millones de euros, con la incorporación de casi 700 profesionales.
Lo cierto es que este asunto está desgastando al Gobierno andaluz. El propio presidente ha reconocido que podría costarle la mayoría absoluta y así lo refleja la última encuesta del Centra, que otorga a los populares entre 54 y 56 escaños en el Parlamento. Este pronóstico supone la pérdida del 2,4% de los apoyos respecto a las elecciones de 2022. Además, la preocupación por la sanidad se ha duplicado en los últimos meses. En el mes de julio el 11,6% de los andaluces consideraba que era un problema que le afectaba de manera directa y ahora este porcentaje se ha elevado al 21,6%, casi el doble tres meses después.
Cabe recordar que el SAS es la empresa pública más grande de Europa con un presupuesto de más de 15.000 millones de euros, empleando a casi 130.000 profesionales. En cuanto al Presupuesto autonómico de 2026, Moreno anunció que ascenderá a 51.597 millones, de los cuales un tercio irá a la sanidad. Además, destacó que se incluirá la contratación de 4.731 nuevos profesionales sanitarios. Unos 1.200 de ellos serán médicos, incluyendo los profesionales en formación MIR.
El consejero de Sanidad ofrece «toneladas de diálogo» y anuncia nuevas medidas en materia de infraestructuras, plantilla y renovación tecnológica
Transparencia para conocer de primera mano qué ha ocurrido, más medios humanos y materiales y asunción de responsabilidades. El Gobierno andaluz se está apoyando en estos tres pilares en la denominada crisis de los cribados de cáncer, un asunto que preocupa a la ciudadanía y sobre el que se están volcando recursos públicos y voluntad política. Precisamente, ayer se celebró un debate monográfico sobre la situación de la sanidad en Andalucía en el que el consejero del ramo, Antonio Sanz, tendió la mano a los partidos de la oposición y a los colegios profesionales para construir un nuevo sistema sanitario público. «La sanidad andaluza no puede ser campo de batalla electoralista; vamos a trabajar, porque en Andalucía, la vida de una persona vale más que cualquier ideología», señaló Sanz, además de remarcar que «entre una pancarta y un paciente, nosotros vamos a elegir al paciente, y entre un titular y una vida, vamos a elegir siempre la vida».
En este contexto, Sanz anunció una batería de 16 propuestas para mejorar el actual modelo. Entre otras medidas, anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de infraestructuras sanitarias, en el marco de una estrategia orientada a reforzar la capacidad asistencial y a incorporar tecnología de vanguardia. También el fortalecimiento de la atención primaria, la aprobación de un decreto que regule las zonas de difícil cobertura, un nuevo modelo de atención sociosanitaria en los centros residenciales y avances en los programas de trasplantes.
Esta sesión plenaria vino precedida de un nuevo anuncio de más profesionales sanitarios. En concreto, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Sanz adelantó la incorporación de 3.893 nuevos efectivos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los que se suman 478 residentes (MIR), haciendo un total de 4.371 plazas. De ellos, 1.200 serán médicos con el objetivo de «reforzar la asistencia sanitaria, ampliar la capacidad de los centros y consolidar nuevos servicios de máxima relevancia para la población».
La crisis de los cribados de cáncer llegó a su punto álgido hace dos semanas, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció la dimisión de la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández. Moreno asumió en primera persona la gestión de la crisis ante las numerosas denuncias de afectadas, que protagonizaron una sonada protesta en la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla, movilizaciones que luego se repitieron en otras ciudades andaluzas.
También anunció Moreno que se depurarían más responsabilidades y así fue. Dimitió la coordinadora de la Unidad de Mama del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Raquel González, además del jefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell. La Junta puso el foco en este centro sanitario, donde se concentran la mayoría de los diagnósticos dudosos que no recibieron la correspondiente llamada del SAS para comunicar esta situación. Un hecho que generó alarma y preocupación entre las afectadas.
Ante la magnitud que iba cobrando el problema, el presidente nombró a su consejero más político, Antonio Sanz, como nuevo responsable de Sanidad. Dejaba claro así Moreno que este ámbito es una prioridad para su Ejecutivo, que su voluntad es aclarar lo ocurrido y que se pondrían en marcha todos los mecanismos necesarios para que las afectadas tuvieran sus correspondientes pruebas cuanto antes. Prueba de la implicación del presidente fue la reunión de coordinación que mantuvo, junto a Sanz, con los gerentes de los hospitales andaluces y los gerentes de los distritos sanitarios.
Junto al plano político, la inversión ha sido otra herramienta para abordar la crisis. Primero, todavía sin Sanz en el departamento, el Gobierno andaluz anunció que se reforzaría el programa de cáncer de mama con 12 millones de euros y la incorporación de 119 profesionales. El plan contempla actividad extraordinaria los sábados, domingos y festivos, además de continuidades asistenciales voluntarias por parte de los profesionales para realizar todas las pruebas pendientes hasta el 30 de noviembre. Luego, el propio Sanz anunció que este refuerzo se extendería al resto de programas de cribado de cáncer, el de colon y el de cuello de útero. La inversión asciende a casi cien millones de euros, con la incorporación de casi 700 profesionales.
Lo cierto es que este asunto está desgastando al Gobierno andaluz. El propio presidente ha reconocido que podría costarle la mayoría absoluta y así lo refleja la última encuesta del Centra, que otorga a los populares entre 54 y 56 escaños en el Parlamento. Este pronóstico supone la pérdida del 2,4% de los apoyos respecto a las elecciones de 2022. Además, la preocupación por la sanidad se ha duplicado en los últimos meses. En el mes de julio el 11,6% de los andaluces consideraba que era un problema que le afectaba de manera directa y ahora este porcentaje se ha elevado al 21,6%, casi el doble tres meses después.
Cabe recordar que el SAS es la empresa pública más grande de Europa con un presupuesto de más de 15.000 millones de euros, empleando a casi 130.000 profesionales. En cuanto al Presupuesto autonómico de 2026, Moreno anunció que ascenderá a 51.597 millones, de los cuales un tercio irá a la sanidad. Además, destacó que se incluirá la contratación de 4.731 nuevos profesionales sanitarios. Unos 1.200 de ellos serán médicos, incluyendo los profesionales en formación MIR.
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