Desde el 2016, la Subdelegación del Gobierno de Málaga distingue cada 6 de diciembre, en conmemoración a la fecha en la que se aprobó la Constitución, a distintas personalidades y colectivos de la provincia que luchan por la vigencia de los valores de nuestra Carta Magna. Son los llamados premios Caleta, de los que este año se cumple la VIII edición.. En esta ocasión, la subdelegación del Gobierno ha querido premiar a la ex ministra de Trabajo Magdalena Álvarez, que fue condenada en el año 2019 a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en el fraude de los ERE. Tras un largo periplo judicial, en junio de este mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) revocó parcialmente su condena y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que reduzca la condena que le fue impuesta. Según el TC, tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación demasiado extensiva del delito de prevaricación.. Ahora, y tan solo cinco meses después, la ex ministra socialista y ex consejera de la Junta de Andalucía durante el Gobierno de Chaves –al que el Constitucional, como a Griñán, también revocó la condena de prevaricación en los ERE–, va a ser reconocida con unos premios «que se inspiran en los valores superiores que establece la Constitución». Una decisión polémica y una «provocación» para el PP malagueño. Su secretario general, José Ramón Carmona, consideró que premiar a «alguien que técnicamente sigue sentada en el banquillo», es «un insulto a los andaluces».. Lo cierto es que desde que se conoció el fallo del Constitucional desde el PSOE activaron la maquinaria para modificar el relato y convertir al mayor caso de corrupción de la historia de España en un burdo «montaje político». Es más, antes de que se conociera el fallo, el presidente del Gobierno ya habló de «lawfare» en el caso de los ERE. El pasado 5 de junio, en pleno estallido del «caso Begoña», Pedro Sánchez se desplazó junto a su esposa a Benalmádena para participar en un mitin.Aún no se había hecho pública la resolución del Tribunal Constitucional, pero Sánchez buscó a Álvarez entre los asistentes para condenar que la exministra había sufrido «el vil ataque de la derecha durante muchos años».. Hay que recordar, no obstante, que el Constitucional ha tumbado la sentencia contra Magdalena Álvarez, pero solo parcialmente. El Constitucional, tras analizar las distintas modificaciones presupuestarias en las que participó la ex consejera andaluza, concluyó que «no resulta imprevisible ni contrario al derecho a la legalidad penal la condena por las realizadas los años 2000 y 2001, dado que se adoptaron con infracción de la normativa presupuestaria entonces vigente». Es decir, que en esos dos primeros años Álvarez sí pudo cometer prevaricación, según el Tribunal Constitucional, al incumplir en sus actos ejecutivos la ley de Presupuestos ya aprobada. Sí tumbó la condena impuesta a la exconsejera por haber participado en la aprobación de las modificaciones presupuestarias de la Junta de Andalucía realizadas en el ejercicio 2002.
El Gobierno premiará en Málaga a la ex ministra socialista por «encarnar» los valores de la Constitución Española
Desde el 2016, la Subdelegación del Gobierno de Málaga distingue cada 6 de diciembre, en conmemoración a la fecha en la que se aprobó la Constitución, a distintas personalidades y colectivos de la provincia que luchan por la vigencia de los valores de nuestra Carta Magna. Son los llamados premios Caleta, de los que este año se cumple la VIII edición.. En esta ocasión, la subdelegación del Gobierno ha querido premiar a la ex ministra de Trabajo Magdalena Álvarez, que fue condenada en el año 2019 a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en el fraude de los ERE. Tras un largo periplo judicial, en junio de este mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) revocó parcialmente su condena y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que reduzca la condena que le fue impuesta. Según el TC, tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación demasiado extensiva del delito de prevaricación.. Ahora, y tan solo cinco meses después, la ex ministra socialista y ex consejera de la Junta de Andalucía durante el Gobierno de Chaves –al que el Constitucional, como a Griñán, también revocó la condena de prevaricación en los ERE–, va a ser reconocida con unos premios «que se inspiran en los valores superiores que establece la Constitución». Una decisión polémica y una «provocación» para el PP malagueño. Su secretario general, José Ramón Carmona, consideró que premiar a «alguien que técnicamente sigue sentada en el banquillo», es «un insulto a los andaluces».. Lo cierto es que desde que se conoció el fallo del Constitucional desde el PSOE activaron la maquinaria para modificar el relato y convertir al mayor caso de corrupción de la historia de España en un burdo «montaje político». Es más, antes de que se conociera el fallo, el presidente del Gobierno ya habló de «lawfare» en el caso de los ERE. El pasado 5 de junio, en pleno estallido del «caso Begoña», Pedro Sánchez se desplazó junto a su esposa a Benalmádena para participar en un mitin.Aún no se había hecho pública la resolución del Tribunal Constitucional, pero Sánchez buscó a Álvarez entre los asistentes para condenar que la exministra había sufrido «el vil ataque de la derecha durante muchos años».. Hay que recordar, no obstante, que el Constitucional ha tumbado la sentencia contra Magdalena Álvarez, pero solo parcialmente. El Constitucional, tras analizar las distintas modificaciones presupuestarias en las que participó la ex consejera andaluza, concluyó que «no resulta imprevisible ni contrario al derecho a la legalidad penal la condena por las realizadas los años 2000 y 2001, dado que se adoptaron con infracción de la normativa presupuestaria entonces vigente». Es decir, que en esos dos primeros años Álvarez sí pudo cometer prevaricación, según el Tribunal Constitucional, al incumplir en sus actos ejecutivos la ley de Presupuestos ya aprobada. Sí tumbó la condena impuesta a la exconsejera por haber participado en la aprobación de las modificaciones presupuestarias de la Junta de Andalucía realizadas en el ejercicio 2002.
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