La reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), en fase de consulta pública previa, ha reabierto un debate de fondo en el Sistema Nacional de Salud: quién diagnostica, quién decide el tratamiento y quién asume la responsabilidad final cuando está en juego la vida de un paciente. En ese contexto, organizaciones médicas han elevado sus alegaciones para exigir que el anteproyecto no se convierta en una puerta trasera para «diluir» el acto médico ni para introducir cambios competenciales por motivos organizativos o económicos.. En ese contexto, la Organización Médica Colegial (OMC) ha trasladado a Sanidad su posición para reclamar que el anteproyecto no abra la puerta -según advierte- a «difuminar» el acto médico ni a introducir cambios competenciales por motivos organizativos o económicos. En la misma línea, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha presentado alegaciones para pedir un blindaje explícito del diagnóstico y el tratamiento.. Entre los argumentos que esgrimen la OMC y los profesionales que han participado en el proceso figura la advertencia de que una redacción ambigua puede generar inseguridad jurídica y, con ella, incertidumbre clínica. Los médicos recuerdan que llegar a ejercer en la sanidad pública exige un itinerario largo -entre 11 y 12 años de formación, sumando grado y especialización MIR- y miles de horas de práctica supervisada. Ese recorrido no sería un elemento «corporativo», sostienen, sino la base de una preparación específica para tomar decisiones complejas bajo presión, priorizar en situaciones críticas y responder legalmente por los resultados.. «No sirve dejar las decisiones en manos de protocolos». En sus alegaciones, los facultativos insisten en que diagnosticar, indicar un tratamiento o decidir procedimientos con riesgo no puede quedar reducido a una aplicación mecánica de protocolos. «No sirve dejar las decisiones en manos de protocolos», subrayan, al considerar que la Medicina requiere juicio clínico, interpretación de signos y síntomas, y capacidad para anticipar complicaciones. Por eso reclaman que la ley mantenga sin fisuras el principio de que quien decide sobre la salud de una persona debe contar con la máxima capacitación y con una responsabilidad jurídica clara y exigible.. El argumento central, recalcan, es la seguridad del paciente. Temen que, si se difuminan las fronteras de competencias, se rompa el criterio de «mismo nivel de formación, misma capacidad de decisión, misma responsabilidad».. Y añaden un segundo efecto: el económico. A su juicio, la experiencia internacional muestra que trasladar funciones médicas a otros perfiles no necesariamente mejora la eficiencia y puede incluso aumentar costes y complicaciones si se producen retrasos diagnósticos, derivaciones tardías o tratamientos inadecuados que terminan en ingresos evitables.. Los médicos remarcan que esta posición no busca enfrentar a colectivos dentro del hospital o del centro de salud. De hecho, reconocen el papel «imprescindible» de la enfermería en la atención directa, la administración de tratamientos y curas, la educación sanitaria o el acompañamiento del paciente. Pero precisamente por esa relevancia, advierten, el marco normativo debe definir con precisión qué funciones corresponden a cada perfil, sin solapamientos artificiales y sin atajos que trasladen responsabilidades clínicas sin el mismo respaldo formativo y legal.. Un oportunidad, con peros. También reclaman medidas de transparencia para que el ciudadano conozca en todo momento quién le atiende y quién asume la responsabilidad final, además de evitar cambios impulsados únicamente por criterios organizativos o de ahorro. A su juicio, la reforma de la LOPS es una oportunidad para reforzar la seguridad jurídica y asistencial, pero solo si protege el núcleo de la Medicina y el esfuerzo formativo que la sostiene.. La consulta pública abierta por Sanidad ha movilizado también a otros colectivos sanitarios y sindicatos, que piden cambios en la consideración legal de sus profesiones (Enfermería) o un mayor reconocimiento de sus competencias y un mejor desarrollo profesional dentro de la norma, en el caso de los técnicos sanitarios. Para los médicos, ese debate no debería resolverse a costa de rebajar el perímetro del acto clínico: la ley puede -y debe- actualizar funciones, mejorar la coordinación y reconocer trayectorias profesionales, pero sin confundir el trabajo en equipo con la sustitución de responsabilidades. «Cuidar a quienes cuidan es la mejor forma de cuidar a los pacientes», resumen, al reclamar un sistema que no ponga en riesgo su calidad por decisiones apresuradas.
Reclaman que la reforma de la LOPS preserve el diagnóstico y el tratamiento como sus competencias exclusivas y advierten de riesgos para la seguridad del paciente, de no hacerlo
La reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), en fase de consulta pública previa, ha reabierto un debate de fondo en el Sistema Nacional de Salud: quién diagnostica, quién decide el tratamiento y quién asume la responsabilidad final cuando está en juego la vida de un paciente. En ese contexto, organizaciones médicas han elevado sus alegaciones para exigir que el anteproyecto no se convierta en una puerta trasera para «diluir» el acto médico ni para introducir cambios competenciales por motivos organizativos o económicos.. En ese contexto, la Organización Médica Colegial (OMC) ha trasladado a Sanidad su posición para reclamar que el anteproyecto no abra la puerta -según advierte- a «difuminar» el acto médico ni a introducir cambios competenciales por motivos organizativos o económicos. En la misma línea, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha presentado alegaciones para pedir un blindaje explícito del diagnóstico y el tratamiento.. Entre los argumentos que esgrimen la OMC y los profesionales que han participado en el proceso figura la advertencia de que una redacción ambigua puede generar inseguridad jurídica y, con ella, incertidumbre clínica. Los médicos recuerdan que llegar a ejercer en la sanidad pública exige un itinerario largo -entre 11 y 12 años de formación, sumando grado y especialización MIR- y miles de horas de práctica supervisada. Ese recorrido no sería un elemento «corporativo», sostienen, sino la base de una preparación específica para tomar decisiones complejas bajo presión, priorizar en situaciones críticas y responder legalmente por los resultados.. «No sirve dejar las decisiones en manos de protocolos». En sus alegaciones, los facultativos insisten en que diagnosticar, indicar un tratamiento o decidir procedimientos con riesgo no puede quedar reducido a una aplicación mecánica de protocolos. «No sirve dejar las decisiones en manos de protocolos», subrayan, al considerar que la Medicina requiere juicio clínico, interpretación de signos y síntomas, y capacidad para anticipar complicaciones. Por eso reclaman que la ley mantenga sin fisuras el principio de que quien decide sobre la salud de una persona debe contar con la máxima capacitación y con una responsabilidad jurídica clara y exigible.. El argumento central, recalcan, es la seguridad del paciente. Temen que, si se difuminan las fronteras de competencias, se rompa el criterio de «mismo nivel de formación, misma capacidad de decisión, misma responsabilidad».. Y añaden un segundo efecto: el económico. A su juicio, la experiencia internacional muestra que trasladar funciones médicas a otros perfiles no necesariamente mejora la eficiencia y puede incluso aumentar costes y complicaciones si se producen retrasos diagnósticos, derivaciones tardías o tratamientos inadecuados que terminan en ingresos evitables.. Los médicos remarcan que esta posición no busca enfrentar a colectivos dentro del hospital o del centro de salud. De hecho, reconocen el papel «imprescindible» de la enfermería en la atención directa, la administración de tratamientos y curas, la educación sanitaria o el acompañamiento del paciente. Pero precisamente por esa relevancia, advierten, el marco normativo debe definir con precisión qué funciones corresponden a cada perfil, sin solapamientos artificiales y sin atajos que trasladen responsabilidades clínicas sin el mismo respaldo formativo y legal.. Un oportunidad, con peros. También reclaman medidas de transparencia para que el ciudadano conozca en todo momento quién le atiende y quién asume la responsabilidad final, además de evitar cambios impulsados únicamente por criterios organizativos o de ahorro. A su juicio, la reforma de la LOPS es una oportunidad para reforzar la seguridad jurídica y asistencial, pero solo si protege el núcleo de la Medicina y el esfuerzo formativo que la sostiene.. La consulta pública abierta por Sanidad ha movilizado también a otros colectivos sanitarios y sindicatos, que piden cambios en la consideración legal de sus profesiones (Enfermería) o un mayor reconocimiento de sus competencias y un mejor desarrollo profesional dentro de la norma, en el caso de los técnicos sanitarios. Para los médicos, ese debate no debería resolverse a costa de rebajar el perímetro del acto clínico: la ley puede -y debe- actualizar funciones, mejorar la coordinación y reconocer trayectorias profesionales, pero sin confundir el trabajo en equipo con la sustitución de responsabilidades. «Cuidar a quienes cuidan es la mejor forma de cuidar a los pacientes», resumen, al reclamar un sistema que no ponga en riesgo su calidad por decisiones apresuradas.
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