El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han firmado una orden que incluye un protocolo de coordinación para asegurar la continuidad de los cuidados de los menores infractores con trastornos mentales y problemas de adicción, especialmente cuando acaban las medidas que deben cumplir en los centros y recursos de Justicia Juvenil.. El protocolo, que se incorpora al Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (Pesma-A), «fortalece y garantiza la continuidad y el acompañamiento de los menores privados de libertad», tanto al entrar en un centro de Justicia Juvenil –donde existen plazas específicas en unidades terapéuticas–, como antes de su salida, con el objetivo de poder continuar la atención cuando concluyan las medidas dictadas por la autoridad judicial, según han informado desde el Gobierno andaluz este domingo en un comunicado.. En el caso de los menores con medidas no privativas de libertad consistentes en tratamiento ambulatorio por problemas de adicción o salud mental que realizan los equipos de los Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), el protocolo también facilita que continúen recibiendo atención en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando salen del sistema de Justicia Juvenil.. El documento, en el que vienen trabajando desde el año 2023 la Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones; el Servicio Andaluz de Salud, la Subdirección de Adicciones e Inclusión; el Programa de Salud Mental y la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, establece el nombramiento de referentes en los dispositivos asistenciales de las diferentes redes para facilitar la puesta en contacto, comunicación e intercambio de información respecto a los menores que entran en la red de Justicia Juvenil o terminan de cumplir las medidas dictadas por la autoridad judicial que deberán ser cumplidas en los centros de Justicia Juvenil.. El protocolo regula los contactos mínimos que deberán realizarse por parte de los profesionales de cada red implicados en la atención de un menor, así como los momentos en que se deben realizar estos contactos y el intercambio de información mediante informes o llamadas telefónicas.. Asimismo, el documento obliga a proporcionar citas en la red de salud mental o en la de adicciones en plazos acotados, «especialmente cuando se trata de menores muy vulnerables porque están afectados por trastornos mentales graves y salen de centros terapéuticos cerrados de los dispositivos de Justicia Juvenil».. Finalmente, facilita que los menores internados en centros accedan al tratamiento farmacológico a través de los referentes de atención primaria.. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que una de las premisas que han guiado este acuerdo ha sido «fortalecer los lazos de coordinación para optimizar los recursos; dar respuestas más ágiles y reducir la burocracia entre las consejerías».. Muestra de esto, según ha agregado, son este protocolo; el Plan de Prevención de la Conducta Suicida en los centros escolares firmado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que se va a «actualizar tras dos años de vigencia en los centros»; y la instrucción en los centros de Salud Mental y de Atención Primaria «ante posibles discrepancias en la atención de menores con los padres respecto a las tratamientos y visitas que reciben».. Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado la «importancia que tiene este protocolo para la intervención con los menores infractores y completar así su programa de reeducación».. Nieto ha sostenido que el sistema de Justicia Juvenil andaluz es un referente, y «con medidas como estas seguimos mejorando su calidad». En este sentido, ha valorado la puesta en marcha de medidas para «seguir avanzando y mejorando los recursos disponibles», como la puesta en marcha del Observatorio de Justicia Juvenil, «el primero de carácter público» en España y en Europa.. Con el objetivo de avanzar en la implantación del protocolo, se ha acordado actualizar este mismo año los listados de referentes de las distintas redes; mantener una reunión entre los profesionales de las diferentes redes; completar el mapa de reuniones provinciales, e incluir a Justicia Juvenil en la implantación de las medidas del Proyecto Europeo sobre el Sistema de Protección, Salud Mental y Bienestar Emocional.
El protocolo «fortalece y garantiza la continuidad y el acompañamiento de los menores privados de libertad»
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han firmado una orden que incluye un protocolo de coordinación para asegurar la continuidad de los cuidados de los menores infractores con trastornos mentales y problemas de adicción, especialmente cuando acaban las medidas que deben cumplir en los centros y recursos de Justicia Juvenil.. El protocolo, que se incorpora al Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (Pesma-A), «fortalece y garantiza la continuidad y el acompañamiento de los menores privados de libertad», tanto al entrar en un centro de Justicia Juvenil –donde existen plazas específicas en unidades terapéuticas–, como antes de su salida, con el objetivo de poder continuar la atención cuando concluyan las medidas dictadas por la autoridad judicial, según han informado desde el Gobierno andaluz este domingo en un comunicado.. En el caso de los menores con medidas no privativas de libertad consistentes en tratamiento ambulatorio por problemas de adicción o salud mental que realizan los equipos de los Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), el protocolo también facilita que continúen recibiendo atención en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando salen del sistema de Justicia Juvenil.. El documento, en el que vienen trabajando desde el año 2023 la Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones; el Servicio Andaluz de Salud, la Subdirección de Adicciones e Inclusión; el Programa de Salud Mental y la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, establece el nombramiento de referentes en los dispositivos asistenciales de las diferentes redes para facilitar la puesta en contacto, comunicación e intercambio de información respecto a los menores que entran en la red de Justicia Juvenil o terminan de cumplir las medidas dictadas por la autoridad judicial que deberán ser cumplidas en los centros de Justicia Juvenil.. El protocolo regula los contactos mínimos que deberán realizarse por parte de los profesionales de cada red implicados en la atención de un menor, así como los momentos en que se deben realizar estos contactos y el intercambio de información mediante informes o llamadas telefónicas.. Asimismo, el documento obliga a proporcionar citas en la red de salud mental o en la de adicciones en plazos acotados, «especialmente cuando se trata de menores muy vulnerables porque están afectados por trastornos mentales graves y salen de centros terapéuticos cerrados de los dispositivos de Justicia Juvenil».. Finalmente, facilita que los menores internados en centros accedan al tratamiento farmacológico a través de los referentes de atención primaria.. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que una de las premisas que han guiado este acuerdo ha sido «fortalecer los lazos de coordinación para optimizar los recursos; dar respuestas más ágiles y reducir la burocracia entre las consejerías».. Muestra de esto, según ha agregado, son este protocolo; el Plan de Prevención de la Conducta Suicida en los centros escolares firmado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que se va a «actualizar tras dos años de vigencia en los centros»; y la instrucción en los centros de Salud Mental y de Atención Primaria «ante posibles discrepancias en la atención de menores con los padres respecto a las tratamientos y visitas que reciben».. Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado la «importancia que tiene este protocolo para la intervención con los menores infractores y completar así su programa de reeducación».. Nieto ha sostenido que el sistema de Justicia Juvenil andaluz es un referente, y «con medidas como estas seguimos mejorando su calidad». En este sentido, ha valorado la puesta en marcha de medidas para «seguir avanzando y mejorando los recursos disponibles», como la puesta en marcha del Observatorio de Justicia Juvenil, «el primero de carácter público» en España y en Europa.. Con el objetivo de avanzar en la implantación del protocolo, se ha acordado actualizar este mismo año los listados de referentes de las distintas redes; mantener una reunión entre los profesionales de las diferentes redes; completar el mapa de reuniones provinciales, e incluir a Justicia Juvenil en la implantación de las medidas del Proyecto Europeo sobre el Sistema de Protección, Salud Mental y Bienestar Emocional.
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